La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que el actual desabasto de medicamentos es producto, en gran medida, del “huachicoleo” en los procesos de compra del sector público de salud, en donde incluso “se llegó al extremo de robarse el dinero de las medicinas”.

A esta declaración, se suman los resultados de la fiscalización de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Ésta entregó al Congreso de la Unión en 2017 su indagatoria para el segundo periodo de 2016, en la que determinó que el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) y el Seguro Popular, cuyas operaciones con recursos públicos -a nivel nacional- generan “irregularidades recurrentes”, tienen denuncias por hechos equiparables a 11 mil 029.8 mil millones de pesos no solventados, además de denuncias por simulación de reintegros por 4 mil 029.8 millones.

Según la ASF, “existen debilidades en los sistemas de control y manejo” de los medicamentos del sector público, donde la compra y entrega se da, en muchos casos, con “arreglos que con frecuencia son inadecuadamente convenidos y formalizados”, ya que la transparencia sobre la aplicación de los recursos es “insuficiente”.

Además, en el último “Estudio Sobre las Estrategias para Enfrentar la Corrupción en el Sector Público Federal”, la ASF estableció que los controles contra la corrupción de la mayoría de las instituciones del sector salud (38 de 40) tuvieron una calificación “baja” al obtener un máximo de 39 puntos sobre una base de 100.

Únicamente dos centros de salud, CENETEC y CENSIA, alcanzaron un nivel “medio” con 43 y 40 puntos, respectivamente.

¿Qué tan grave es el problema del desabasto?

Las cifras más actuales de la Secretaría de Salud (SSA) -de 2016- y de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud indican que:

  • Sólo ocho de cada 10 recetas son surtidas en su totalidad, lo que representa un 76 por ciento.
  • En 2015 esta tasa era 8.5 veces puntos mayor, pues en ese año fueron surtidas 84.5 por ciento de las recetas en su totalidad.

SinEmbargo explica que el actual problema de surtimiento (24%), representa la falta de todos los medicamentos requeridos, en los peores casos, o la falta de más del 40 por ciento de ellos, en los casos menos desfavorables.

Con esta situación, el 9 por ciento de los pacientes -casi 12 millones de mexicanos- se vieron obligados a comprar los medicamentos de su propio bolsillo.

El resto, es decir casi 20 millones de personas, tuvo que esperar a que le dieran las medicinas o incluso tuvo que dejar de consumir su tratamiento, según el Estudio de Satisfacción de Usuarios del Sistema de Protección Social en Salud 2016.

Pero el problema del desabasto de medicamentos no sólo es un problema de seguridad social pública que impide la mejoría de los pacientes y afecta negativamente en su economía, sino que genera la proliferación de un mercado negro de medicinas en nuestro país.

En octubre de 2018, el representante de la Red de Acceso y coordinador general de derechohabientes viviendo con VIH del IMSS, Luis Adrián Quiroz, dijo a SinEmbargo que el desabasto de medicamentos en los servicios públicos de salud ocasiona que la población busque la opción más económica, aunque se trate de hacerlo en el mercado informal, aún con los riesgos que eso implica para la salud.

En el mercado informal se ofrecen medicamentos robados y “pirata” a precios hasta 146 por ciento más económicos que en el mercado legal, por lo que acapara entre el ocho y el nueve por ciento de los medicamentos del mercado global.

Según cifras de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias (UNEFARM), el mercado negro genera 10 mil millones de pesos cada año. Además, en los últimos diez años, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró cerca de un millón de piezas de medicamentos apócrifos en todo el país.

¿Qué hizo el gobierno de Peña Nieto?

Más de la mitad del dinero que los mexicanos invierten en salud es destinado a la compra de medicinas y bienes médicos, es decir, aproximadamente 53 de cada 100 pesos. Tan sólo en 2017, los hogares mexicanos destinaron 271.9 mil millones de pesos para la compra de estos productos.

De acuerdo con SinEmbargo, el tema de las medicinas en México está relacionado a los tratamientos con altos costos económicos, a problemas de desabasto para la población que depende de los servicios públicos de salud, y a un pequeño número de empresas que controlan la producción y distribución de insumos y bienes medicinales, así como a la corrupción conjunta.

Para aumentar el abasto de fármacos y atender las necesidades de salud de los mexicanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto impulsó las compras consolidadas y la sustitución de medicamentos de patente por medicinas genéricas.

Entre 2013 y 2018, las compras consolidadas permitieron “ahorros por 17 mil 393 millones de pesos”, según indicó la SSA.

En ese mismo periodo, el registro sanitario de 590 medicamentos genéricos y la compra de los mismos implicó un ahorro acumulado de 26.1 mil millones de pesos, según la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

Con la sustitución de medicamentos se incrementó 5.5 veces el volumen de abasto de medicinas, el cual pasó de 4.4 a 25 millones de unidades farmacológicas mensuales; asimismo  redujo “hasta un 70 por ciento” el gasto de las instituciones públicas de salud (IMSS, ISSSTE, Pemex, Selena, Semar, Seguro Popular e institutos) y permitió que las familias mexicanas ahorraran “hasta 60 por ciento” en la adquisición de medicamentos, indica la Cofepris.

En el caso de las medicinas para tratar la diabetes, por ejemplo, que afecta al 9.4 por ciento de la población mexicana, los medicamentos genéricos fueron 72 por ciento más económicos que los de patente (290 contra 1 mil 058 pesos).

Los medicamentos para tratar padecimientos cardiovasculares costaron 64 por ciento más baratos, los endocrinológicos 55 por ciento, las oncológicas 39 por ciento, las pulmonares 70 por ciento, las neurológicas 73 por ciento, las infecciosas 47 por ciento, entre otras, por lo que el ahorro reportado fue considerable.

Sin embargo, esto no solucionó el problema.

En su boletín de mayo de 2018, la Cámara de Diputados reportó que “a pesar de que dichos insumos se compran a bajo costo, la falta de abastecimiento en muchas zonas del país aumenta”.

Fachada del edificio del IMSS en Paseo de la Reforma, CDMX. Foto: Internet

Además, los precios de los genéricos aumentaron a una tasa promedio de 5.4 por ciento anual, entre 2011 y 2018, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi). Esto, debido al alza de medicamentos para diabetes, alergias, analgésicos, cardiovasculares, antibióticos y antiinflamatorios.

El aumento en los precios de las medicinas superó la inflación general promedio (4.1 por ciento) y fue similar al aumento del salario mínimo (6.2 por ciento) durante el periodo, por lo que limitó su acceso a la población más vulnerable.

Dicho de otro modo, esto afectó principalmente al 44 por ciento de la población en situación de pobreza y a los 19 millones de mexicanos que no están afiliados a un esquema de seguridad social, de acuerdo con los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Monopolio del mercado

El Inegi indica que entre 2016 y 2017, la producción y distribución de medicamentos aumentaron en 5.1 y 4.4 por ciento respectivamente. Además, la Cofepris muestra que el mercado está reducido a un número limitado de empresas.

Las empresas que liberaron las ventas de medicamentos realizadas por el IMSS en 2017 y 2018 fueron:

  • Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico (DIMESA)
  • Grupo Fármacos Especializados
  • Comercializadora de Productos Institucionales (CPI)
  • Farmacéuticos Maypo
  • Compañía Internacional Médica (CIMSA)

Éstas concentraron el 70 por ciento (22.6 de 32.4 mil millones de pesos) de los medicamentos comprados por el IMSS, lo que significa también el 47 por ciento del total de medicamentos adquiridos durante el periodo por el Gobierno federal.