El juzgado cuarto de distrito en materia penal con sede en la Ciudad de México concedió un amparo que obliga a reponer la vinculación a proceso del exdelegado panista de Benito Juárez, Christian von Roehrich, y de su exdirector de Obras, Nicias René Aridjis Vázquez, por los delitos de enriquecimiento ilícito y asociación delictuosa.
La resolución, dictada en el juicio de amparo 926/2024, señala que durante la audiencia inicial celebrada en agosto de 2024, un juzgado de control vinculó a proceso a ambos exfuncionarios sin diferenciar adecuadamente los periodos en los que Von Roehrich tuvo facultades como jefe delegacional y cuando fungió como diputado local, lo que supuestamente constituyó una violación al debido proceso.
Aunque se ordena subsanar las fallas en la vinculación a proceso, esto no implica la libertad de los acusados. Von Roehrich y Aridjis permanecerán bajo prisión preventiva justificada, mientras el juez de control revalora los elementos presentados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Von Roehrich es señalado por las autoridades como el principal operador del llamado Cártel Inmobiliario en Benito Juárez, una red de corrupción vinculada con la entrega irregular de permisos para desarrollos habitacionales a cambio de beneficios económicos personales. Nicias René Aridjis, por su parte, fue sentenciado en 2023 a tres años de prisión en un juicio abreviado tras declararse culpable de enriquecimiento ilícito.
Sí hubo una red criminal, confirma el Poder Judicial
La jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, al conceder el amparo, reconoció que existió una red delictiva integrada por servidores públicos que utilizaron sus cargos para constituir empresas fantasma y adquirir bienes de forma ilegal. No obstante, consideró que la fiscalía capitalina no justificó con claridad el nexo entre los actos realizados por Von Roehrich como diputado local y el incremento irregular de su patrimonio.
El fallo subraya que, durante su gestión como jefe delegacional (2015-2018), Von Roehrich utilizó su poder para presionar al sector inmobiliario y condicionar permisos de construcción a cambio de beneficios personales. La resolución indica que esta práctica formó parte de un esquema criminal para allegarse recursos materiales y enriquecerse indebidamente.
La Fiscalía capitalina deberá ahora reponer el procedimiento de vinculación, atendiendo las observaciones del juzgado, y determinar con precisión los cargos que se imputan a los exfuncionarios en cada una de sus etapas como servidores públicos.