La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puso punto final a las impugnaciones contra Tania Contreras López, quien fue electa como presidenta del Tribunal de Justicia de Tamaulipas, al determinar que ni el PAN ni una ciudadana particular tenían el interés jurídico necesario para cuestionar el proceso.
Con una votación de cuatro magistraturas a favor y un voto particular parcial del magistrado Reyes Rodríguez, el Tribunal confirmó que el desechamiento de dichas demandas fue correcto. El magistrado Felipe Fuentes, ponente del proyecto, subrayó que lo que estaba en análisis no era la idoneidad de Contreras, sino si el tribunal local actuó correctamente al rechazar las impugnaciones.
“Lo que se revisa aquí no es si la persona electa cumple o no con los requisitos, sino si quienes presentaron la queja tenían legitimidad para hacerlo. Y la respuesta es que no”, explicó Fuentes.
El fallo recordó que el Tribunal local nunca entró al fondo del asunto, pues no discutió si Contreras cumplía con los requisitos para presidir el órgano de justicia. El tema en cuestión fue otro, y es que ni el PAN ni la ciudadana que presentó el recurso tenían un vínculo legal directo con la elección interna como para exigir su invalidez.
La legislación electoral de Tamaulipas es clara en el asunto, solo los aspirantes a la presidencia del Tribunal pueden presentar recursos de inconformidad por la elección de la persona designada. En este caso, ninguno de los impugnantes participó en ese proceso como candidato o candidata.
Tania Contreras ha sido víctima de una guerra sucia en su contra, principalmente orquestada por el medio digital “Código Magenta”, las cuales fueron catalogadas como infundadas y calumniosas, por el Tribunal Electoral del Estado en Tamaulipas (TRIELTAM).
Tania Contreras, aspirante al Poder Judicial
El Pleno del Tribunal concluyó que dichas publicaciones, al carecer de sustento, atentaban contra la dignidad de Contreras López. Con lo anterior, el Tribunal Electoral refirió que así garantizó la “protección de los derechos políticos de las candidatas y los candidatos que participan en la contienda electoral y asegura un proceso electoral libre de violencia de género”.
