Hace 18 años, Vicente Fox y su amigo, el arquitecto, Humberto Artigas, desviaron cerca de 39 millones de pesos, mediante la firma arquitectónica de Artigas, para la supuesta remodelación de Los Pinos, misma que habitó durante los seis años de su mandato.

Además de favorecer a su amigo, la auditoría 2015 -extraviada por la Secretaría de la Función Pública- reveló que Fox cometió irregularidades como:

  • Adjudicaciones directas
  • Subcontrataciones
  • Pagos anticipados previos a la celebración de contratos
  • Sobreprecios
  • Incumplimiento y duplicidad de convenios
  • Triangulación del gasto público
  • Falta de entrega de bienes
  • Suministro de objetos no requeridos y opacidad

Adjudicación directa

En el expediente de 365 hojas -del cual el portal Contralínea tiene una copia- se muestra que el Gobierno de Fox otorgó a la firma de arquitectos Humberto Artigas y Asociados SC los siguientes contratos por adjudicación directa:

  • Contrato AD-009-01 para las obras en la Residencia Miguel Alemán por 30 millones 88 mil 782 pesos
  • Contrato “sin número” para obras exteriores por 14 millones 667 mil 631 pesos
  • Contrato “sin número” para remodelación de la casa anexa, por 8 millones 617 mil 997 pesos
  • Contrato AD-269-00 para la remodelación de las cabañas 1 y 2 por 8 millones 521 mil 545 pesos

La residencia Miguel Alemán es la casa principal de Los Pinos. Foto: internet

Además la Dirección General de Administración de la Presidencia de la República -bajo representación de Alberto Ordóñez Benítez- entregó por adjudicación directa dos contratos más a la empresa MYO SA de CV, representada por la arquitecta Rosalía Morales Arámbula:

  • Contrato AD-267-00, por 2 millones 950 mil 558 pesos
  • Contrato AD-268-00 por 1 millón 734 mil 338 pesos

Ambos para la supuesta adquisición de mobiliario, equipo, enseres, accesorios y blancos.

En aquél entonces, el contador público Roberto Muñoz Leos, entonces director general de la Auditoría Gubernamental, dio cuenta de las irregularidades cometidas en las adquisiciones de la Presidencia al titular de la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial.

Muñoz Leos solicitaba que se promovieran los procedimientos disciplinarios de responsabilidades y, en su caso, se aplicaran las sanciones conducentes, pero la petición no procedió.

El ex presidente Vicente Fox. Foto: Especial

La auditoría hecha aquél entonces señala que los contratos de obra pública entregados por adjudicación directa sumaron 61 millones 895 mil 899 pesos, e identificaba a los responsables con nombre y apellido.

El asesor y coordinador administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Rojas Magnon y el coordinador de Adquisiciones, Alberto Ordoñez Benítez, entregaron la adjudicación directa del contrato AD-269-00 para la remodelación de las cabañas 1 y 2.

Por su parte, el brigadier Jesús Javier Castillo Cabrera, subjefe administrativo del cuerpo de Seguridad, firmó el contrato AD-009-01 y dos convenios más “sin número” para la “remodelación de la casa Miguel Alemán, casa anexa y obras exteriores” de Los Pinos, por 53 millones 374 mil 411 pesos.

Subcontrataciones y desvíos

La estructura de corrupción generada a raíz de la remodelación en Los Pinos causó un daño patrimonial de cerca de 39 millones de pesos, de acuerdo con la información revelada en la auditoría 2015 de la que Contralínea tiene copia.

De acuerdo con esos datos, el desvío de recursos fue posible a través de la subcontratación de 10 empresas satélites, de las cuales, varias eran sólo fachada, sin oficinas ni empleados, usadas para general facturas globales que superaban los 5 millones de pesos, en donde ni siquiera se especificaban los conceptos por los cuales se pagaba.

Al respecto, Contralínea entrevistó al abogado Roberto Tapia, especialista en derecho administrativo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien calificó como fraude la creación de empresas sin oficinas ni empleados.

Agregó que tanto el arquitecto como la representación de la Presidencia violaron la Ley de Obras Públicas y Servicios, específicamente los artículos 134 y 27.

La auditoría revela que, entre diciembre de 2000 y junio de 2001, la empresa de Humberto Artigas emitió facturas por un total de 23 millones 833 mil pesos.

Una fracción de esa suma se entregó a empresas satélite, aunque no contaban con “infraestructura y capacidad técnica y financiera para el desarrollo de los trabajos, lo que no garantiza las mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias pertinentes”.

El ex presidente de México Vicente Fox. Foto: Especial.

Un ejemplo fue la empresa Grupo Aicon SA de CV, a la cual la empresa de Artigas le facturó 2 millones 500 mil pesos por concepto de “pago a cuenta de remodelación [de las cabañas] 1 y 2 de la residencia oficial de Los Pinos”.

En ese entonces, la empresa Aicon figuraba en los documentos fiscales con el RFC GAI-991208SF3, pero actualmente ya no aparece en el padrón de contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Y ese caso se repite con otras 10 subcontrataciones a diferentes empresas, de las cuales solamente Construcciones y Destajo Especiales SA de CV cuenta con un RFC válido para recibir comprobantes fiscales.

“Durante el tiempo de la remodelación a Los Pinos estaba vigente la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, en la cual se establecía como una irregularidad grave el no llevar a cabo la contratación de obra pública a través de licitaciones públicas, de acuerdo con el artículo 134 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas”, dijo el abogado Tapia a Contralínea.

También indicó que, si esas irregularidades hubiesen sido presentadas ante un juez, la firma arquitectónica hubiera sido inhabilitada por al menos 20 años para volverse a contratar con el Estado, aunque no tendría ninguna pena de cárcel.

“La Secretaría de  la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora Secretaría de la Función Pública, se debió haber hecho cargo de este caso, no sólo por las irregularidades que se presentan en la auditoría, sino también por la desaparición de documentos públicos como lo fue la auditoría, ya que durante los siguientes sexenios desapareció”, afirma el licenciado Tapia.

Pagos anticipados: violaciones a la ley

En la auditoría de 2015 también se documentó que, mediante el contrato AD-0009-001, entregado a la empresa de Artigas, se realizaron pagos anticipados en forma de préstamos, lo que va en contra de la ley.

Foto tomada del libro “Los Pinos. Ésta es tu casa”.

El primer pago de este tipo se hizo el 25 de enero de 2001, por 1 millón 700 mil pesos, y fue justificado con varias facturas que ascienden a un valor de aproximadamente 11 millones de pesos.

Luego se entregó un cheque a nombre del arquitecto por 7 millones 900 mil pesos. El anticipo se fundamentó con una factura emitida luego de que la Presidencia generara el cheque.

En total, la empresa de Artigas recibió tres cheques que sumaban un valor total de 10 millones 962 mil pesos.

Según el documento, fue el ingeniero Joaquín Cortina y López Negrete, entonces Director General de Administración, quien solicitó el crédito.

“Dada la necesidad urgente de contar con recursos para el desarrollo de diversos trabajos en la residencia oficial de Los Pinos, se puede solucionar entregando un préstamo con cargo a deudores diversos al EMP, para que éste a su vez lo utilice para cubrir a la empresa del arquitecto Humberto Artigas y Asociados SC, sus necesidades urgentes”, indicaba una carta enviada por éste a María Isabel Jiménez Almaraz, directora de Finanzas.

De acuerdo con la cronología, el ingeniero Joaquín Cortina solicitó los recursos para el préstamo el día 8 de febrero y el día 9 fue entregado el cheque de pago al encargado del cuerpo de seguridad presidencial, Jesús Javier Castillo.

Además, los créditos no fueron manejados directamente, sino que el dinero público pasaba del EMP a la Dirección General de Administración de la Presidencia y luego se transfería a la empresa de Artigas, quien lo diseminaba en las otras 10 empresas subcontratadas.

De acuerdo con la auditoría, dichos pagos pusieron al Gobierno Federal en un estado de indefensión, ya que no podía hacer ningún reclamo a la empresa contratada y limitaba la posibilidad de sancionarla.

Por ese motivo, se violó el artículo 21 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas y el artículo 40 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.

Un sinfín de irregularidades

También fueron detectados contratos duplicados, como el AD-269-00, firmado el 15 de diciembre de 2000 y luego el día 20 del mismo mes. Por esta duplicidad, se hizo un pago doble por 6 millones 336 mil 500 pesos.

Además, el costo de la obra aumentó en 34 por ciento, sin importar que la ley de aquél entonces sólo permitiera un incremento de hasta 25 por ciento.

Y eso no fue todo. También se detectó que hubo gastos excesivos en la compra de equipo y enseres domésticos.

La auditoría reveló una lista de más de 400 artículos entregados a Fox para su uso personal, entre los que destacan:

  • Un tapete de 4.50 por 4.50 metros tipo soumak, con valor de 74 mil 570 pesos
  • Cuatro juegos de sábanas modelo wamsutta, de 38 mil 570 pesos cada uno, es decir, 154 mil 280 pesos en total
  • Dos cortinas de loneta importada y forro blackout por 32 mil 200 pesos cada una, es decir, 64 mil 400 pesos en total
  • Un tapete de 4 por 7 metros tipo soumak de 86 mil 250 pesos
  • Un tapete tipo soumak de 6.50 por 4.50 metros con un precio de 74 mil 750 pesos
  • Una vajilla modelo bavaria en porcelana de 40 mil 250 pesos

La compra de mobiliario, enseres, utensilios de cocina y blancos también fue autorizada por adjudicación directa, por un total de 4 millones 684 mil 896 pesos.

Asimismo se autorizó indebidamente un anticipo por parte de la Dirección de Finanzas de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia, la cual no tenía permiso de la Oficialía Mayor o alguna autoridad equivalente, por 1 millón 405 mil 469 pesos mediante cuentas por liquidar certificadas.

Además, el convenio hecho con la empresa MYO recibió el 100 por ciento del pago por parte del Comité de Adquisiciones, pero el proveedor sólo entregó 54 por ciento de los artículos solicitados, 204 bienes -por 2 millones 550 mil 597 pesos-, de los 475 requeridos.

Por esta razón, la auditoría determinó que hubo un sobreprecio de 636 por ciento, aunado a la falta de transparencia, mal financiamiento, vacíos legales para reclamar el incumplimiento de contrato y desvío de recursos al pagar objetos no requeridos.

Pese a todo lo anteriormente enunciado, la empresa del arquitecto jamás se hizo responsable ni fue inhabilitada para futuros trabajos a costa del erario. Hasta ahora, ni el expresidente Vicente Fox ni el arquitecto Artigas han sido llamado a cuentas por el desfalco a la nación.