En enero de 2001, cuando el entonces Presidente, Vicente Fox Quezada, tenía un poco más de un año de haber llegado al poder, Joaquín “El Chapo” Guzmán se fugaba de la prisión de Puente Grande, en Jalisco, a pesar de ser una penal de “máxima seguridad”.

La leyenda de su escape pareciera, incluso hoy, sacada de una película:

El capo se habría escondido en un carrito de lavandería que supuestamente lo llevó al exterior con ayuda “espontánea” de un empleado de mantenimiento del penal, Francisco Javier Camberos Rivera “El Chito”, quien hoy es el único detenido por esta fuga.

No obstante, la periodista Anabel Hernández recupera en su libro “El Traidor” elementos para cuestionarse esta versión.

Indica, por ejemplo, que ningún funcionario del Gobierno Federal fue señalado por la fuga del narcotraficante y que, de todos los funcionarios del penal que fueron acusados, ninguno había recibido sentencia en 2019.

Además, la periodista narra que años después de la fuga, el propio Chapo le reveló al general Mario Arturo Acosta Chaparro que había pagado un millonario soborno a Fox para que lo dejaran salir.

Dicha versión también fue manejada en 2006 por la agencia estadounidense de Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Y, más recientemente, el nombre de Fox aceptando sobornos volvió a resonar, esta vez desde el juicio en contra del Chapo en Nueva York, en noviembre de 2018, cuando Jesús “El Rey” Zambada, hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, fue llamado a testificar bajo juramento.

En la corte, “El Rey”, quien controlaba la actividad del cartel en la Ciudad de México, declaró que él personalmente pagó sobornos a altos funcionarios del Gobierno de Fox, entre los que estaban el comandante de la Procuraduría General de la República (PGR), elementos de la Policía Federal -que controlaban puentes y aeropuertos-, la Policía Judicial federal, estatal y municipal e incluso a la Interpol.

“Los sobornos para funcionarios en Ciudad de México eran unos 300 mil dólares por mes” dijo, y agregó que en 2004 también entregó un soborno de 100 mil dólares al General Gilberto Toledano, a cargo del estado de Guerrero, por petición de El Chapo.

Pero el nombre de Fox no quedó ahí. También el narcotraficante colombiano Alex Cifuentes mencionó al ex mandatario cuando fue llamado a declarar, desatando incluso que Fox volviera a negar las acusaciones en su contra y recalcara que a él “nunca se le acercó ningún criminal”.

Sin embargo, Anabel Hernández presenta en su libro que los sobornos a Fox comenzaron incluso antes de que éste llegara a la Presidencia.

“El Cártel de Sinaloa contribuyó con millones de dólares a la campaña de Fox y del PRI (Francisco Labastida Ochoa), así, ganara quien ganara, estábamos bien” le habría dicho “El Mayo” Zambada al abogado Fernando Gaxiola.

De esta manera, la llegada del panista a Los Pinos significó también el rescate de la bancarrota para Fox y su familia.

A decir de su declaración patrimonial inicial, donde reportaba únicamente 10 mil pesos en el banco, sus finanzas, las de sus empresas familiares, e incluso las de Martha Sahagún y dos de sus tres hijos, llegaron rápidamente -y de manera drástica- a la abundancia.

Además, en el diario que Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo” -hijo de “El Mayo” y sobrino de “El Rey- lleva en la prisión, entregado a la periodista y sobre el cual se basa su libro “El Traidor”, se mencionan más detalles sobre los sobornos entregados.

El documento afirma que funcionarios de seguridad recibieron, durante varios sexenios, sobornos para dar protección y dejar pasar los cargamentos de droga del Cártel de Sinaloa, incluyendo a altos mandos federales muy cercanos a Fox.

Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Foto: Internet

Según “El Vicentillo”, “El Rey” habría entregado 3 millones a funcionarios de ese Gobierno, mediante el titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna -hoy detenido en Estados Unidos- para nombrar a Norberto Vigueras Beltrán como Jefe Regional de la agencia en Culiacán, Sinaloa.