Hace seis meses que el Presidente Andrés Manuel López Obrador inició una lucha contra el robo de combustible, también conocido como huachicol. No obstante, la venta de combustible robado en las gasolinerías persiste.

De acuerdo con una entrevista hecha por Proceso a Ricardo Sheffield Padillla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), fueron detectadas inspecciones fantasma hechas por verificadores de su dependencia, encabezada entonces por Rogelio Cerda Pérez.

El personal de Profeco, indicó Sheffield, debía acudir a las estaciones de servicio a revisar las máquinas despachadoras, su calibración y detectar posibles irregularidades, pero eso no ocurrió durante meses.

Por ese motivo, en diciembre pasado se ordenó el despido de todos los supervisores de la Dirección General de Verificación de Combustibles (DGVC), por lo que el funcionario aseguró que “no hay ni un verificador de la anterior administración”.

Pese a esto, el funcionario admite que carece de herramientas para revisar si en las gasolinerías continúa la venta de huachicol y el robo de combustible contra los clientes mediante el software Rastrillo.

Indicó que será el próximo año que se realicen las inspecciones contra éste último, una vez que entre en vigor la nueva Norma Oficial Mexicana 185, la cual permitirá verificar de manera profunda ese software.

Piden investigar y sancionar

Sheffield declaró a Proceso que aún no puede comprobar si en la administración pasada, de Enrique Peña Nieto, se toleró la venta de combustible robado, el fraude a los clientes con litros incompletos y el uso de un software para manipular sus volúmenes de venta.

Y, aunque admite que en ese periodo el huachicol se coló al negocio formal, es algo que no le corresponde a él demostrar, sino a la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, dijo que “es evidente que 330 estaciones de servicio no volvieron a abrir entre enero y marzo”, cuando comenzó el combate al robo de combustibles.

La Profeco de Sheffield determinó además que el personal de la DGCV hizo, en noviembre pasado, mil 208 revisiones a gasolinerías, para las cuales facturó sólo 13 mil pesos de viáticos.

“Hallamos verificaciones sin viáticos. Entonces, ¿cómo le hicieron para revisar (máquinas despachadoras) en Chihuahua o Yucatán? Fueron verificaciones de gabinete para llenar la estadística”, dijo.

En enero de este año, la institución presentó la denuncia PFC/SV/024/2019 ante el Órgano Interno de Control, representado por Francisco Coquis Velasco, donde se solicitaba una investigación y “sanciones administrativas” contra los verificadores que trabajaron con Cerda Pérez.

Asimismo pidió que se corroborara la existencia y la ubicación de las actas de verificación que supuestamente fueron expedidas por los inspectores de la DGCV, pero se indicó que no se tiene registro alguno de las mismas.

En la misma misiva, la Profeco menciona que los verificadores supuestamente se trasladaron a Aguascalientes, Campeche, Colima, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora, pero esos datos no coinciden con el gasto reportado para esos viajes.

En la denuncia se detalla que, entre octubre y diciembre de 2018, se identificó la pérdida de documentos y un subregistro de denuncias en contra de estaciones de servicio señaladas por incumplir la norma de verificación NOM-005-SCFI-2017, por vender litros incompletos u oponerse a la verificación.

Tampoco se emprendieron procesos administrativos en 12 por ciento de las 4 mil 879 verificaciones en las que se detectaron inconsistencias.

¿Cómo roban los gasolineros?

En febrero, ex empleados de la empresa ATIO Group denunciaron la creación del programa Rastrillo. Esa empresa también creó el software Control Gas, usado desde 1997 para gestionar los reportes de venta de combustibles en las estaciones de servicio.

Así, ATIO, contratada por la Secretaría de Hacienda y Pemex Logística, ofrece a 33 por ciento de las gasolinerías mexicanas el programa para realizar las auditorías y, por un precio extra, el Rastrillo, de acuerdo con el testimonio de un ex empleado, entrevistado por Proceso.

De acuerdo con Scheffield, la NOM 185 actualizada permitirá corroborar su teoría de que el software malicioso está instalado en entre el 8 y el 12 por ciento de las 12 mil 500 gasolinerías registradas ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

Según un ex colaborador de ATIO, así sería como operan las gasolinerías que venden huachicol, estafando a los clientes y engañando a las autoridades:

  1. Una vez que se instala el programa legal, Control Gas, éste permite monitorear digitalmente las bombas de combustible, por lo que la empresa tiene control en tiempo real sobre los litros vendidos, los precios y el estado de las máquinas despachadoras.
  2. Con esa información se generan los reportes diarios en hojas de cálculo, enviadas desde los puntos de venta a Pemex, por lo que la empresa sabe cuando a un gasolinero se le está agotando el combustible.
  3. Reportes similares se envían a la Secretaría de Hacienda para que revise detalles de las ventas, facturaciones y evitar irregularidades.
Gasolinera ilegal en Tlalpan, Distrito Federal. Foto: Especial

Gasolinera ilegal en Tlalpan, Distrito Federal. Foto: Especial

No obstante, Rastrillo, un parche informático que se instala de forma clandestina, manipula el control de las máquinas despachadoras y los informes que llegan a Pemex y a la SHCP.

“De esta manera, los gasolineros pueden reportar menos combustible del que realmente venden, cuando se trata de huachicol; modificar el comportamiento de las bombas, cuando roban al consumidor, e inflar sus ventas, cuando buscan lavar dinero”, indicó el testigo.

El pasado 3 de junio, Sheffield dio a conocer la primera desactivación del programa Rastrillo en una bomba despachadora en Champotón, Campeche, operada por la empresa Combustibles e Imagen SA de CV.

En esa ocasión, los verificadores abrieron la máquina despachadora y encontraron una tarjeta modificada para control de las bombas. Se trataba de un dispositivo análogo, pero también hay digitales, los cuales podrán combatirse con la nueva norma.

“Sospechamos que las gasolinerías que utilizan los mecanismos para robar son las que le piden al cliente que ‘apaguen el celular’. ¿Por qué? Porque los teléfonos celulares interrumpen la operación del software malicioso. En ningún país de Europa ni en Estados Unidos te prohíben que uses el celular dentro de la estación de servicio”, alertó el funcionario.

Según datos de la Profeco, de 125 estaciones de servicio que fueron verificadas de forma aleatoria entre el domingo 2 y el viernes 7 de junio, nueve resultaron con alteraciones en los volúmenes vendidos.