El Gobierno de Jalisco que encabeza el emecista Enrique Alfaro Ramírez contrató a una organización presidida por el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, para recibir asesoría sobre el proyecto en cuestión, así como la “posición del estado de Jalisco en el ejercicio de su soberanía originaria frente a otras autoridades” y el pacto fiscal.

De acuerdo con la periodista Sonia Serrano Íñiguez, de El Diario NTR Guadalajara, las autoridades jaliscienses contrataron al Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho debido a que “cuenta con el capital humano y la experiencia en las diferentes ramas del derecho que son necesarias para atender los requerimientos que el proyecto de refundación del estado conlleva”. El Gobierno de Enrique Alfaro defendió que la organización también “cuenta los profesionistas con conocimientos técnicos jurídicos idóneos” por la que requirieron la asesoría.

El medio local reveló que el contrato se firmó desde el pasado 30 de marzo cuando la pandemia por COVID-19 cumplió un año de haber llegado a dicha entidad federativa. Por parte del Gobierno del Estado firmó el director general de Abastecimientos de la Secretaría de Administración, Luis Arturo López Sahagún,  mientras que por parte de la asociación lo hizo Gabino González Santos.

El ex ministro José Ramón Cosío. Foto: Especial.

Y aunque el monto del servicio ameritaba someterlo a concurso, la solicitud de contratación  por adjudicación directa se hizo el  24 de marzo por el director de Servicios Generales de la Oficialía Mayor, César Damián Macías Chávez, y por el oficial mayor, Carlos Mercado Tinoco, ambos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno (SGG). Sin embargo, en dichos documentos no se incluyó aquellos en los que se justifique la solicitud y fue hasta el 29 del mismo mes en que respondieron a la periodista.

De acuerdo con la precisiones del contrato que expone la periodista,  la asociación civil prestará los servicios de “asesoría, servicio de asesoría integral, que comprende la prevención y revisión litigiosa de iniciativas y proyectos de ley, el análisis sobre la posición del estado de Jalisco en el ejercicio de su soberanía originaria frente a otras autoridades para garantizar asesoría y apoyo en todas las etapas que implicará el proyecto de refundación del análisis y propuesta sobre la línea de transformación del Gobierno del estado”.

El Diario NTR Guadalajara recalcó que el pago por dichos servicios será de tres millones 74 mil pesos, los cuales se pagarán en tres partes. El primero de éstos se dará cuando se entreguen los papeles en los que se establecerán “las circunstancias del estado para mantenerse en él (no se explica), recuperando condiciones de reparto más equitativas, sin dejar de tomar en cuenta el elemento compensatorio, que se considere de nuevo el componente federal como eje fundamental del sistema”.

En esta primera entrega, el Gobierno jalisciense también espera que concreten de “manera programática” las condiciones para que el estado desarrolle su propio sistema tributario y que con ello se refuercen “las capacidades recaudatorias y de fiscalización del Gobierno del estado y de los municipios, así como de elementos normativos para establecer una coordinación con los gobiernos municipales hacia el futuro”.

Foto: Especial.

La segunda parte del informe, como lo reportó Sonia Serrano, debe entregarse a más tardar el 31 de agosto de este 2021, y se conformará con las acciones y políticas en materia de desarrollo económico sostenible “con especial énfasis en materia energética de medio ambiente para colocar al estado en vanguardia competitiva”.

Finalmente, la última entrega del reporte, con el cual también se liquidaría la deuda con el Instituto presidido por José Ramón Cossío, será un informe de seguimiento a los “casos litigiosos” iniciados el año pasado por la administración estatal, tras la presentación de las controversias constitucionales 99/2020 y 188/2020.

Cabe recordar que la primera de éstas se interpuso por estar en contra de la política energética federal y la segunda por la eliminación de fideicomisos públicos.

La controversia 188/2020 fue rechazada en diciembre por la SCJN, pero se presentó un recurso de reclamación.

En abril de 2020, el Gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, respaldó la propuesta de los empresarios de su entidad para que el Gobierno Federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, convocara a una Convención Nacional Hacendaria para revisar y actualizar el pacto fiscal.

Alfaro Ramírez ha utilizado esta estrategia del pacto fiscal para colocarse como el único ariete capaz de derrotar a Morena en el 2024 y colocarse en la posición de candidato presidencial, aunque en su discurso ha asegurado de manera reiterada que se retirará al terminar su mandato. Para ello ha desembolsado grandes cantidades de dinero destinadas a promover su imagen con entrevistas presuntamente arregladas, la mayoría de ellas con comunicadores y locutores de música y espectáculos.

“Yo estoy a favor de que se revise el pacto fiscal, pero si no hay voluntad de la Federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente”, ha dicho el gobernador en un tono beligerante.

El pasado 15 de marzo, el Presidente López Obrador exhibió al Ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz como ejemplo de lo que considera los excesos que los jueces cometen a contrapelo de la justicia en México.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Foto: Presidencia de la República.

El mandatario, quien desde una semana antes mantuvo una polémica con los juzgadores mexicanos, luego de que el Juez Juan Pablo Gómez Fierro otorgara una suspensión provisional a un particular y resolviera ampliarlo a todos los que se oponen a la “Ley Eléctrica”, aprobada por el Poder Legislativo, expuso que durante su paso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Cossío Díaz votó en contra de los intereses de los más débiles para favorecer a un puñado de privilegiados.

En su conferencia mañanera, el Jefe del Ejecutivo federal enlistó algunos de los casos más polémicos del juzgador durante su paso como Magistrado del Tribunal más alto del país, que fue del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2018. Cossío fue nominado por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada y ratificado por el Senado de la República, que hace ya casi 23 años tenía una mayoría panista y priista.