Los más de 3 mil empleados que tiene en su nómina Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) le son insuficientes.

Por eso, la dependencia a cargo de Benito Neme Sastré, contrató a más de 4 mil personas mediante un esquema outsoursing con la empresa Servicios Integrales Trujillo Romano.

Sin embargo, la firma que presta el servicio tiene un domicilio fiscal “fantasma”, y el personal contratado es innecesario, de acuerdo con un reportaje que presentó el periodista Jenaro Villamil en la revista Proceso.

El contrato comenzó a operar en diciembre de 2016, y según sus cláusulas, concluye el 31 de mayo de 2019.

De acuerdo con el periodista, el Órgano Interno de Control (OIC), presume un daño patrimonial de 38.5 millones de pesos por concepto de “sueldos pagados no devengados” que involucra al administrador del contrato, Carlos Fernández Sánchez, subdirector de Administrador de Capital Humano y Desarrollo Organizacional de Capufe.

Fernández Sánchez y Adolfo Isaac Riveroll Sánchez, director de Administración y Finanzas de Capufe, firmaron el contrato con el representante del outsourcing. Los dos, son subalternos de Neme Sastré, quien a su vez es compadre del presidente Enrique Peña Nieto. Ellos también son investigados “por concepto de comisión al proveedor al 30 de julio de 2018, por 28.4 millones de pesos”.

Eruviel Ávila, Benito Neme y Enrique Peña Nieto. Foto: Especial

Según la auditoría del OIC, entre las irregularidades del contrato se encuentra la contratación de personal administrativo “que no cumple con el perfil requerido”, pues “realiza” actividades que competen al personal de mando de Capufe; además, “no cumple con el objeto del contrato que especifica la necesidad de personal especializado para la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como la operación y conservación de la red de carreteras” del Fideicomiso Nacional de Infraestructura (Fonadin).

Por si fuera poco, dice el reportaje, la empresa Servicios Integrados Trujillo Romano presentó documentación apócrifa, y en la evaluación realizada de la licitación pública nacional que derivó en ese multimillonario contrato, la Secretaría de la Función Pública (SFP) detectó que de las 12 empresas que supuestamente emitieron documentación, 10 no existen, una tiene presunto conflicto de interés, y en el caso de la ganadora se desconoce la autenticidad de los documentos.

Las oficinas de la empresa se encuentran en Lago Victoria 74, piso 11, colonia Granada, en la Ciudad de México, pero los auditores del OIC no advirtieron ninguna razón social del proveedor.  Según detalla el periodista, sólo encontraron un logotipo de la empresa Grupo Proyección Fiscal, sin relación alguna con una compañía de outsourcing, “por lo que se infiere que el personal que presentó el proveedor en su propuesta para concursar en la licitación pública nacional no existe”.

Benito Neme Sastre, titular de Capufe. Foto: Especial.

Más aún, Fernández Sánchez ha obstaculizado el trabajo de los auditores internos y ha incurrido en otras irregularidades, como subcontratar a su pareja sentimental con un sueldo de 65 mil pesos, dice el semanario Proceso.

Las cerca de 4 mil personas que debieron contratar con sueldos de entre 7 mil y 8 mil pesos mensuales para dar servicios “para la operación y administración de las unidades de atención a usuarios, así como para la operación y conservación de la red de carreteras” del Fonadin que administra y opera Capufe, en su mayoría no existen o no realizan las funciones que establece el contrato 4500025581.

De igual forma, señala el periodista, el contrato con la empresa tiene cláusulas de estricta confidencialidad y lo obliga a reservar toda la información o documentación que le sea proporcionada por Capufe o de cualquier otra fuente, por lo que “deberán abstenerse de publicarla, reproducirla o comunicarla a personas ajenas a Capufe”.

Foto: Especial.

Irregularidades en telepeaje

Además de las irregularidades que el OIC ha detectado en el contrato de prestación de servicios laborales, existen cerca de 800 millones de pesos de “cuentas por cobrar” en el servicio de monitoreo de peaje que Capufe subrogó a otra empresa denominada Telepeaje Dinámico S.A. (Tedisa), con la que se firmó en 2014 un contrato por 4 mil 250 millones de pesos, uno de los más caros para telepeaje en las 41 carreteras que administra.

El contrato con Tedisa debió vencer el 31 de julio de este año, pero a menos de tres meses de que concluya la administración de Peña Nieto, se amplió ocho meses más, mediante adjudicación directa de Capufe, por un monto de hasta 463 millones de pesos. Es decir, casi 5 mil millones de pesos para una sola empresa.

Tedisa debió realizar un control de la interoperabilidad de las carreteras y entregar reportes mensuales a Capufe, pero la auditoría interna indica que no han cumplido con ello.  La empresa es propiedad del empresario mexiquense Roberto Alcántara, propietario de Grupo IAMSA y Viva Aerobús.

Foto: Especial.

El periódico Reforma publicó el martes 2 de octubre que “de última hora” Banobras, en su carácter de fiduciario de Fonadin, convocó desde el 21 de septiembre a una licitación para sustituir a Telepeaje Dinámico en el servicio de interoperabilidad, y el fallo se dará a conocer el 12 de noviembre, 18 días antes de que termine el sexenio, y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2023.

Esta licitación de última hora se realiza en medio de las investigaciones que realiza la Secretaría de la Función Pública a las múltiples irregularidades que existen en el sistema de telepeaje y en los trabajos de varias de las 41 carreteras que Fonadin tiene a su cargo, como los trabajos de estabilización de la autopista Tijuana-Ensenada, recientemente auditada por trabajos no realizados por 150 millones de pesos y otras irregularidades que ascienden a 50 millones de pesos.

La auditoría de julio de 2017 (la número 16/127) observó que la empresa Gluyas Construcciones “no realizó los trabajos conforme a lo presupuestado, determinándose pagos en exceso, sin cuantificar el posible quebranto patrimonial”.

A raíz de esta auditoría, Capufe firmó el 17 de mayo pasado un convenio modificatorio con la empresa para autorizarle un “ajuste” en el precio unitario, pagándose una diferencia de 2.9 millones de pesos a favor de Capufe.

Daños en la autopista Tijuana- Ensenada. Foto: Especial.

El 14 de mayo último, el OIC realizó una visita de inspección en la autopista Tijuana-Ensenada y detectó deficiencias en la integración de los precios extraordinarios, en los que se presume un daño patrimonial por 33.4 millones de pesos derivado de errores de cálculo y falta de soporte documental en la integración de los auxiliares que conforman la matriz del precio, entre otras.

Apenas el pasado 10 de septiembre se envió un informe de detección de irregularidades que implica a funcionarios de Capufe por “actos y omisiones”.

Por esas fechas, añade el periodista, se concluyó otra auditoría interna en la autopista Monterrey-Nuevo Laredo en la cual se encontraron otras irregularidades, como pagos en exceso y sobreprecios, así como falta de servicios, entre otros.