El Presidente Andrés Manuel López Obrador propuso una iniciativa de reforma con la que pretende garantizar el financiamiento de operación de los proyectos de infraestructura de su administración, a través de los ingresos por la recaudación del derecho que pagan los visitantes extranjeros con actividades económicas y turísticas.
El pasado 18 de abril, el Presidente López Obrador envío una iniciativa de ley a la Cámara de Diputados, la cual pretende modificar la Ley Federal de Derechos y a la Ley General de Turismo.
Ahí, se establece que los ingresos por la recaudación del derecho que pagan los visitantes extranjeros con actividades económicas y turísticas, los maneje la entidad paraestatal que tenga a su cargo la administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales.
Dicha entidad, de la que no se específico el nombre, se infiere que es el Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca-Maya-Mexica, S.A. de C.V., que estará a cargo de la operación del Tren Maya, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y los Aeropuertos de Tulum y Chetumal.
¿Cómo funcionaría la reforma?
Con la reforma, esta entidad constituiría un fideicomiso público federal para utilizar esos recursos en la ejecución, operación, administración, contratación de bienes y servicios, adquisición de bienes, construcción, mantenimiento, modernización y aprovechamiento de proyectos de infraestructura.
La iniciativa establece que, como parte de los proyectos prioritarios, orientados a incrementar derramas económicas regionales y turismo, se proyectó “una entidad paraestatal que representa un motor de crecimiento, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional, incidiendo positivamente en la actividad económica y social del país”.
Esa entidad tiene como objeto social, explica el proyecto de reforma:
“La administración, operación y prestación de servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, culturales, entre otros de diversa índole; por tal motivo, para continuar con el fortalecimiento nacional y mejorar la política económica del país, se busca que cuente con mayores recursos para la consecución de su objeto social y el ejercicio de sus atribuciones”.
Actualmente, la Ley Federal de Derechos establece el cobro de un derecho para los visitantes extranjeros con fines turísticos. De lo recaudado, el 20% se destina al Instituto Nacional de Migración (INM), y el 80% a Fonatur. La propuesta presidencial es que ese 80% se destine para la planeación, estudios, proyectos e inversión en infraestructura a cargo de la paraestatal que será conformada.
Para ser aprobada la iniciativa se necesita únicamente el aval de la mayoría simple en el Congreso mexicano, la cual Morena y partidos aliados tienen en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.