Siete Gobernadores del PRI, PAN y MC anunciaron la creación de un frente para pelear legalmente en contra de las decisiones del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador por las supuestas afectaciones que tendrán sus respectivas entidades.

El frente, conformado por los Gobernadores de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Durango, Colima y Jalisco, censuró especialmente el freno a la inversión privada en energías limpias que decretó la Cuarta Transformación.

Además, amenazaron con proceder jurídicamente si el Gobierno de AMLO no se retracta ante dicha decisión.

Según anunciaron los Gobernadores, en una primera estimación el freno a estas energías afectaría inversiones por más de 10 mil 115 millones de dólares a sus Estados, ocasionará mayor contaminación y contraviene acuerdos internacionales.

Solicitamos al Gobierno Federal cancele definitivamente el acuerdo publicado por el Cenace (Centro Nacional de Control de Energía), dijo el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Gracía Cabeza de Vaca al leer el manifiesto.

“Nos reservamos el derecho de actuar jurídicamente para defender el derecho de los mexicanos a un medio ambiente sano, la generación de energías renovables y las tarfias eléctricas más bajas que mereces los ciudadanos”.

En un inicio, el bloque estaba conformado por los estados del Noreste, cuando en marzo pasado los mandatarios de Nuevo León, Jaime Rodríguez; de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y el de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, coordinaban acciones contra el coronavirus.

Poco a poco fueron sumando más temas a la mesa, como el Pacto Fiscal, y fueron sumándose otros Gobernadores, como Silvano Aureoles, de Michoacán; de Durango, José Rosas; de Colima, Ignacio Peralta y de Jalisco, Enrique Alfaro.

¿Qué indica el pacto?

En el acuerdo, los Gobernadores exigen cancelar el acuerdo de CENACE.

De igual forma, se comprometen a dar seguimiento a:

  • Presentar controversia constitucional contra la Ley de Coordinación Fiscal.
  • Analizar facultades dadas al Ejército y la Marina para intervenir en seguridad.
  • Establecer protocolos comunes para la reactivación económica.
  • Exigir pagos de los Estados por emergencia sanitaria.
  • Acelerar entrega de fondos para Estados y municipios.