La Auditoría Superior de la Federación (ASF) investiga una presunta estafa en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) por más de 53 millones de pesos que apunta hacia el ex canciller Luis Videgaray Caso, su exvocera Claudia Algorri Guzmán y otros diplomáticos, reveló este lunes el periodista de Proceso en Washington, Jesús Esquivel. 

De acuerdo con el oficio número OASF /0714/2018, la pesquisa se concentra en determinar si hubo “daño o perjuicio” por la falta de documentación “justificativa y comprobatoria” de erogaciones del presupuesto en los consulados mexicanos en Dallas y San Antonio, Texas; Raleigh, Carolina del Norte; Nueva York; Tucson, Arizona; y Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

Videgaray ejerció ese monto en el 2017 se justificó presuntamente para el programa de Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos (FAMEU).

“Los fondos del mandato se enviaron al consulado de México en Milwaukee en una cuenta bancaria en la institución US-Bank, posteriormente se remiten a la embajada y/o las representaciones consulares para cubrir gastos que hayan sido autorizados por las unidades administrativas responsables de su ejercicio, ya sea la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior (DGPME) o el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)”, señala la revista Proceso, que tuvo acceso a los documentos del caso.

Claudia Algorri Guzmán, implicada. Foto: Especial.

Según el periodista,  es en el anexo 17-0-05100-15-0033 de la ASF con fecha del 14 de julio del 2018 donde  se involucra directamente a Algorri Guzmán, directora de la unidad de Comunicación Social en la era Videgaray, y Diego Gómez Pickering, quien estuvo al frente del consulado de Nueva York hasta noviembre de 2018:

“Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un monto de 46 millones 817 mil 244 pesos, por no acreditar la entrega de servicios sustentados mediante los contratos formalizados por la Representación de México en el exterior en Nueva York con un prestador de servicios para la contratación de difusión de materiales sobre protección preventiva para personas mexicanas en los Estados Unidos de América por 915 mil dólares, equivalentes a 16 millones 356 mil 540 pesos y con dos prestadores de servicios por 1 millón 704 mil dólares, no obstante que dichos servicios fueron pagados en su totalidad en noviembre de 2017.”

Los servicios de “difusión” en Nueva York, señala el semanario, habrían sido idea de  Algorri Guzmán, quien en conjunto con Gómez Pickering, eligieron y asignaron los contratos a entidades privadas.

“Yo sólo fui el enlace, todo lo manejó la dirección de Comunicación Social”, declaró al semanario Jacob Prado, titular de la DGPME cuando se asignaron los millones de pesos sujetos a la investigación de la ASF.

“Algorri Guzmán dio las órdenes; Gómez Pickering firmó los contratos”, prosiguió Prado, quien asegura que a él no lo investiga la ASF.

Jacob Prado  a la extrema izquierda, titular de la DGPME,  presume inocencia. Foto: Especial.

Sin embargo, el martes 17 el diario Reforma publicó en la columna Templo Mayor: “Alguien en Malinalco va a despertar con sobresaltos cuando se entere que el embajador Jacob Prado, quien fuera director general de Protección a Mexicanos en el Exterior, está siendo investigado por un supuesto desfalco superior a los 51 millones de pesos”.

La ASF ha concluido hasta el momento que los contratos orquestados por Algorri Guzmán y Gómez Pickering se adquirieron de manera inexplicable “demasiados productos” para la difusión, los servicios resultaron inservibles y varios no se usaron, como la producción de videos.

“Soy el enlace para la auditoría, no hemos llegado a un proceso judicial ni vamos a llegar a nada, no tengo nada que ver en eso”, insistió Prado al semanario. 

No es la primera ocasión que se menciona Luis Videgaray en una investigación en curso, el ex canciller y ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) está marcado por varios escándalos de corrupción, los más recordados son: Higa, OHL y Odebrecht.

Una de las observaciones de la ASF detalla la falta de esclarecimiento del uso de recursos por 5 millones 313 mil 117.72 pesos “por los pagos de servicios profesionales independientes que no se sustentaron en los reportes detallados relativos a las actividades efectuadas por 55 prestadores de servicios contratados por las Representaciones de México en Dallas, Los Ángeles, Nueva York y Tucson, con cargo en la partida presupuestal 39902 ‘Gastos de las oficinas del Servicio Exterior Mexicano’”.

De acuerdo con la publicación de Proceso, las órdenes provenían de Videgaray o de Algorri Guzmán; esta última operaba en la SRE con una autoridad que no le correspondía a su cargo debido a su cercanía con el canciller. Los miembros del Servicio Exterior implicados no tenían más opción que cumplir órdenes.