Una de las catorce “reformas transformadoras” que Enrique Peña Nieto presumió en su deslumbrante artículo del miércoles pasado en La Jornada, fue congelada ayer. La Secretaría de Educación Pública suspendió en forma indefinida los exámenes de evaluación de los maestros, medida que aplicada a partir de los primeros meses del sexenio provocó una extendida rebelión en los estados del sur del país.

Esto confirma lo que una fuente digna de toda confianza me adelantó a media semana: en cuanto concluya su gestión al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México, el rector José Narro Robles ocupará el sillón del escritorio donde hace ya muchos meses vegeta el ex gobernador mexiquense y ex secretario de Gobernación, corresponsable impune de la matanza de Acteal, Emilio Chuayffet Chemor.

Habrá, pues, borrón y cuenta nueva. Narro, dentro de cuatro meses y un poco más, intentará ser interlocutor de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que, sobre todo en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, se ha movilizado para derogar la reforma “educativa” impuesta al “gobierno” de Peña Nieto por Televisa y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Considerando que, según cálculos serenos de expertos, en las elecciones del próximo 7 de junio participará cuando mucho un escaso 37 por ciento de los votantes, de los cuales el cinco por ciento anulará su voto, y que el Partido Verde consumará el fraude electoral que puso en marcha con su campaña de atropellos masivos a los ciudadanos y a la legalidad, el panorama que prevalecerá en México dentro de cuatro meses bien puede ser el de la paz de los sepulcros.

Con una Cámara de Diputados que será electa por 32 de cada 100 personas inscritas en el padrón del INE, y estará dominada por los diputados del PRI y del Verde, a los que se sumarán los del PRD y el PAN para privatizar el agua, Peña Nieto tendrá, dentro de un Poder Legislativo deslegitimado a propósito, la única y solitaria oposición de Morena.

De allí que, a partir de ahora, debemos vislumbrar la coyuntura que ya se dibuja en el horizonte a mediano plazo: “legitimado” por sus votantes comprados y sus aliados anulistas, Peña Nieto reprimirá los movimientos populares de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, tal como Felipe Calderón persiguió y aplastó a la APPO desde finales de 2006, en un contexto en que no debe descartarse que el regente Miguel Ángel Mancera haga lo propio en la ciudad de México.

Coleccionista de jóvenes encarcelados durante las manifestaciones callejeras en que los “anarquistas” de la Policía Federal y los granaderos del GDF desataron la violencia en perjuicio de inocentes, Mancera puede enfrentar, después del 7 de junio, las protestas de Morena.

Andrés Manuel López Obrador fue muy claro en su mensaje al regente. Si Mancera no frena la compra de votos y el GDF y el PRD intentan ganar a la mala todas las delegaciones capitalinas, Morena desconocerá los resultados. Esta advertencia, que desde luego es un llamado a la cordura, puede ser también una profecía que augure la caída del perro guardián del Zócalo, si éste insiste en incendiar la pradera “haiga sido como haiga sido”.

Andrés Manuel López Obrador en Monterrey.

Andrés Manuel López Obrador en Monterrey.

Dinámica del fraude nacional

Así como ha opuesto toda clase de obstáculos para que se registren los representantes de Morena en las mesas electorales, el INE ha brindado las máximas facilidades a esos misteriosos ciudadanos que se desempeñarán como “observadores independientes” y que, en la mayoría de los casos, son halcones del PRI.

Sin voz ni voto, pero con licencia para escudriñar en todas partes, los halcones mantendrán informados a los coordinadores de las estructuras del PRI que se coloquen fuera de las casillas. Éstas “estructuras”, ya bien conocidas, son automóviles donde los hambrientos que venderán su voto recibirán un teléfono celular prestado para que retraten su boleta debidamente tachada sobre el escudo tricolor y cobren cuando devuelvan el aparato con la prueba gráfica de que cumplieron las instrucciones.

Con esta dinámica –explicada por el papá del gobernador de Jalisco en una grabación filtrada a los medios– el PRI intentará “ganar” la ciudad de Guadalajara y el estado de Nuevo León, donde está, respectivamente, muy atrás de Enrique Alfaro y de Jaime Rodríguez el Bronco, así como la gubernatura de Sonora, entidad en donde está en empate con el PAN, y otros puntos del país, excepto Michoacán, donde en pago por sus servicios prestados a Peña Nieto, el “opositor” perredista, Silvano Aureoles Conejo, “triunfará” con el apoyo de los priístas y (perdón por la redundancia) el narcotráfico.

¿En cuántos lugares de la geografía nacional habrá conflictos poselectorales? Basta, para desquiciar el aparato de control social del “gobierno”, que estallen en el DF, Guadalajara y Monterrey, además de los conflictos antielectorales –de los que tratarán de impedir que se pongan las urnas, o bien quemarlas– en los estados del Pacífico sur.

Pero como bien señala Serapio Bedoya, nuevo colaborador de Polemón, en su columna Alacranes, que hoy debuta en este número, la violencia que desatará el régimen para apagar tantos incendios bien podría ser usada para justificar la catástrofe económica en ciernes.

PD: La respuesta de La Jornada al reportaje en que Polemón se hizo eco del malestar de los trabajadores de ese diario, puso mi credibilidad en entredicho. A continuación doy a conocer una de las cartas en que me basé para denunciar esta situación anómala y, para mí y para muchos lectores del diario, inaceptable y trágica.

Carta de los trabajadores de La Jornada a Jaime Avilés.

Carta de los trabajadores de La Jornada a Jaime Avilés.