El memorándum que publicó esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó ya a recibir críticas de varios personajes públicas; por ejemplo, el ministro en retiro, José Ramón Cosío, indicó que la medida carece de “fundamentación jurídica”, por lo que es “fácilmente impugnable”.

Mediante su cuenta de Twitter, Cosío explicó que en el memorándum del mandatario no se citó ninguna norma jurídica.

Acabo de leer el Memorándum recién emitido por el Presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autoreferente en cuanto a su autoridad. Fácilmente impugnable jurídicamente”.

Las fracciones del PAN, PRI y PRD en la Cámara de Diputados también expresaron que la medida es “jurídicamente insostenible” y sostuvieron que aquellos funcionarios que lo acaten estarían incurriendo en irresponsabilidades administrativas, políticas y penales.

Juan Carlos Romero Hicks, el coordinador de la bancada panista, adelantó cuatro acciones legales para combatir dicha disposición, las cuales van desde amparos, denuncias penales y acciones de inconstitucionalidad, hasta juicios políticos y de procedencia (desafuero).

Juan Carlos Romero Hicks

Una decisión de ese tipo no sólo viola flagrantemente la obligación principal del Poder Ejecutivo que estriba precisamente en ejecutar la ley, sino que violenta también la protesta constitucional que en términos del artículo 87 realizó el primer mandatario de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”, se lee en un comunicado emitido por el partido.

El grupo parlamentario panista dijo que si el presidente no está de acuerdo con las leyes vigentes, tiene la atribución de promover una reforma ante el Congreso de la Unión, “pero invalidarla de manera unilateral es inconstitucional y propio de regímenes despóticos”.

Por su parte, el líder de la bancada priísta, René Juárez, aseguró que el memorándum significa un mal precedente y pone en riesgo al orden constitucional y a la división de poderes, por lo que exigió a las mesas directivas de San Lázaro emitir un pronunciamiento al respecto.

René Juárez

La coordinadora del PRD, Verónica Juárez, lamentó la “violación flagrante al Estado de Derecho y el atropello al Poder Legislativo”, además afirmó que todo servidor público está obligado a cumplir la ley y, quienes acaten la orden de suspender la reforma educativa, caería en diversas irresponsabilidades legales.

También la diputada Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano, se pronunció al respecto, al indicar que “ni con todo el poder presidencial” es posible dejar sin efecto una parte de la Constitución.

“Usted prometió que nadie por encima de la ley, protestó cumplir y hacerla cumplir, y por ello es el primer obligado en hacerla valer; no puede, mediante un memorando, pretender ordenar una excepción a la Constitución, cediendo a chantajes de la CNTE”, reprochó en su cuenta de Twitter.

El ex presidente Felipe Calderón Hinojosa también comentó la medida en su cuenta de Twitter, al destacar que las leyes sólo pueden modificarse al seguir los procedimientos constitucionales, por lo que instó al tabasqueño a cumplir con la Carta Magna.

¿Qué dice el Memorándum?

Esta mañana, López Obrador suscribió y envió a los secretarios de Gobernación, Educación y Hacienda un memorándum con la instrucción de dejar sin efecto las medidas establecidas en la reforma educativa de 2013.

En el documento se recomienda, por ejemplo, que la nómina magisterial quede en control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se reinstale a los docentes despedidos y que se realicen las diligencias necesarias para liberar a los maestros y luchadores sociales que están presos por oponerse a esta ley.

Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el período neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada Reforma Educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza; en cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del magisterio nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional”, dice el documento.

Añadió que hasta ahora ha sido imposible alcanzar un acuerdo entre el Legislativo y los distintos sectores del gremio magisterial para derogar la Reforma Educativa y reemplazarla por un marco legal satisfactorio, útil y funcional.

Por ese motivo, el memorándum solicita a la SEP garantizar que la educación sea obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad en tanto se alcanza un consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad.

También pide a todas las dependencias del Poder Ejecutivo Federal involucradas que dejen sin efecto todas las medidas derivadas de la Reforma Educativa.

A la Secretaría de Gobernación le pide realizar “las diligencias y acciones necesarias para poner en libertas a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentran en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas”.

Indica que indemnizará a las familias de quienes perdieron la vida “por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores”.

Una escuela sin los servicios básicos en México. Foto: Internet

En tanto, a la Secretaría de Hacienda le solicita que tome el control de la nómina del sector educativo y que impida “prácticas patrimonialistas, ‘aviadores’ y cualquier otra forma de corrupción”. Además da a conocer que será la SEP quien administre las plazas magisteriales.

La SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones punitivas”, dice.

“Finalmente, aprovecho la expedición del presente memorándum para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de que ‘nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho’”.

La publicación del memorándum se dio a conocer mediante un video. En éste, el presidente explicó que la medida es provisional, mientras en el Congreso “se resuelve la reforma” para garantizar la educación pública gratuita y de calidad en todos los niveles escolares”.