Durante su campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió que terminaría con la corrupción y el acoso de los inspectores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a unos días de convertirse en Presidente de México, esta promesa podría convertirse en una realidad.
La bancada de Morena en el Senado de la República anunció que presentará la propuesta para instaurar el nuevo esquema de cobro de impuestos, basado en el principio de buena fe.
En un comunicado, la fracción morenista, encabezada por Ricardo Monreal, indicó que buscan fundar las bases y los instrumentos legales para renovar la confianza ciudadana hacia las instituciones públicas a través de una reforma a Ley de Fomento a la Confianza Ciudadana.
Dijo que quienes cumplan con la ley, recibirán beneficios y facilidades administrativas para que puedan ejercer de mejor manera sus actividades económicas y con menos trámites ante las autoridades.
La iniciativa de AMLO prevé que los dueños de establecimientos se registren ante la Secretaría de Economía y que cada uno de ellos, manifieste bajo protesta de decir la verdad, que conoce las leyes, los reglamentos y sus obligaciones, y comprometerse a actuar de manera responsable. También incluye la realización de un sorteo semestral para someter a uno por ciento de este padrón a revisión.
De acuerdo con el comunicado de la bancada de Morena, el Reporte de Competitividad del Foro Económico Mundial coloca a la corrupción como el principal inhibidor de la inversión en México y ubica al país en el lugar 127 de 137 países respecto al desvío de fondos públicos.
Por si fuera poco, en pagos irregulares, México ocupa el lugar 105; en confianza del público hacia sus políticos, el 127, y el 129 en cuanto a favoritismo en la toma de decisiones de los funcionarios públicos.
Morena indicó también que la corrupción tiene un costo muy grande para la sociedad y la economía: el Foro Económico de Competitividad lo estima en 2.0 por ciento del PIB; mientras el Banco de México, el Banco Mundial y Forbes, en 9.0 por ciento, y el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), en 10 por ciento.
La iniciativa de reforma contempla los siguientes aspectos:
- Restaurar la confianza ciudadana en las instituciones
- Disminuir los trámites y facilitar actividades económicas
- Eliminar la figura de inspector en las dependencias
- Crear un padrón único de dueños de negocios
- Revisión semestral a 1% del registro
- Compromiso de los propietarios a actuar de manera responsable
En octubre pasado, el presidente electo de México dijo que ahora el ciudadano tendrá que firmar un documento asegurando que “es consciente” de que debe actuar con rectitud y cumpliendo todos los requisitos de la ley.
“No va a haber mordidas arriba ni va a haber mordidas abajo. ¿Saben qué vamos a tomar como decisión? Ya se está analizando: ya no va a haber inspectores de calle. Esos inspectores de vía pública, porque todas las secretarías tienen inspectores: Economía, la Procuraduría del Consumidor, Salud… todo el que tiene una tienda, una pequeña empresa, le dicen ‘a ver tus papeles’. Nada. Va a recoger el moche”.
La nueva ley tendrá un artículo en el que se establecerá la suspensión de la vigilancia y la fiscalización a establecimientos mercantiles y de servicios.