Que les “reparen el daño”, es la petición que un grupo de 14 jueces y ex jueces federales hizo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según ellos, hubo una “violación de sus garantías fundamentales con las aplicación de la reforma judicial”, propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada el año pasado en el Congreso de la Unión.
“La petición afirma que las personas peticionarias fueron ‘directamente afectadas’ por la reforma judicial e insta a la Comisión a responder a las denuncias y tomar medidas para proteger los derechos humanos y emitir reparaciones para las personas afectadas”, se lee en un comunicado del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York.
Esa agrupación, a través del programa “Cyrus R. Vance Center for International Justice”, representó a los juzgadores mexicanos, quienes presentaron el escrito ante la CIDH.
“La reforma, que fue implementada a partir de septiembre de 2024, vulnera los principios de independencia judicial y de igualdad y no discriminación, afectando también la participación de las mujeres en el Poder Judicial”, indica el Colegio.
Hay al menos dos solicitudes de este tipo ante la CIDH: la primera fue formulada el año pasado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) y ya tuvo una primera audiencia celebrada en Washington el 12 de noviembre pasado.
Jufed en protesta contra la Reforma Judicial en agosto del año pasado.
Y es que con la reforma al Poder Judicial, se eliminó la carrera judicial y estableció que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular.
“Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región”, dijo Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center.
“Esperamos que esta petición reconozca los daños sufridos por las y los colegas importadores de justicia, y ofrezca orientación para ayudar a los sistemas de justicia de otros países a evitar el mismo destino”, dijo María Emilia Molina, una de las demandantes y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras.
