Las empresas Constructora Urbanizadora Ixtapan e Inmobiliaria Club de Golf Ixtapan, ambas propiedad de la familia San Román, recibieron licitaciones pese a no cumplir con los requisitos de ley y haber cometido varias irregularidades administrativas y económicas.

De acuerdo con una investigación publicada en Aristegui Noticias, tras el escándalo por la Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó que, en 2005, cuando iniciaba su administración como gobernador del Estado de México, Peña Nieto había comprado una casa de descanso en Ixtapan de la Sal a la familia San Román.

Según el reportaje realizado por la Unidad de Investigaciones Especiales de ese portal electrónico, tras el escándalo, Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), ordenó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) hacer una auditoría y, aunque debió hacer públicos los resultados como parte de sus obligaciones de transparencia, decidió no darlos a conocer.

Durante el periodo de Peña Nieto como Gobernador, la familia San Román recibió contratos por más de 107 millones de dólares en licitaciones que fueron repartidas por todo el estado, según el diario estadounidense.

Se presume también que, hasta enero de 2015, cuando Peña Nieto ya era Presidente, las empresas de esta familia habían acumulado 13 contratos con el gobierno Federal, por un monto de alrededor de 596 millones de pesos.

Roberto San Roman Dunne. Foto: Cuartoscuro

Es importante señalar que el principal accionista de dichas empresas es Roberto San Román Dunne, hijo de Roberto San Román Widerkehr, y también padrino de primera comunión de la hija mayor de Peña Nieto, Paulina Peña Pretelini.

En 2016 Aristegui Noticias había documentado que una empresa de San Román Dunne vendieron al doble de precio un sistema de barreras móviles a OHL para el Viaducto Elevado. Según ese reportaje, la maquinaria fue vendida desde Estados Unidos a 240 millones de dólares y en México se pagaron por ella 485 millones de dólares.

Auditoría, en las sombras desde 2015

La auditoría fue hecha a dos contratos que entregó el Gobierno federal a las empresas de la familia San Román: el primero para realizar los trabajos faltantes en el paso a desnivel de La Pila, en la carretera México-Toluca y, el segundo, por trabajos de mejoramiento en la carretera Toluca-Taxco.

En el caso del paso a desnivel, se encontró que la obra presentaba “deficiente planeación, programación y presupuesto”, pues inicialmente se planteó que se requerirían 78 millones de pesos para llevarse a cabo, pero el proyecto se encareció 43 millones de pesos más.

Además se determinó que ese contrato fue entregado a la familia San Román sin que se cumplieran los requisitos de licitación. El documento señala que “la proposición no fue evaluada conforme a lo establecido en las bases de licitación”.

Los actos de dicha licitación fueron encabezados por Juan Manuel Carrillo, subdirector de Contrataciones de la SCT, sin estar acreditado para ello y, por si fuera poco, la empresa debió acreditar la construcción de 50 kilómetros de terracería, pero sólo realizó 43 kilómetros.

La empresa también incumplió al no presentar documentos con los que comprobara su participación en contratos por más de 60 millones con organismos públicos, ni los estados financieros con contador certificado del año 2012, además de que el laboratorio que presentó tenía la acreditación vencida y los profesionales técnicos no acreditaron tener un dominio de programas como Excel, Word y Power Point.

Por su parte, el segundo contrato, para llevar a cabo el mejoramiento de un tramo de la carretera México-Taxco, fue entregado a la familia San Román tras descalificar a MM Obra Civil, que presentó un precio más bajo, por supuestamente entregar “programas mensuales”, pese a que en la junta de aclaraciones se le había autorizado presentarlos así.

Los auditores encontraron que en la realización de la obra, no fue comprobado el gasto de 6 millones 570 mil pesos. Además, fue concedido un plazo extra para ejecutar la obra porque la empresa entregó fuera de tiempo la fianza de anticipo. A este retraso le correspondía una multa, pero los funcionarios la dejaron pasar, según reveló la auditoría.

Entre las irregularidades encontradas está también la apertura de una bitácora electrónica, con 154 días de retraso, así como un retraso en la opinión de las obligaciones fiscales, la cual debió entregarse antes de la firma del contrato y se entregó diez días después.