La bancada de Morena en el Senado de la República ampliará los requisitos para asignar concesiones mineras, y sólo se otorgarán a proyectos que cuenten con estudios de impacto social, además del ambiental.
La iniciativa, que ha sido turnada a las Comisiones Unidas de Minería y Desarrollo Regional y de Estudios Legislativos, también plantea revocar la concesión a quienes no cumplan con esta norma y no consulten a los pueblos y comunidades indígenas sobre proyectos de explotación que se ubiquen en sus territorios.
La propuesta de reforma a la Ley Minera fue promovida por la senadora de Morena, Angélica García Arrieta, quien argumentó que hasta este año se han documentado más de 15,000 conflictos sociales relacionados con la industria minera en México, de acuerdo con la organización no gubernamental Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Senadora de Morena Angélica García Arrieta, autora de la propuesta. Foto: Especial.
Eso ocurre porque actualmente la Ley Minera no considera la necesidad de realizar análisis de impacto social y de las consecuencias del otorgamiento de concesiones, ni consultar a las comunidades y pueblos afectados por las mismas.
México firmó hace casi 30 años un convenio de la Organización Internacional del Trabajo en el que se comprometió a consultar a los pueblos originarios sobre el desarrollo de proyectos que pudieran afectar sus intereses.
Sin embargo, hasta ahora, las leyes locales sólo obligan al gobierno a llevar a cabo consultas con comunidades indígenas para proyectos de energía.
“Ya lo ha declarado nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador): es muy importante atender a las pequeñas colectividades donde se extraen los minerales porque pasa esto: se extrae, se causan daños y no se deja el beneficio de la explotación minera”, afirmó la senadora.
García Arrieta hizo un recuento de casos emblemáticos en que poblaciones se han visto afectadas por las compañías mineras y por la falta de atención de las autoridades: el desastre minero de Pasta de Conchos, en 2006, en el que murieron 65 trabajadores; la muerte del defensor comunitario Mariano Abarca en Chiapas, en 2009; el derrame de sustancias químicas en los ríos Bacanuchi y Sonora, en 2014 o el amparo en el ejido de Sierrita, Durango en 2017.
Botas y cascos de mineros en Pasta de Conchos. Foto: Especial.
Dijo además que es muy común que las presas de jales mineros contaminen cuerpos de agua con sus metales pesados, los deterioren y hagan imposible su consumo.
“No privilegiemos el interés económico de unos cuantos por encima de los derechos sociales de la población que está siendo vulnerada”, pidió desde la tribuna del Senado.
Los cambios propuestos
La iniciativa prioriza la importancia de proteger y respetar los derechos humanos de las comunidades y pueblos donde se desarrolla esta actividad. Según el documento de la misma, se propone lo siguiente:
• Facultar al Servicio Geológico Mexicano para realizar estudios de impacto social respecto a las áreas objeto de concesión y de asignación mineras.
• Facultar a la Secretaría de Economía para declarar zonas inviables de explotación o en conflicto por impacto social negativo, así como cancelar concesiones y asignaciones mineras por este motivo.
• Garantizar que toda concesión, asignación o zona que se incorpore a reservas mineras atienda los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos de las regiones en los que se pretendan desarrollar.
• Obligar a los titulares de concesiones mineras a destinar un monto para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación.
• Exigir los titulares un informe anual del impacto social de su lote minero y, en caso de no presentarlo, cancelar la concesión por incumplimiento.
Los motivos para cancelar una concesión será que exista una declaratoria de zona inviable de explotación o en conflicto por impacto social negativo; no rendir al Servicio Geológico Mexicano el informe anual; no ejecutar o comprobar la ejecución de las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes; no destinar los montos económicos mínimos para el desarrollo humano y sustentable de las comunidades o localidades en las que realicen sus actividades de exploración y explotación; y perder la capacidad para ser titular de concesión.