Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) encabezados por Alberto Pérez Dayán pretenden invalidar la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que fue aprobada, a petición de Andrés Manuel López Obrador, el año pasado y la cual obliga a todos los funcionarios públicos a percibir menos que el Presidente del país.

Son dos las demandas de acción de inconstitucional con las cuales el ministro Pérez Dayán pretende basarse para echar atrás la ley: la primera (la 105/2018), la presentada el 21 de noviembre del año pasado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y la otra (108/2018) la que llevaron a la Corte 55 senadores de oposición del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano.

Cuando se presentó esta segunda acción de inconstitucionalidad, el PRI y el PAN la presumieron en redes sociales:

Por otro lado, el senador por Movimiento Ciudadano y hoy dirigente de ese partido, Clemente Castañeda, indicó que ese partido apoyaba la acción de inconstitucionalidad porque

La Ley de remuneraciones tiene un apartado que atenta contra la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el sistema de impartición de justicia. Apoyamos que se reduzcan salarios y privilegios de los altos funcionarios: presidente, senadores, diputados y órganos autónomos. Esa parte de la ley queda a salvo. Estamos de acuerdo. A lo que nos oponemos es al intento del presidente, y su mayoría legislativa, de someter y controlar, a través de la definición de salarios, la Suprema Corte. No lo podemos permitir: México necesita que los responsables de la impartición de justicia tengan autonomía plena”.

En diciembre de 2018, el propio ministro Pérez Dayán admitió las acciones de inconstitucionalidad y además otorgó a los senadores y a la propia CNDH la suspensión de la ley. Esta medida fue reafirmara en febrero de este año.

Ahora, el ministro Pérez Dayán va por más y ya turnó a sus colegas dos proyectos de inconstitucionalidad de la ley: una que la invalidad de forma total y otra que lo hace de manera parcial.

Para poder lograr la declaratoria de invalidez de la ley se requiere el voto de al menos 8 de los 11 ministros.

La Ley de Remuneraciones causó el enojo de funcionarios públicos (entre ellos ministros, consejeros del Instituto Nacional Electoral, senadores, etcétera) especialmente porque obliga a todos los que integran el estado mexicano a ganar menos que el Presidente.