En 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que le había comprado a Altos Hornos de México una empresa de fertilizantes llamada Agro Nitrogenados, una planta “chatarra” que tenía 14 años fuera de operaciones y con equipos de 30 años de antigüedad.

De acuerdo con una investigación publicada por Quinto Elemento Lab., dicha transacción tuvo un costo de 475 millones de dólares, mismos que estaban destinados para la compra de los activos y a la rehabilitación de la planta.

Un mes después de dicho anuncio, Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, transfirió un millón 481 mil dólares a la cuenta bancaria de la compañía Grangemouth Trading Company, una de las varias empresas fachada montadas por la constructora brasileña Odebrecht para distribuir  en sobornos para la élite política de los países donde operaba, incluido México.

Un par de semanas posteriores, Altos Hornos de México volvió a transferir dinero a Grangemouth en dos ocasiones, cada una de ellas por un poco más de un millón 100 mil dólares.

Quinto Elemento Lab explica en su publicación que la primera operación tiene fecha del 26 de febrero y la otra del 10 de marzo de 2010, según los estados de cuenta de esa firma fantasma entregados al  Tribunal de Justicia de Brasil, mismos que forman parte de las 20 carpetas electrónicas a las que se tuvo acceso.

Ambas transferencias fueron hechas a la cuenta número 244087 que Grangemouth mantiene en el Meinl Back, institución financiera con sede en la isla caribeña de Antigua, perteneciente a funcionarios de Odebrecht con el objetivo de evadir los controles del sistema financiero internacional.

La investigación muestra que desde ese banco, y mediante otras compañías de papel, fueron operados libremente los sobornos destinados a presidentes, ministros, viceministros, congresistas, directores de empresas públicas e importantes políticos en una docena de países de América Latina y África.

Grangemouth Trading Company, una firma que carece de empleados y oficinas, con un domicilio virtual ubicado en un edificio de departamentos en Edinburgo, Escocia, también transfirió los 5 millones de dólares que se depositaron a Zecapan SA, la offshore a donde se hicieron llegar los sobornos dirigidos al ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, según los testimonios otorgados ante la justicia por tres ex altos funcionarios de Odebrecht.

Negociaciones entre Odebrecht y Lozoya

Quiento Elemento Lab explica que, en diciembre de 2016, Luis Alberto de Meneses Weyll, ex director de Odebrecht México, acudió a la Procuraduría General de Brasil para declarar lo que sabía sobre la corrupción entre esa empresa y el gobierno mexicano. A cambio de confesar cómo era la operación criminal y de entregar documentos que corroboren lo confesado, se le ofrecía una pena más benigna.

Así, detalló que conocía a Emilio Lozoya desde 2009, cuando éste era director para América Latina del Foro Económico Mundial y que, cuando supo que el gobierno de Enrique Peña Nieto quería construir una nueva refinería de Pemex en Hidalgo, retomó su contacto con él, para “obtener contratos”.

Tras reunirse con Lozoya y, siguiendo su consejo, De Meneses Weyll contó que se asoció con la empresa Construcciones Industriales Tapia, con sede en Tula, Hidalgo, y establecieron como meta en común el obtener contratos por unos 2 mil 500 millones de pesos, al adjudicarse obras para Pemex, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Cuando De Meneses Weyll descubrió que Lozoya se había convertido en uno de los líderes de la campaña del entonces candidato Peña Nieto, se citó con él para hablar sobre su posición política dentro del PRI.

Emilio Lozoya y Enrique Peña Nieto. Foto: Especial

Según su declaración, fue ahí donde Lozoya le dijo al brasileño que, tras haberlo ayudado con el posicionamiento de la compañía en Veracruz y Tula, “entendía que debía hacerle un pago del orden de 5 millones de dólares”.

En su confesión añadió que, de acuerdo con el potencial que Lozoya representaba y de los extensos beneficios que podría otorgarle a futuro, la empresa Odebrecht autorizó pagar cuatro millones al funcionario, mediante varias transferencias que se realizarían a lo largo del 2012.

Pocos días después, Lozoya entregó a la empresa el nombre de dos compañías offshore a las que se realizarían los depósitos: Latin American Asia Capital Holding y Zecapan SA, esta última registrada en las Islas Vírgenes Británicas y con cuentas en un banco del Principado de Liechtenstein.

Así, después de unos meses, la cuenta que Zecapan SA tenía en el Neue Bank había recibido cinco transferencias por un total de 5 millones de dólares, en transferencias realizadas entre el 3 de diciembre de 2013 y el 19 de marzo de 2014. Todos los depósitos provenían de Grangemouth Trading.

Pronósticos fallidos

Cuando Pemex anunció la adquisición de Agro Nitrogenados SA dijo, a través de un comunicado, que con dicha compra reactivaría la producción de hasta 990 mil toneladas anuales de urea a partir de 2015. Además, destacaba que la producción de urea representaría cerca de 75 por ciento de la demanda nacional de dicho insumo, estratégico para el agro nacional.

En ese entonces, se informó que la operación requeriría que Pemex pagara 475 millones de dólares, incluyendo la compra de construcciones, maquinaria y equipo, además de la rehabilitación y renovación de la planta.

De dicha cifra, 275 millones de dólares irían a la tesorería de Altos Hornos de México y otros 200 millones de dólares serían usados para echar a andar la planta 15 meses después, al terminar los trabajos de rehabilitación. Se estimaba que en noviembre de 2015 y en abril de 2016 comenzaran sus operaciones las dos fases de la planta de urea.

No obstante, las pronósticos no se cumplieron, pues las condiciones de Agro Nitrogenados estaban peor de lo previsto. Por ese motivo, en agosto de 2015, el Consejo de Administración de Pemex avaló destinar otros 285 millones de dólares para la rehabilitación de la planta, con lo que el costo hasta ese momento aumentó a 760 millones de dólares.

Posteriormente, a Pemex no le quedó más que establecer nuevas fechas para que la planta entrara en funcionamiento, esta vez en mayo de 2017 para una primera etapa y en el tercer trimestre del año para el resto, sin embargo, éstas tampoco se cumplieron.

Así, se opacaron los argumentos con los que se defendió la compra de Agro Nitrogenados en primer lugar: ni se sustituyeron las importaciones de urea a Irán, China o Ucrania; ni se incrementó la producción de granos en lugares como Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca o Chiapas; ni se redujo la importación de alimentos en esos años. De hecho, la planta inició pruebas de arranque apenas en mayo de este 2018.

Bajo la mira de la ASF

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó, en enero de 2016 que se fiscalizara la adquisición de Agro Nitrogenados. Al hacerlo, encontraron que la compra se realizó basándose en avalúos presentados por Altos Hornos de México “tres meses después de la formalización del contrato”, como mera formalidad, pues el valor de los activos se ajustó a hechos consumados, es decir, al monto de 275 millones de dólares previamente pactado.

De hecho, un avalúo previo a la compraventa realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, establecía que el valor de la compañía era de 160 millones de dólares. Esto quiere decir que la operación tuvo un sobrecosto de 95 millones de dólares.

Por otra parte, el 60 por ciento de la maquinaria y el equipo de Agro Nitrogenados era inservible, pues no se realizaron evaluaciones previas de los bienes comprados. Esto, según Pemex, se debió a que “el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería la garantía de los mismos”.

Además, en el contrato de compraventa “se consideraron 432 bienes valuados en 26 millones 265 mil dólares (337 millones 934 mil pesos) que posteriormente se calificaron como material en desuso o chatarra”.

Posteriormente, una segunda auditoría enfocada en el proceso y los costos de la rehabilitación encontró, entre otras cosas que:

  • Se adquirió una planta de fertilizantes con “equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad”.
  • La compra no tuvo estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad.
  • Existieron deficiencias en la evaluación de la propuesta.
  • Faltó control del presupuesto y de los tiempos estipulados en el contrato de rehabilitación.
  • Faltó experiencia de la empresa creada por Pemex para producir fertilizantes.
  • Aumentó el monto contratado sin justificación del aumento de costos.
  • No hay permisos ambientales.
  • No se cumplió con la norma sobre uso de asbesto en techumbres.

Mal aprovechamiento de los recursos

Pocos meses después de que Emilio Lozoya llegara a la Dirección General de Pemex echó a andar un proyecto estratégico de inversión llamado “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas 2013-2015”.

Este plan consistía en la adquisición de 41 vehículos terrestres y nueve aeronaves, así como la instalación de un Centro de Mando y Control con los principales objetivos de vigilar por tierra y aire la infraestructura e instalaciones estratégicas de Pemex, así como interceptar e interrumpir de manera rápida y efectiva las acciones del crimen organizado, mediante la movilización y el desplazamiento aéreo y terrestre del personal.

Esto, según los autores del proyecto, permitiría “abatir el mercado ilícito de combustibles” y otras actividades del crimen organizado”, para lo que se necesitaba dedicar un presupuesto significativo, de 2 mil 521 millones de pesos.

De todo ese presupuesto, la mitad se usó para comprar un avión Gulfstream G550, de 733.6 millones, un avión Cessna Sovereign, de 203.6 millones y un helicóptero Eurocopter EC-145, de 118.8 millones de pesos, para “el traslado de funcionarios de alto nivel para toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional”.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación quiso revisar ese proyecto y solicitaron las bitácoras de vuelo de dichas aeronaves, encontraron que las áreas responsables no tenían ningún registro de los destinos ni los pasajeros que hacían uso de ellas.

No obstante, la Secretaría de Defensa Nacional, cuyo personal conducía las aeronaves, accedió entregar esta información a los auditores, revelando lo siguiente:

  • Todos los vuelos tanto del Cessna Sovereign como del helicóptero Eurocopter sólo indicaron en sus bitácoras el destino al que se traslado el “DG” (Director General) y pasajeros, sin especificar los nombres de los acompañantes.
  • En el 2015, Emilio Lozoya realizó 727 traslados en el Eurocopter, lo que equivale a un promedio de dos viajes diarios, mismos que, según determinó la ASF, no eran ni “estratégicos” ni de “seguridad nacional”.
  • Tras revisar el origen y destino de los vuelos, destaca que Lozoya utilizóel helicóptero de Pemex para realizar 54 vuelos a la torre del Grupo Acerero del Norte, ubicada en Campos Eliseos 29, en Polanco, desde donde despacha Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México.