La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó las ocho controversias constitucionales promovidas por gobernadores de oposición contra la extinción de 109 fideicomisos y fondos públicos, propuesta por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador en 2020 al concluir que la medida no invadió competencias estatales, ni vulneró el pacto federal.
Por unanimidad, el Pleno avaló los proyectos del ministro Arístides Guerrero García y declaró infundadas las impugnaciones presentadas por los entonces gobiernos de Jalisco, Chihuahua, Nuevo León, Guanajuato, Tamaulipas, Aguascalientes, Coahuila y Michoacán. La Corte determinó que la desaparición de los fideicomisos no implicó intromisión en las atribuciones de las entidades federativas, sino únicamente una modificación en los mecanismos de colaboración entre la Federación y los estados.
En su exposición, el ministro Guerrero subrayó que las demandas se sustentaron en argumentos genéricos y no acreditaron una afectación concreta a facultades constitucionales de los estados.
“Se sostuvo la utilidad de los fideicomisos, pero no se demostró la vulneración de atribuciones reconocidas por la Constitución”, planteó el ponente.
Durante la sesión, Guerrero también exhibió a la anterior integración de la SCJN al mostrar que las controversias permanecieron más de cuatro años sin resolverse, pese a que la instrucción de los juicios había concluido.
“No caeré en la narrativa de si la anterior Corte fue buena o mala, pero sí lo quiero decir de manera muy clara: fue muy irresponsable”, afirmó, al señalar que los asuntos estuvieron archivados sin dictamen durante ese periodo.
Recordó además que en mayo de 2024 el entonces ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena había presentado proyectos en un sentido similar al aprobado ahora, pero nunca fueron discutidos por el Pleno.
La Ministra Lenia Batres Guadarrama respaldó la validez del decreto y sostuvo que el esquema de fideicomisos permitió durante años un manejo opaco, discrecional y poco transparente de recursos públicos. Señaló que la Auditoría Superior de la Federación documentó deficiencias recurrentes, como falta de rendición de cuentas, irregularidades, desvíos y distribución inequitativa de recursos, lo que, dijo, justificó su eliminación conforme a los principios constitucionales de rectoría del Estado y transparencia.
La extinción de los fideicomisos fue impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador en el contexto de la pandemia de covid-19, y permitió al gobierno federal disponer de más de 68 mil millones de pesos. Al cierre del segundo semestre de 2024, 102 de los 109 fideicomisos ya habían sido extinguidos y sus recursos transferidos a la Tesorería de la Federación.
Aunque esta resolución no pone fin a todos los litigios, sí cierra la vía de las controversias promovidas por los gobiernos estatales. La Corte aún tiene pendiente resolver una acción de inconstitucionalidad presentada por senadores de oposición contra la extinción de los fideicomisos, cuyo proyecto también deberá ser presentado por el ministro Guerrero.
La sesión marcó además la primera participación del nuevo secretario general de Acuerdos, Daniel Álvarez Toledo, tras la salida de Rafael Coello, quien ocupó el cargo desde 2009.
