El operador financiero Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado en México por lavado de dinero y delincuencia organizada, busca refugiarse en Estados Unidos bajo el argumento de ser un “perseguido político”.
El empresario presentó una solicitud formal de asilo el 11 de julio de 2022, casi un año después de que un juez federal ordenara su aprehensión junto con la de su esposa, la exconductora Inés Gómez Mont, por su presunta participación en el desvío de fondos públicos destinados a la construcción de cárceles, de los cuales habrían recibido 17 millones de pesos.
En su petición, Álvarez Puga aseguró que él y su familia son víctimas de persecución en México “por sus convicciones políticas conservadoras” y que teme regresar al país por “su pertenencia a un grupo político particular”, según una resolución emitida el 15 de octubre por la Corte del Distrito Sur de Florida.
Sin embargo, la realidad es menos ideológica y más judicial, ya que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) lo detuvo el 24 de septiembre en Miami por ingreso irregular a territorio estadounidense. Desde entonces, permanece recluido en el Centro de Procesamiento Krome North, el mismo estado donde el matrimonio ha poseído propiedades de lujo.
Los registros oficiales muestran que Álvarez Puga entró con visa de turista el 14 de enero de 2021, salió a las Bahamas el 9 de julio del mismo año y regresó por barco un día después, evitando pasar por inspección migratoria. Esa omisión fue suficiente para que, cuatro años después, el ICE ordenara su arresto.
El 2 de octubre, el empresario presentó una demanda de habeas corpus —una figura similar al amparo en México— para exigir su liberación. La jueza Cecilia Altonaga resolvió parcialmente a su favor el 15 de octubre, al determinar que podía solicitar una audiencia ante un juez migratorio para definir si llevaría su proceso en libertad bajo fianza. No obstante, otras de sus peticiones, como ordenar su inmediata liberación, fueron rechazadas.
Hasta este lunes, Álvarez Puga sigue bajo custodia del ICE. Todo indica que la fianza le fue negada, pues continúa en el centro migratorio de Krome North.
El Gobierno de México ya analiza solicitar formalmente su extradición, lo que podría derivar en su traslado a una prisión federal. Mientras tanto, el empresario insiste en presentarse como víctima política, aunque su expediente muestra algo muy distinto: una larga historia de evasión fiscal, facturación falsa y desvío de recursos públicos.

BENITO MORA SEGOVIA
29 octubre, 2025 at 10:24 pm
ABSOLUTAMENTE N O !!
DEBE SER JUZADO Y SENTENCIADO A LA BREVEDAD POSIBLE!!
Mauro Buendía Luna
30 octubre, 2025 at 8:07 am
Como todo cobarde q elude su responsabilidad,se dice perseguido político