Doce exfuncionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que firmaron convenios relacionados con La Estafa Maestra cuando Rosario Robles se desempeñaba como titular de esa dependencia, repitieron cargos en la Secretaría de Desarrollo Urbano (Sedatu) cuando dicha funcionaria llegó a esa dirección.

Animal Político señala en una publicación que, sólo por los convenios en la Sedesol, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso seis denuncias penales entre 2015 y 2016 en contra de esa Secretaría, siete universidades y el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por el presunto desvío de recursos.

Rosario Robles compareció en la Cámara de Diputados para enfrentar el desvío de miles de millones de pesos. Foto: Especial.

Además, indica que otros cuatro funcionarios que dejaron la Sedesol y llegaron a la Sedatu bajo el mando de Robles en ambos casos, firmaron convenios en Sedatu que fueron señalados por la ASF por presentar supuestas irregularidades.

En total suman 16 funcionarios los que tuvieron cargos en Sedesol y Sedatu y que firmaron 28 convenios, por una suma de 3 mil 258 millones de pesos, con universidades y organismos de comunicación entre 2013 y 2016 en ambas dependencias.

De acuerdo con la ASF, esos convenios son parte del mismo modus operandi que ocurrió en Sedesol y Sedatu, el cual, según la investigación de La Estafa Maestra, las secretarías hicieron acuerdos con las instituciones públicas para hacer supuestos servicios, pero éstas a su vez subcontrataron a empresas irregulares que simularon el servicio, o no los realizaron, y los recursos públicos desaparecieron.

Los funcionarios implicados

Animal Político indicó que, a través de 50 solicitudes de información, identificó a los funcionarios que firmaron los convenios y, además, se revisó su historial laboral en Declaranet y se analizó el expediente sobre la investigación realizada por el Órgano Interno de Control de la Sedesol. Los funcionarios son:

Emilio Zebadúa

Es el funcionario de más alto nivel que firmó los convenios que investiga la ASF y que fueron denunciados ante la PGR ha sido Oficial Mayor tanto en la Sedesol como en la Sedatu. Su nombramiento, de hecho, depende directamente del titular de las dependencias, que en ambos casos se trató de Rosario Robles.

Como Oficial Mayor de la Sedesol, Zebadúa firmó los primeros convenios protocolarios con la Universidad de Morelos y del Estado de México. Con ellos, la dependencia hizo al menos seis convenios por mil 195 millones de pesos para hacer supuestos servicios de la Cruzada Nacional contra el Hambre, la gran estrategia para combatir la propuesta del presidente Enrique Peña Nieto.

 

La ASF encontró, en la Cuenta Pública de 2013, que los servicios no se cumplieron y estableció que presuntamente hubo una “simulación de operaciones” por lo que fueron interpuestas seis denuncias penales entre 2015 y 2017.

Luego, en septiembre de 2015, fue nombrado nuevamente por Rosario Robles como Oficial Mayor, esta vez en la Sedatu.

Ahí, siete funcionarios -de los cuales tres dependían directamete de robles y 1 de Zebadúa- firmaron al menos 12 convenios con el mismo modus operandi con universidades y organismos de comunicación, sumando mil 24 millones de pesos en 2015 y 2016, según informó la ASF en la Cuenta Pública de ambos años.

Zebadúa se desempeñó como consejero en el Instituto Nacional Electoral en 2000; secretario de Gobierno de Chiapas durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía y Presidente de la Fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

Ramón Sosamontes

Jefe de la Oficina de la Sedesol y la Sedatu, se le adjudica la firma de tres convenios, en su paso por Sedesol, con Radio y Televisión de Hidalgo en enero y febrero de 2015 por un total de 603 millones de pesos para servicios como el desarrollo de la estrategia y programa anual de comunicación social y materiales en audio y video para la Cruzada contra el Hambre.

Esos tres convenios fueron denunciados por la ASF ante la PGR el 27 de octubre de 2017, pues de acuerdo con la auditoría D17002 “sirvieron como vía para la distribución irregular de los recursos, dado que no existe evidencia de que varias de las empresas vinculadas hayan realizado trabajo o servicio alguno en favor de Radio y Televisión de Hidalgo en Sedesol”.

El 23 de febrero pasado, el diario Reforma publicó que, según la información brindada por la ASF, funcionarios de Hidalgo declararon que al firmar los convenios con la Sedesol fueron obligados por una alta funcionaria de esa empresa a contratar a 27 empresas y recibir cajas con los comprobantes de los servicios ya elaborados.

De acuerdo con Animal Político, uno de los convenios fue firmado por Gustavo Rodríguez González, quien entonces fungía como director de información de Sedesol y repitió después el cargo en Sedatu, pero fue separado del cargo en septiembre pasado, tras ser sancionado por la Secretaría de la Función Pública por presuntas irregularidades cometidas en dicho convenio.

Sosamontes ha sido un colaborador cercano de Rosario Robles dese que encabezó el gobierno de la Ciudad de México y él era delegado de Iztapalapa en 1999. Luego se unió a ella como su vocero de campaña cuando buscaba la dirigencia del PRD y, al ganar, Robles lo nombró secretario de Asuntos Electorales, en 2002.

En 2004 ambos renunciaron al PRD, señalados de la deuda del partido durante las elecciones de 2003 que incluyó facturas a empresas fantasma, según documentó el informe del Órgano Central de Fiscalización del PRD dirigido por militantes como Ricardo García Sainz, Ifigenia Martínez y Carlos Payán.

Y, a pesar de que el IFE no detectó irregularidades sobre estos recursos, el PRD interpuso una denuncia penal en 2007 ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en contra de Zebadúa por irregularidades en el presupuesto del partido como la presentación de facturas falsas por 40 millones de pesos. No obstante la investigación quedó congelada.

Humberto René Islas

Fue director de Recursos Materiales en la Sedesol entre enero de 2013 y agosto de 2015. En ese tiempo firmó tres convenios específicos con las Universidades de Morelos y Estado de México, en los cuales, la ASF encontró el presunto desvío de recursos públicos que estaban destinados a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

Su puesto dependía directamente de la Oficialía Mayor de Sedesol y, tan sólo en septiembre de 2015 fue nombrado nuevamente director general de Recursos Materiales, esta vez en Sedatu.

Tres meses después firmó el primero de cuatro convenios con las Universidades Politécnicas de Chiapas, Quintana Roo y la Tecnológica de Campeche, mismos que fueron señalados por la ASF por irregularidades que superaban los 440 millones de pesos.

Marcos Salvador Ibarra Infante

Fue director general adjunto en la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Sedesol y firmó el convenio UCD.33901.014/2015 con la Universidad de Zacatecas en junio de 2015, que pertenece a otra denuncia penal interpuesta en 2017.

Luego, como director general de coordinación de delegaciones en la Sedatu, Ibarra Infante firmó cuatro convenios con la Universidad Politécnica de Chiapas el 13, 15 y 16 de octubre de 2015, así como uno con la Politécnica de Quintana Roo el 31 de diciembre de 2016, sumando un total de 313 millones de pesos.

José Antolino Orozco Martínez

Fue director general de geoestadística y padrones de beneficiarios y firmó dos convenios con la Sedesol. Uno con la Universidad del Estado de México (UAEM), en abril de 2013, por 338 millones de pesos para la “recolección de información socioeconómica y complementaria” hasta 2016.

El otro fue con la Universidad de Morelos, el 1 de septiembre de 2014, por 77 millones de pesos para “conocer la opinión de los beneficiarios con relación a la atención recibida del personal de los programas sociales”.

Esos convenios acabaron en denuncias penales, por las auditorías 246 y 1665, interpuestas en 2015 y 2017 respectivamente.

Posteriormente, el 16 de septiembre de 2015, Orozco Martínez ingresó a la Sedatu como Jefe de la unidad de políticas, planeación y enlace institucional. A los 12 días firmó los primeros dos se los seis convenios que establecería con la Universidad Politécnica de Chiapas, por una soma que asciende a 206 millones de pesos.

Según Declaranet, dejó el cargo en marzo pasado.

Enrique Prado Ordoñez

Como director de adquisiciones y contratos en Sedesol firmó el anexo técnico 2 el 27 de mayo de 2013 con la Universidad de Morelos para supuestamente “optimizar la aplicación de los recursos humanos y económicos, y mejorar la percepción ciudadana respecto de la Cruzada Nacional contra el Hambre”. Desde octubre de 2015 ocupa la misma posición en la Sedatu.

Pero, además de firmar el convenio, Prado Ordoñez estuvo enterado de la contratación de la empresa Grupo Comercializador Cónclave, que se declaró como fantasma por el SAT. En ella, aparecía como accionista Rodolfo David Dávila Córdova, operador del grupo de narcotraficantes, según reveló una investigación de Aristegui Noticias.

Además, en octubre de 2013 recibió el oficio DGPE/R/19/2013-1, donde Wistano Orozco, director de empresas y servicios de la Universidad de Morelos, le informó que Saúl Elías Álvarez Mercado, representante legal de Grupo Comercializador Cónclave, era el responsable de recibir los materiales que se suponía se iban a distribuir como parte de la Cruzada Nacional contra el Hambre, según reveló la investigación hecha por el Órgano Interno de Control de la Sedesol.

Juan Carlos Lastiri Quirós Luja

Fue subsecretario de Prospectiva, Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Sedesol, y así encabezó la firma del convenio multianual por 338 millones de pesos, investigado por la Auditoría 246, que terminó en una denuncia penal (la primera) en octubre de 2015.

Luego de un mes se integró como subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, aunque renunció al cargo en enero de 2018 para postularse como candidato del PRI al Senado de Puebla.

Enrique González Tiburcio

Fue coordinador de asesores de Robles en la Sedesol y desde septiembre de 2015 fue nombrado subsecretario de Ordenamiento Territorial en la Sedatu.

En enero de 2016, tres meses luego de asumir el nuevo encargo, firmó un convenio con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, también investigada por la ASF.

Armando Saldaña

Como director general de Ordenamiento Territorial -dependiente del subsecretario Tiburcio- firmó otro convenio en Sedatu por 224 millones de pesos en febrero de 2016. Por su parte, ocupó en Sedesol el cargo de Director general adjunto de operación.

Sonia Angélica Zaragoza

Fue directora general de Recursos Humanos en la Sedesol entre enero de 2014 y agosto de 2015. Se le investiga por firmar uno de los convenios con la Universidad de Morelos, pero tras ser exonerada por el Órgano Interno de Control fue nombrada con el mismo cargo en Sedatu, desde septiembre de 2015. En ambas instancias depende directamente del Oficial Mayor, Zebadúa.

Wendy Gabriela Arrieta Camacho

Fue subalterna de Zebadúa, con el cargo de directora general de Tecnologías de la Información de la Sedesol hasta diciembre de 2015. Ella firmó un anexo técnico con la Universidad de Morelos por 23 millones de pesos en 2014.

Luego, en la Sedatu, fue nombrada coordinadora de asesores, pero renunció al cargo en marzo de 2018.

Javier Arrambide Olvera

Director de Programas de Delegaciones, subalterno de Marcos Salvador Ibarra, firmó un convenio investigado por la ASF con la Universidad Politécnica de Quintana Roo el 12 de abril de 2016 y también se desempeñó en la Sedatu como director de área entre mayo de 2014 y agosto de 2015.

José Israel Torres Gutiérrez

Como director general de Desarrollo Comunitario en Sedesol firmó el convenio 710.33901.11/2015 con Radio y Televisión de Hidalgo por una cantidad de 373 millones de pesos, lo que también forma parte de la auditoría D17002 que se denunció ante la PGR.

En Sedatu ocupa el cargo de director general adjunto para la Igualdad de género.

José Luis Sánchez Buendía

Firmó dos convenios en Sedatu con las Universidades Politécnicas de Chiapas y Quintana Roo, pero antes, en la Sedesol, ocupó el cargo de director de Estadística.