El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, reveló que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) con Norma Piña dejó un déficit financiero cercano a 14 mil millones de pesos, así como graves carencias materiales y de mantenimiento que afectaron directamente la operación del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Durante la presentación de su primer informe de labores, correspondiente a los primeros 100 días al frente del OAJ, Vargas Solano advirtió que estas irregularidades pusieron en riesgo incluso el pago de salarios de más de 50 mil trabajadores, ya que no existía un tabulador vigente para cubrir la nómina en la primera quincena de septiembre. Ante esta situación, señaló, ya se dio vista a la Contraloría.
El funcionario afirmó que lo detectado refleja un problema heredado del CJF, otrora encabezado por Norma Piña Hernández, caracterizado por redes internas que beneficiaban a unos cuantos y que operaban al margen de las necesidades reales del personal judicial.
“Estamos frente a un hecho histórico”, afirmó, al señalar que estas prácticas están siendo desmanteladas.
Entre las principales anomalías encontradas destacó la falta de mantenimiento en inmuebles, la carencia de equipos básicos como impresoras y escáneres, la ausencia de coordinación entre áreas administrativas y una crisis en la gestión de archivos judiciales, con depósitos documentales ocupados hasta en un 98 por ciento de su capacidad.
Vargas Solano explicó que tampoco se realizaron los estudios jurídicos, presupuestales y financieros necesarios para atender los pagos previstos en el artículo décimo transitorio de la reforma judicial, relacionados con jueces y magistrados que participaron en el proceso electoral o que renunciaron a sus cargos.
Ante este panorama, el OAJ implementó acciones inmediatas para corregir las fallas detectadas. Entre ellas, la creación de un nuevo tabulador salarial para el personal del OAJ y del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), que incluye cargos surgidos tras la reforma judicial. Aclaró que los niveles 12 al 34 de la plantilla laboral no vieron afectadas sus prestaciones.
Asimismo, se eliminaron beneficios como el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de separación individualizada para los niveles más altos y para personal de nuevo ingreso, como parte de una política de austeridad y uso responsable de recursos públicos.
En materia de seguridad, el informe destaca que la Coordinación de Seguridad del PJF trabaja en la actualización del Plan Estratégico de Seguridad Institucional 2023–2026, así como de protocolos para atención de emergencias, disturbios, manifestaciones, agresiones armadas y protección de instalaciones judiciales.
El presidente del OAJ aseguró que, a poco más de tres meses de su creación, el nuevo órgano ha sentado las bases de una administración judicial más eficiente y transparente, claramente separada de las funciones jurisdiccionales, con el objetivo de garantizar una impartición de justicia funcional y acorde a las exigencias actuales del país.
