Por ser juez y parte, el Frente Unido por la Cuarta Transformación y un diputado de Morena presentaron ayer una demanda ante el Congreso de la Unión para que se inicie un juicio político contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Alberto Pérez Dayán, por conceder la suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones.

La demanda fue presentada por el diputado Ulises Murguía (Morena) y representantes del Frente Unido por la Cuarta Transformación por haber violentado la Constitución al otorgar la suspensión pese a que los juicios de inconstitucionalidad no proceden.

“Él se va al artículo 1 de la Constitución y argumentando (violación a) Derechos Humanos pretende justificar lo injustificable […] hubiera podido conceder la suspensión para beneficio de los jueces y de los magistrados, pero no lo hizo así, sino para beneficio propio, y en ese momento él se convertía en juez y parte”, dijo Rafael García Zavaleta, asesor jurídico del Frente, al diario El Universal.

Alberto Pérez Dayan. Foto: Notimex

Para Elías Miguel Moreno Brizuela, quien funge coordinador nacional del Frente, la conducta de Pérez Dayán “se traduce en un desacato a la misma Constitución cuando él debería ser guardián y garante de la misma”.

“Esta suspensión que el ministro Pérez Dayán presentó indebidamente en el juicio de inconstitucionalidad, que promovió un grupo minoritario de senadores a la Ley Federal de Remuneraciones a los Servidores Públicos viola la ley reglamentaria del artículo 105 Constitucional”, explicó Moreno Brizuela.

El 6 de diciembre la oposición en el Senado de la República presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos (la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 5 de noviembre), argumentando una violación a la división de poderes.

La demanda, presentada por 55 integrantes de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, MC y algunos senadores del PVEM y del PT, solicita a la SCJN que suspenda la entrada en vigor de la Ley de Remuneraciones, por lo que ésta quedaría “congelada” hasta que el máximo tribunal resuelva si viola o no las disposiciones constitucionales y los tratados internacionales.

Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial

Un día después el ministro de la SCJN, Alberto Pérez Dayán, concedió la suspensión a la acción de constitucionalidad promovida por la oposición para invalidar la Ley Federal de Remuneraciones, impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y los legisladores de Morena.

Esta ley establece que ningún servidor público puede recibir sueldo mayor a la del presidente, lo que podría llevar a reducciones salariales para miles de burócratas de mando, que ganan más que los 108 mil pesos mensuales que Andrés Manuel López Obrador anunció como su salario.

La suspensión otorgada tiene el efecto de que las remuneraciones que perciban los servidores públicos de los Poderes de la Unión y de todos los demás entes públicos para el Ejercicio de 2019 no sean fijadas en términos de la ley reclamada, sino exclusivamente por lo dispuesto en los artículos 75, 94 y 127 de la Constitución Federal, así como tercero transitorio del “Decreto de reforma constitucional publicado el 24 de agosto de 2009”, hasta que se resuelva el fondo de la controversia.