En días pasados, el canciller Marcelo Ebrard solicitó información a la Embajada de Estados Unidos en México sobre la Operación “Rápido y Furioso”, con el objetivo de conocer qué autoridades mexicanas participaron en con la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), bajo el Departamento de Justicia (DOJ) para el “trasiego vigilado” de armas a nuestro país.

No obstante, hoy se sabe que esta técnica de “gunwalking” (dejar que las armas caminen sin ser detenidas por las autoridades) empezó mucho antes: en 2004, con el programa Gunrunner (“Corredor de Armas”).

Este programa consistió en varios operativos subsiguientes, de los cuales, en ocho se identificó que autoridades financiaron y ampliaron el cruce fronterizo ilícito de al menos 2 mil 500 artefactos, sin que hasta ahora se conozca la cantidad exacta de armas que quedaron en manos del crimen organizado en México.

Gunrunner: un mal inicio

Bajo la sombra de los atentados del 11 de septiembre en 2001, durante el Gobierno de George Bush, la ATF admitía una escalada de violencia en la frontera con México, país que requería operaciones que atendieran los nuevos retos a su seguridad fronteriza.

Por ello, desde 2004 la División de ATF en Houston y el DOJ propusieron la iniciativa nacional Gunrunner, con un presupuesto inicial de 55 millones de dólares, de la cual se desprendían operativos que consistían en introducir armas marcadas, muchas de alto poder de fuego, para encontrar destinatarios en la delincuencia organizada.

En una primera etapa se articularía en Laredo, Texas, luego de dos años se emplearía a 100 agentes especiales y 25 investigadores.

Mientras tanto, en México ocurría el cambio de gobierno de Vicente Fox a Felipe Calderón, quien llevó como estandarte principal una lucha de frente al crimen organizado con la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”.

No obstante, la fracasada estrategia de Calderón ocasionó un impresionante aumento en la violencia y los homicidios, especialmente en el norte de nuestro país, dejando un saldo de más de 30 mil asesinatos entre 2006 y 2010.

Ahí se conjugaron dos estrategias: la Gunrunner, con la que se pretendía disminuir el tráfico de drogas y armas, con la violencia inherente, ocasionada principalmente por los cárteles de Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. En ese “trasiego vigilado” cruzaron rifles de asalto, Barrets .50, granadas y pistolas, por un “comprador paja” de la ATF.

De esa manera, en 2006 se oficializó Gunrunner, con recursos de la iniciativa Mérida, que para 2009 ya reunía a 148 agentes y 59 investigadores desde California, Nuevo México, Arizona y Texas.

Para cumplir sus funciones -identificar a traficantes, educar y sensibilizar a vendedores, así como rastrear armas- fueron necesarios 4.5 millones de dólares, que aunados a un monto equivalente del Departamento del Tesoro, permitiría abrir expedientes de 415 casos, mil 135 acusados y 13 mil 382 armas aseguradas.

De manera simultánea, la estrategia dotaba a las autoridades mexicanas del sistema de rastreo eTrace, con acceso abierto para los consulados de Estados Unidos en México y la oficina del entonces Procurador General, Eduardo Medina Mora.

Dicho sistema tuvo una inversión de más de 9 millones de dólares, y permitió un rastreo de 7 mil 500 armas ese año, siendo un 90 por ciento de origen estadounidense.

Un informe hecho en 2012 del inspector general del Departamento de Justicia, indica que en abril de 2009 hubo un encuentro entre Felipe Calderón, Medina Mora y Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, en Cuernavaca, Morelos, donde se estableció el equipo conjunto de Gunrunner Impact Team.

Luego, en Ciudad de México, se presentó el informe a los presidentes Barack Obama y Calderón.

Diversos implicados

Gunrunner dio vida a otros operativos encubiertos, todos enfocados en el “trasiego controlado” de armas a México.

El primer operativo, denominado Wide Receiver (Receptor abierto) surgió en 2006 con la nueva Administración de Calderón y operó hasta 2007, bajo un esquema de vigilar las compras de armas en Estados Unidos y detener a los contrabandistas antes de cruzar la frontera.

Aún así, se permitió el ingreso a Mëxico de 474 armas de fuego “controladas”, de las cuales, la ATF sólo recuperó 64.

Esa operación fue asignada a la Oficina de Tucson, Arizona, de la ATF a partir de 2006, y fue supervisado por el agente especial Bill Newell, responsable también del último operativo de “Rápido y Furioso”.

El inforome indica que entre abril y junio de 2007, Newell estableció un acuerdo colaborativo con la PGR, la Agencia Federal de Investigación (AFI) y la Subsprocuraduría Especializada en  Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO) sobre trasiegos, al no tener información de su agregaduría en la Ciudad de México.

Además, Newell se reunió con el delegado de la PGR en Hermosillo, Sonora, en 2010, para hablar de los trasiegos en el estado. Existen pruebas que le hizo consultas al respecto y a que insistió en que la Oficina de la ATF en México y la Policía Federal mexicana se quedaran “en la oscuridad” sobre la operación, pero no la PGR.

También en 2007 ocurrió la operación denominada “Hernández”, cuando al traficante de armas, Fidel Hernández, se le permitió cruzar a México, donde siguió operando impunemente.

Fue hasta fin de año que finalmente se le detuvo por la Oficina de Inmigración y Aduanas. De acuerdo con un informe de 2011, el entonces fiscal general, Michael Mukasey, informó en Washington al procurador Medina Mora sobre las investigaciones conjuntas de las “entregas controladas” de armas, con la participación de unidades mexicanas.

De igual forma, la operación “Armas Cruzadas”, lanzada por el ICE en junio de 2008, en coordinación con la PGR, involucró el intercambio de inteligencia y esfuerzos conjuntos en la aplicación de la ley.

Un año después, también con financiamiento de la Iniciativa Mérida, se habrían arrestado más de 100 contrabandistas, se habrían abierto 42 procesos penales y asegurado 400 armas.

En 2008, el operativo “Medrano”, contra la red de “compradores de paja” de Alejandro Medrano, tolerada por ATF, siguió haciendo entregas controladas hasta su detención por la Patrulla Fronteriza en diciembre.

La Granade Walker fue un quinto operativo de ATF en Phoenix, en el que el traficante Jean Baptise Kingery trajo a México al menos 2 mil granadas en diversos cruces para los cárteles, a veces bajo la vigilancia directa de autoridades estadounidenses.

Los fiscales en Arizona se negaron a abrir un proceso, ya que Kingery fue detenido con 114 granadas desarmadas en un neumático, ante la supuesta orden de la Oficina del Fiscal de liberarlo.

Año y medio después de su detención, las autoridades mexicanas encontraron una fábrica donde enseñaba a los cárteles cómo fabricar granadas y convertir fusiles semi-automáticos en automáticos.

En estos y varios operativos más, hubo conocimiento de muchas autoridades y no existió medición de resultados, rastreo por geolocalizador o pruebas de que hubiesen sido exitosas, por lo que se decidió lanzar un nuevo proyecto, el de mayor envergadura, que partiría de Arizona por toda la frontera: “Rápido y Furioso”.

¿Quién es responsable del fracaso?

“Rápido y Furioso” (2009-2011) tuvo ese nombre debido a que varios de los traficantes relacionados también pertenecían a clubes de automóviles.

El objetivo de esta operación era reforzar el operativo Gunrunner: vender armas a los grupos criminales más violentos (Los Zetas, El Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa) para poder rastrear su destino final.

Fue lanzada en otoño de 2009 desde Phoenix, con apoyo de la Oficina de ATF en Tucson, tras denuncias de siete armerías y, para finales de año, ya se habían realizado 48 operativos que detectaron el cruce de un gran número de “armas controladas”.

No obstante, la ATF en Phoenix omitió información a los agregados en México, lo que también ocurrió en algunos casos con las autoridades centrales de Washington. Esto significa que los propios rastreos del sistema eTrace eran bloqueados por altos directivos en Washington.

Además, la dinámica encubierta estaba fuera de la supervisión y manejo estándar de las operaciones en campo, ya que al detectarse el tráfico hacia México debía hacerse la interdicción antes de que cruzara la frontera.

Esto hizo que muchas veces, la CBP o el ICE detuvieron a los traficantes, pero fueran liberados para que continuaran con el trasiego mandatado por ATF. Esto da cuenta de la improbabilidad que la Oficina del Procurador General de Estados Unidos no tuviera conocimiento del tema.

Para finales de 2010, se estimaban mil 961 “armas vigiladas” en manos de crimen organizado y sólo 710 recuperadas hasta febrero de 2012, con un gasto inicial de al menos 650 mil dólares.

“Rápido y Furioso” continuó, y en febrero de 2011 murió el agente del ICE, Jaime Zapata, en San Luis Potosí, a manos de un arma de operación. Al respecto, el inspector general del 2012 cuestionó que la ATF se centrara en perseguir traficantes menores y no a los líderes de los cárteles.

Más tarde, se reveló que de diciembre de 2012 a marzo de 2016 se recuperaron en México 94 armas de fuego, la mayoría aseguradas en Sonora, Chihuahua y Sinaloa, en 69 homicidios, 20 de ellos muy violentos.

Además, se tiene el registro del aseguramiento de 241 armas en México, y otras 350 en Estados Unidos, entre las que destacan 37 rifles Barret .50, AK-47, rifles de asalto Romarm/Cugir 762, revólveres, pistolas FN-5.7, municiones, cargadores y lanza granadas.

Esto indica que, de las más de 2 mil armas involucradas en “Rápido y Furioso”, la gran mayoría no fue rastreada y no se informó completamente a las autoridades mexicanas, según un informe conjunto del Congreso de Estados Unidos, que concluyó su tercera parte en 2017.