Durante el gobierno del priísta, Enrique Peña Nieto, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), condonó millonarios adeudos fiscales a varias de las empresas más poderosas de México, pertenecientes a ocho de los integrantes de la exclusiva lista de multimillonarios de la revista Forbes:

  • Carlos Slim Helú
  • Ricardo Salinas Pliego
  • María Asunción Aramburuzabala
  • La familia Hank
  • Rufino Vigil González
  • Emilio Azcárraga Jean
  • Roberto Hernández Ramírez
  • David Peñalosa Alanís

Estos millonarios forman parte de los 2 mil 153 personajes que poseen más de mil millones de dólares en 2019. Al sumar las fortunas de todos, se suman en conjunto 88 mil 400 millones de dólares.

Sin importar sus importantes fortunas, el SAT perdonó créditos fiscales a sus empresas por mil 458 millones de pesos entre 2015 y 2018, según revelan los más de 320 mil registros de condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales otorgados en ese periodo, consultados por la Revista Proceso mediante el Portal de Obligaciones de Transparencia.

Los más favorecidos

Entre quienes se aprovecharon de este beneficio se encuentran algunas de las firmas más importantes de México, así como las contratistas que mayores contratos obtuvieron del gobierno peñanietista, como Grupo ICA, Grupo Carso, Pinfra, Grupo Modelo, Simec, Soriana, Vokswagen y BMW.

También instituciones bancarias, como Banorte e Interacciones, Banamex, HSBC y Santander, a quienes se perdonaron montos que alcanzas los miles de millones de pesos.

Y esto es sólo una primera parte de un “desfalco al erario mucho más amplio, añejo y opaco: las grandes empresas mexicanas se beneficiaron del programa de amnistía fiscal llamado Ponte al Corriente, lanzado por los legisladores en el arranque del gobierno de Peña Nieto en 2013”.

Edificio del SAT. Foto: Especial

En aquél entonces fueron únicamente 36 compañías las que dejaron de pagar más de 80 mil millones de pesos que adeudaban ante el SAT. Por su parte, 41 mil 363 más quedaron libres de pagar otros 80 mil millones de pesos.

Al respecto, Aristóteles Núñez -quien dirigió el SAT la mayor parte del sexenio de Peña-, publicó en 2017 en su columna para el diario “Excélsior” una crítica ante la amnistía implementada mediante la Ley de Ingresos.

Núñez explicó que “condonar impuestos es una expresión de complicidad y, al mismo tiempo, un acto de impunidad”. También dijo que esto “sirve para pagar favores, ayuda a la reconciliación de agravios y al restablecimiento de las relaciones de poder”.

Por su parte, 5 mil 414 personas y razones sociales que tenían 385 mil millones de pesos en el extranjero se vieron beneficiados con un programa de repatriación de capitales que decretó Peña Nieto en enero de 2017.

Dicho programa les permitió solventar su situación ante el SAT mediante el pago de solamente 20 mil 95 millones de pesos de Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con información que la Auditoría Superior de la Federación publicó en junio pasado.

Así, a través de casi 60 juicios de amparo interpuestos en febrero de 2017, la cúpula del sector empresarial impidió que fueran revelados los nombres de las empresas y las personas que se beneficiaron de los programas de amnistía, así como de las condonaciones previas a 2015, año en que entró en vigor la Ley General de Transparencia.

Según el diario Reforma, en dicha batalla jurídica participaron instituciones como:

  • HSBC, que recientemente reclutó al ex secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.
  • BBVA Bancomer
  • Banorte
  • Grupo Carso e Inbursa, de Carlos Slim
  • Grupo Nacional Provincial, de Alberto Baillères
  • Liverpool
  • Scotiabank
  • IBM de México
  • Consultoría PriceWaterhouseCoopers

Batalla legal

La organización Fundar, mediante solicitudes de información al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), así como litigios en tribunales, obligó al SAT a revelar los nombres de las personas y empresas que se beneficiaron con la condonación.

Así, en febrero de 2017 un juez ordenó al SAT que ampliara la información a los datos de los beneficiaros de los programas de amnistía fiscal y de cancelaciones previas a 2015.

Con esa decisión se encendieron las alarmas dentro del sector empresarial: “Cuando el SAT perdió la batalla jurídica, corporativos, bancos y otro tipo de empresas comenzaron a ampararse contra el INAI”, reveló Iván Benumea Gómez, abogado de Fundar.

Los empresarios señalaban que la divulgación de dicha información afectaría sus derechos, pero ese argumento no es válido, explicó el activista.

“Como se trata de beneficios fiscales, es una manera en que el gobierno les entrega recursos”, dijo Benumea, quien añadió que la autoridad transparenta los padrones de las personas que reciben becas o subsidios de programas sociales.

“En el caso de las condonaciones es un mecanismo similar: me debes algo, decido no cobrártelo; al final del día de estoy beneficiando económicamente y yo reduzco mi disponibilidad de recursos públicos”, indicó.

Ante eso, el activista insistió en que “debería haber un registro público, parecido a un contrato, que justifique el procedimiento que llevaron a cabo para cancelar o condonar una deuda”.

El abogado explicó que los programas de amnistía fiscal que implementaron los legisladores en las leyes de ingreso durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto fueron usados para obtener liquidez en el primer año de gobierno.

“Les perdonaron una parte de la deuda a las empresas, y el resto lo recuperó el gobierno. Es una proporción 80-20: 80 por ciento perdonado y 20 por ciento recuperado. Con ese 20 por ciento de los grandes contribuyentes, el gobierno inicia su primer año con más recursos. Es como una fuente de financiamiento”, dijo.