Durante la presidencia de Norma Lucía Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), el órgano disciplinario recibió 9 mil 871 denuncias entre 2023 y 2024 de los cuales, solo 4% derivaron en sanciones, es decir, 381 funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) fueron castigados pese a la magnitud de las acusaciones.
Los informes oficiales revelan que en 2023 se registraron 5 mil 289 quejas por presuntos actos de corrupción, nepotismo, acoso laboral y sexual, abuso de funciones y violaciones a los principios de legalidad y honradez. De ellas, 3 mil 964 fueron declaradas improcedentes y únicamente 585 se consideraron procedentes. Ese año se emitieron 103 sanciones, entre ellas 39 amonestaciones públicas, 17 suspensiones, cinco destituciones y nueve inhabilitaciones.
En 2024, el comportamiento fue similar ya que el CJF recibió 4 mil 582 denuncias, pero solo 605 se admitieron. El resto, 3 mil 500, volvió a clasificarse como improcedente o incompetente. Ese periodo cerró con sanciones que incluyeron 21 inhabilitaciones, 121 amonestaciones privadas, 61 públicas, 59 suspensiones y 11 destituciones.
Pese al volumen de señalamientos por conductas graves dentro del Poder Judicial, el bajo porcentaje de resoluciones disciplinarias evidenció una estructura limitada para combatir la corrupción, así como una tendencia a la opacidad durante la administración de Piña Hernández.
Cabe destacar que la semana pasada, en el marco de la Reforma Judicial, se instaló la Comisión de Disciplina del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano con facultades reforzadas que sustituye al CJF en tareas de supervisión y sanción.
Presidida por el magistrado Rufino H. León Tovar, e integrada por Celia Maya García y Bernardo Bátiz Vázquez, la nueva comisión se comprometió a enfrentar de manera frontal las irregularidades que durante años quedaron sin castigo.
León Tovar aseguró que el Tribunal actuará con transparencia, imparcialidad y firmeza, y que los procesos garantizarán el debido proceso, pero sin tolerar la corrupción interna. “No habrá espacio para la impunidad; la ley será aplicada sin importar el cargo o la jerarquía de quien la transgreda”, afirmó.
El organismo también prometió accesibilidad para los denunciantes, así como procedimientos más ágiles y públicos, perfilándose como uno de los pilares de la nueva arquitectura judicial orientada a limpiar el sistema de malas prácticas históricas.
