En cuanto asuma como Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador recibirá los 12 millones 33 mil 746 expedientes reservados en los archivos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que dejaron sus antecesores, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Según una investigación realizada por SinEmbargo, entre los temas que se ocultan en ese expediente se encuentran muchos casos de corrupción pero nadie puede acceder a ellos antes de 2021, 2024 o 2028, según la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Cuando en 2004 fue creado el Índice de Expedientes Reservados, los asuntos guardados por el gobierno crecieron más que nunca, y los asuntos privados aumentaron conforme pasaron los gobiernos. Según el artículo, el gobierno de Fox terminó en 2006 con 3 millones 839 mil carpetas, mientras que el de Felipe Calderón concluyó en 2012 con 8 millones. La administración de Peña Nieto ha aumentado en cinco años de gobierno un 55 por ciento de estos asuntos.
En 2015 se presionó a Enrique Peña Nieto por las acusaciones de corrupción dentro de su administración -con escándalos como el de la Casa Blanca o el de OHL-, por lo que promulgó un nuevo marco jurídico de la Transparencia y el acceso a la información, en el que se establece que los documentos cerrados podrán abrirse cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación, expire el plazo de la reserva o exista una resolución de una autoridad competente.
Entre algunos ejemplos de los expedientes, SinEmbargo menciona la indagatoria sobre el supuesto enriquecimiento ilícito de Vicente Fox Quesada, el cual estuvo bajo reserva de 2007 a 2010.
En él se incluye un análisis y “cruce de datos” de 32 cuentas bancarias del ex presidente y su esposa, Marta Sahagún, además de sus declaraciones patrimoniales presentadas entre 2000 y 2006, pero ahora se le decretó como “archivo”, lo que significa que ya no puede ser entregada a ningún ciudadano.
Según SinEmbargo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) indicó que el expediente 142/2007, contra Fox y Sahagún, se “radicó” en la Dirección General Adjunta de Verificación Patrimonial y se “dictó acuerdo de archivo por falta de elementos”. La dependencia añadió que el expediente fue enviado a la Procuraduría General de la República (PGR) “para cumplir con los requerimientos del Ministerio Público de la Federación”.
Felipe Calderón también ocultó información de su guerra contra el narcotráfico. De acuerdo con la información de SinEmbargo, el expresidente se reunió con Peña Nieto en septiembre de 2012 para entregarle un diagnóstico de la seguridad del país titulado “Panorama Nacional”. Dicho documento se reservó hasta 2024.
Se estima que ese diagnóstico incluyera información sobre los 121 mil muertos que la PGR reconocía durante el sexenio calderonista, así como la acusación que un grupo de ciudadanos y abogados había hecho ante un tribunal de La Haya en contra de Calderón por crímenes de lesa humanidad.
La guerra contra el narcotráfico continuó durante la administración de Peña Nieto, y el número de homicidios en este sexenio siguió aumentando. Según el Secretariado Ejecutivo, se reportaron 20 mil cinco homicidios dolosos del 1 de diciembre 2006 al 30 de noviembre de 2009, mientras que en ese mismo periodo pero de 2012 a 2015 hubo 54 mil 454 asesinatos, lo que significa una diferencia de 34 mil 449. En 2017 la cifra fue de 23 mil 968.
SinEmbargo afirma que, aunque Peña Nieto nunca pronunció la palabra “guerra” en sus discursos, en la acción nunca la suspendió. Así, entre ambos gobiernos sumaron más de 234 mil muertos.
También se menciona que está reservada hasta el 2021 toda la información que abarca las negociaciones para otorgar a Odebrecht un contrato por mil 811 millones de pesos, el cual fue otorgado por adjudicación directa, para el “aprovechamiento de residuales en la Refinería Miguel Hidalgo”, en Tula, Hidalgo.
Emilio Lozoya Austin. Foto: Especial
La empresa brasileña admitió haber entregado casi 800 millones de dólares en sobornos a lo largo de América Latina para ganar contratos públicos en doce países, entre ellos el nuestro. Como consecuencia, las investigaciones en otros países generaron presidentes enjuiciados, funcionarios arrestados y grandes señalamientos políticos, excepto en Venezuela y México.
Según informaron testigos a la PGR, el gobierno mexicano tiene evidencia suficiente para presentar cargos contra los funcionarios vinculados al escándalo, entre ellos Emilio Lozoya Austin, quien dirigió Pemex entre 2012 y 2016, periodo en el que el gobierno de Peña Nieto impulsaba la Reforma Energética.
Por su parte, la información que se tiene sobre el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) fue reservada hasta 2027. Entre la información oculta se encuentran los contratos CISEN 128/13 y CISEN /020/15 realizados con la empresa italiana The Hacking Team, con lo que fue comprado el software “Galileo RCS”, mismo que fue utilizado para realizar espionaje, con un costo de 1 millón 390 mil euros.
El INAI accedió a reservar la información del espionaje por considerar que se trataba de información que podría poner en peligro la seguridad nacional. Además, el instituto instruyó al órgano de inteligencia a modificar la justificación de la reserva, pidiéndole que no se basara en el artículo 14 de la antigua Ley Federal de Transparencia, sino en el 13, con la intención de “dejar claro que la revelación de la información del spyware Galileo podría conllevar riesgos”.
Además, cuando en 2014 Enrique Peña Nieto dio su segundo Informe de Gobierno, el Zócalo capitalino fue convertido en un estacionamiento exclusivo para los invitados al acto presidencial.
Así, cientos de funcionarios, periodistas y empresarios estacionaron sus vehículos en esa plaza, mientras dentro de Palacio Nacional el presidente hablaba de sus once reformas estructurales y modificaba el nombre del programa “Oportunidades” por el de “Prospera”.
La información sobre quién dio la orden para que el Zócalo se convirtiera en un estacionamiento fue declarada como “clasificada” durante 12 años, a pesar de que el mismo día Peña emitió un comunicado en el que ofrecía disculpas y reconocía que había sido “una decisión equivocada”.
Otro ejemplo que menciona SinEmbargo es el sueldo que percibe Carlos Romero Deschamps, quien desde 1996 es el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), mismo que está amparado a través del INAI, mediante el aparato jurídico del sindicato petrolero.
O las averiguaciones que ha arrojado la investigación oficial hecha al asesinato de Luis Donaldo Colosio, quien en 1994 fuera candidato por el PRI a la presidencia. Esta información fue reservada hasta 2035 por la PGR.
Felipe Báez
12 julio, 2018 at 8:56 pm
Se tiene que hacer algo, primero para derogar la ley de secrecia y segundo dar a alguna universidad los millones de expedientes para su clasificaciòn a travès de la tècnoca Big Data y fincar responsabilidades a grandes y chicos de la polìtica.