Tribunal echa para abajo primera condena de la Estafa Maestra

El caso de la “Estafa Maestra” recibió este martes un duro golpe judicial. El Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México revocó de manera definitiva la primera sentencia condenatoria que había sido dictada en un juicio relacionado con esta trama de corrupción que desvió miles de millones de pesos desde dependencias del gobierno federal a través de universidades públicas.

La resolución favorece a Martha Lidia Montoya Santos, exdirectora de Recursos Financieros de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), quien había sido condenada en 2023 a seis meses de prisión y al pago de una multa de poco más de 2 mil pesos por el presunto pago irregular de 7.8 millones de pesos a la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).

El tribunal concluyó, por unanimidad, que la sentencia del juez de primera instancia fue improcedente debido a una modificación indebida de los hechos imputados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Según la acusación, Montoya fue señalada de haber pagado ilegalmente una factura correspondiente al contrato suscrito entre la Sedesol y la UNACH, para la supuesta creación de comités comunitarios como parte de la Cruzada Nacional Contra el Hambre. No obstante, el juez que la sentenció modificó los cargos, concluyendo que autorizó un pago más que realizarlo directamente.

“El ‘pagar’ y el ‘autorizar el pago’ son hechos distintos y con implicaciones legales diferentes”, señalaron los magistrados del Tribunal. Por ello, consideraron que el juez transgredió principios fundamentales del sistema penal acusatorio, como la imparcialidad y el derecho a la defensa.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) había intentado revocar la absolución mediante un juicio de amparo, pero el tribunal colegiado desechó el recurso, dando así cierre definitivo al proceso.

Ya libró dos juicios; queda uno pendiente

Con esta decisión, Montoya Santos ha quedado absuelta de dos de los tres procesos penales que enfrentaba por su presunta participación en la Estafa Maestra.

Además del caso UNACH, también fue exonerada en un proceso relacionado con el pago de 400 millones de pesos de Sedesol a la Universidad Politécnica de Chiapas (UPCH), destinados a la supervisión de comedores comunitarios en el Estado de México. En ese caso, la universidad subcontrató a Productos Serel —empresa vinculada a G. K. y J. L.—, en violación a la Ley de Adquisiciones.

El único juicio aún en curso contra Montoya tiene que ver con un contrato por 20 millones de pesos entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Politécnica de Quintana Roo.

Esta decisión judicial se da en un contexto de creciente desarticulación del caso “Estafa Maestra”, en el que las condenas han sido mínimas o revertidas, y los principales responsables políticos siguen libres. La exsecretaria de Sedesol y Sedatu, Rosario Robles, estuvo presa por más de tres años, pero no ha sido sentenciada por estos hechos, mientras que funcionarios señalados por firmar convenios y autorizar pagos millonarios, como Montoya, comienzan a salir librados judicialmente.

El caso, que en su momento fue presentado como una investigación emblemática de combate a la corrupción, parece desinflarse poco a poco entre tecnicismos legales, amparos y una estructura judicial que, en múltiples ocasiones, ha favorecido la impunidad.