La Cámara de Diputados declaró constitucional este 28 de abril la reforma al artículo 73 de la Constitución Política, que otorga al Congreso de la Unión la facultad de expedir una Ley General en materia de feminicidio. La reforma, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, obtuvo el aval de 27 congresos locales de todo el país, cumpliendo así el requisito constitucional para su declaratoria.
“El Congreso de la Unión, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, declara reformado el artículo 73, fracción XXI, inciso a) de la Constitución Política, en materia de feminicidio. Se remite a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales”, palabras de la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Kenia López Rabadán.
Kenia López Rabadán, formalizó el proceso al remitir el decreto a la Cámara de Senadores para sus efectos constitucionales. La reforma establece que la futura legislación deberá contener, como mínimo, los tipos penales y las sanciones correspondientes, y fija un plazo de 180 días naturales para que el Congreso expida la ley una vez que entre en vigor la modificación constitucional.
FOTO: PRESIDENCIA
El nuevo marco jurídico busca homologar en todo el territorio nacional los criterios de prevención, investigación y sanción del feminicidio, fortaleciendo la coordinación entre instituciones y niveles de gobierno. La iniciativa se alinea con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030 y representa un avance en la procuración de justicia con perspectiva de género, poniendo en el centro los derechos humanos de mujeres y niñas.
El contexto que da urgencia a esta reforma es innegable como describen datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reportó 148 feminicidios en el primer trimestre de 2026, con Sinaloa, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México y Sonora entre las entidades con mayor incidencia. La nueva legislación general apunta a reducir la impunidad y sentar bases uniformes que el Estado mexicano necesita para enfrentar una de las expresiones más graves de la violencia de género.
