En los últimos 17 años, la mayoría de las compras del Gobierno de México se concentraron  en sólo 52 proveedores, quienes, por lo menos durante un sexenio, figuraron entre las diez empresas con más contratos, o bien, con mayores ingresos derivados de contratos gubernamentales.

Durante las gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el Grupo Fármacos Especializados (GFE) tuvo 3 mil 225 contratos, es decir, más que ninguna otra.

Luego, con Enrique Peña Nieto en el poder, fue la distribuidora de perecederos Summa la que se posicionó en el primer lugar, con 12 mil 809 contratos en total.

Si se analiza por ganancias por sexenio, fueron Alstom -especialista en comunicaciones y transportes-, la empresa automotriz Pego, la distribuidora médica Cyber Robotic Solutions y GFE quienes encabezaron la lista, al recibir ingresos equiparables de, en promedio, el 5% del gasto sexenal por contrato público.

Según un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) de 2018, en nuestro país las contrataciones públicas significan cerca del 21 por ciento del gasto gubernamental y el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Así, entre 2002 y 2019, distintas dependencias del gobierno entregaron 1.9 millones de contratos por cerca de 6.5 billones de pesos, de acuerdo con las cifras de los reportes de “datos relevantes de los contratos ingresados a CompraNet”.

De esos contratos, el 6.03 por ciento se concentró en 52 proveedores que acapararon el 19.1 por ciento, es decir 1.2 billones de pesos, del gasto total en contrataciones públicas del periodo.

Esta concentración coincide con los hallazgos del Índice de Riesgos de Corrupción (2018) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). El documento indica que en nuestro país persisten dos tendencias: una alta concentración del gasto en pocos proveedores, así como un grupo selecto de proveedores que se beneficia por el sexenio en turno.

De acuerdo con cifras oficiales, entre 2002 y 2019, un promedio del 80 por ciento de los contratos de las 52 empresas referidas se entregó por adjudicación directa, o bien, sin un concurso público de por medio.

Esto podría deberse al grado de especialización de las empresas, pero también podría ser parte de una “utilización ineficiente de los recursos públicos” o incluso de “actos de corrupción entre particulares y servidores públicos”, según la Agenda de Competencia 2018 de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

¿Cuáles fueron las empresas favoritas?

Según publicó SinEmbargo, de acuerdo con cifras oficiales, en los últimos tres sexenios y lo que va del actual, hubo más de 205 mil proveedores gubernamentales.

De dichos proveedores, 52 resaltaron por sus altos niveles de contratación y/o ingreso, aunque únicamente 13 lograron mantenerse por más de un sexenio entre los 10 mayores proveedores gubernamentales.

Entre estos últimos hay empresas como:

  • Farmacéuticos Maypo
  • GFE
  • Nestlé
  • Summa Company
  • Procter & Gamble de México
  • Alstom
  • Laboratorios Pisa
  • Solar Turbines
  • Efectivale
  • Grupo Industrial Maseca
  • Pepsico México
  • Conservas La Costeña
  • Unilever de México

En el sexenio de Fox, tres de cada 100 contratos y 14 de cada 100 pesos gastados fueron recibidos por, al menos, 10 empresas. Con Calderón, la proporción de contratos fue la misma, aunque la concentración de ganancias (40 de cada 100 pesos) fue casi tres veces mayor.

Vicente Fox. Foto: Cuartoscuro

En los primeros cuatro meses del gobierno de López Obrador, las cifras oficiales indican la mayor tasa de concentración de contratos de los últimos 17 años, con seis de cada 100, además de una tasa de concentración del gasto similar a la del calderonismo (16 de cada 100).

No obstante, este dato sólo refleja la tendencia del sexenio pasado, ya que muchos de los contratos vigentes fueron licitados el año anterior.

Además, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) presentado por la administración actual, indica que se combatirá “de manera frontal” las prácticas de desvío de recursos, de concesiones por actos de colusorios, tráfico de influencias, compadrazgos y nepotismo, así como el “aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo”.

Es por eso que el Gobierno actual se comprometió a “prohibir las adjudicaciones directas”, las cuales de acuerdo con el nuevo Proyecto Nacional de Desarrollo están ligadas a actos de “corrupción”.