La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua dio a conocer mediante un comunicado que separó del cargo al fiscal de la Zona Norte, Jorge Arnaldo Nava López, por una orden de aprehensión relacionada con la pareja conformada por Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez-Mont, quienes presuntamente operaron una triangulación de 2 mil 935 millones de pesos a través de un entramado de empresas factureras.
La FGE destacó que dicha separación se dio después de conocer, a través de la prensa nacional, que Nava López tiene pendiente un procedimiento legal.
“Ante el conocimiento que se tuvo, a través de algunos medios de comunicación nacionales, de un procedimiento legal que enfrenta el funcionario, se tomó la decisión de separarlo para que enfrente el proceso”, explicó el titular de la Fiscalía Roberto Fierro.
Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Álvarez Puga. Foto: Especial.
Dijo además que esa decisión no tiene que ver con los cambios o ratificaciones de titulares de las distintas áreas por el cambio de la nueva administración encabezada por la gobernadora María Eugenia Galván Campos.
“Se decidió separarlo de su cargo para que atienda dicho proceso”, puntualizó, sin ofrecer detalles del caso.
“Los cambios o ratificaciones en la Fiscalía General del Estado continuarán conforme se tiene programado y hasta concluir por completo los procesos de entrega-recepción de todas las áreas, Fiscalías de Distrito y Fiscalías Especializadas”, agregó la FGE.
Diversos medios de comunicación publicaron este martes que Iván Aarón Zeferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, giró órdenes de aprehensión contra 10 presuntos implicados en el caso por el que son buscados Álvarez Puga y Gómez-Mont, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pero las negó por el delito de peculado.
En la lista aparecen los nombres de cinco altos mandos del sistema penitenciario federal en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con informes recabados por diversos medios, se trata de Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS); Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración; Emmanuel Castillo, ex titular de la Coordinación General de Centros Federales del organismo; Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, ex director general de Desarrollo Tecnológico; y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
Los otros señalados por su presunta participación en las empresas utilizadas para desviar los recursos provenientes de contratos otorgados por OADPRS son: Armando Romero López, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Yareli Eunice Delgado García y Héctor Oswaldo Zorrilla.
Nava lamentó esta situación y dijo que aún no cuenta con información oficial sobre el proceso legal que enfrenta.
En entrevista con medios locales, precisó que ya tomó las medidas pertinentes para iniciar con su defensa legal y así poder aclarar este mal entendido. Tampoco descartó que se trate de un tema político.