La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró este jueves la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, impulsada por el Presidente Enrique Peña Nieto para legalizar la participación del ejército en tareas de seguridad pública.
Nueve ministros, incluido el presidente de la SCJN, Luis María Aguilar, votaron a favor de que se anulara la legislación. Únicamente el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo defendió su proyecto para que se declarara la constitucionalidad de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.
“En mi opinión, la Ley de Seguridad Interior no está regulando la seguridad pública y tampoco está empoderando a las Fuerzas Armadas”, dijo durante la sesión.
Luis María Aguilar Morales, ministro presidente de la Suprema Corte. Foto: Cuartoscuro
Seis de los ministros consideraron que el Congreso no tiene la facultad para emitir la Ley de Seguridad, entre ellos: Eduardo Medina Mora, José Ramón Cossío, José Fernando Franco, Arturo Zaldívar, Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek.
En tanto, el ministro presidente, Luis María Aguilar, y el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz se pronunciaron en torno que el Poder Ejecutivo sí tiene competencia para expedir la ley, pero que la legislación debe ser anulada por numerosos defectos.
Aunque nunca se hizo una declaratoria oficial de la Ley de Seguridad Interior, ésta, estuvo vigente desde diciembre pasado y tendrá que dejar de aplicar sus efectos de forma inmediata.
Algunos ministros consideraron que el Poder Legislativo sí tiene facultad para legislar en materia de seguridad interior, pero reconocieron que la eliminación de varios artículos —por ser inconstitucionales— dejaría una ley desarticulada.
“Desarticulada por incomprensible e impráctica” y podría generar “un mal mayor”, expresó el presidente de la Corte, Luis María Aguilar.
Ejército mexicano. Foto: Especial
El rechazo a la ley en el Corte quedó en plena evidencia desde el martes pasado, cuando faltaron sólo dos de los ocho votos de la mayoría calificada.
La Ley de Seguridad Interior fue duramente criticada por organizaciones de la sociedad civil que alertaron que la legislación ponía en riesgo los derechos humanos y perpetuaba un modelo fallido de seguridad en México.
