Emilio Lozoya Austin quien se desempeñó como director de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el gobierno de Enrique Peña Nieto, ha sido inhabilitado para ejercer un cargo público por diez años.

Así lo determinó la Secretaría de la Función Pública (SFP) del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

Junto con Lozoya, también fue inhabilitado por quince años Edgar Torres Garrido, quien trabajó como director general de Pemex Fertilizantes en el anterior sexenio.

Aunque no hizo públicos sus nombres por procedimientos relacionados con la justicia, la SFP indicó que las medidas contra los ex funcionarios fueron tomadas luego de “un cuidadoso procedimiento de responsabilidades administrativas en donde, entre otras cosas, se detectó que se proporcionó información falsa en la declaración de situación patrimonial. En dos ocasiones se omitió una cuenta bancaria que registraba saldos de cientos de miles de pesos”.

Emilio Lozoya. Foto: Especial

De acuerdo con investigaciones periodísticas, durante el gobierno priista, Pemex Fertilizantes pagó 635 millones de dólares para hacerse de la empresa Fertinal, pese a que su capital social estaba valuado en 185 millones de dólares y tenía una deuda bancaria de 264 millones de dólares.

Por ese motivo, la SFP decidió sancionar a Torres Garrido. 

“Después de una minuciosa investigación, se demostró que el funcionario responsable hizo un mal uso de los recursos públicos al pagar un sobrecosto cercano a los 620 millones de pesos, por tal razón, se estableció una sanción resarcitoria equivalente al daño patrimonial infligido, además de los 15 años de inhabilitación al funcionario”, señaló la SFP en el boletín.

Aunque la SFP no se pronunció respecto al caso de Emilio Lozoya Austin, de acuerdo con distintas investigaciones periodísticas, el ex director de Pemex habría incurrido en varias irregularidades y  actos de corrupción.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la constructora Odebrecht financió ilegalmente con 3 millones 140 mil dólares (40 millones de pesos), la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012, a través de transferencias bancarias a una empresa en Islas Vírgenes, ligada a Emilio Lozoya Austin, en ese entonces coordinador de Vinculación Internacional en la campaña del candidato priista.

Enrique Peña Nieto durante su campaña presidencial en 2012. Foto: Especial

El dinero fue enviado en plena campaña presidencial, mediante siete transferencias a la cuenta de Latin American Asia Capital Holding -vinculada a Lozoya Austin- a través de la cuenta 244006 del Meinl Bank de Antigua, a nombre de la compañía ‘fachada’ Innovation Research Engineering and Development Ltd. (IRED), utilizada por Odebrecht para sobornar a políticos latinoamericanos.

A través de esa misma cuenta, entre octubre de 2010 y febrero de 2011, fueron transferidos casi un millón de dólares a una compañía fantasma de Poza Rica, Veracruz, denominada Blunderbuss Company SA de CV, ligada al ex gobernador priista Javier Duarte.

El diario brasileño O’Globo y El Quinto Elemento Lab, revelaron que el ex director de Odebrecht en México, Luis Alberto Meneses Weyll, se reunió en marzo de 2012 con Emilio Lozoya y en ese encuentro el integrante de la campaña presidencial de Peña Nieto, le solicitó 5 millones de dólares como pago por haber ayudado a que la empresa asentara su base de operaciones en Veracruz.

Oficinas de la constructora Odebrecht en Brasil. Foto: Especial.

Ante esta situación, la empresa Odebrecht aceptó pagarle el soborno por 4 millones de dólares y según su ex director, lo hizo porque Lozoya ya se perfilaba como un influyente funcionario en el próximo gobierno a cargo de Peña Nieto.

“A principios de 2012, constaté que Emilio Lozoya había alcanzado una posición destacada en el PRI, que disputaba las elecciones presidenciales de julio de 2012, cuyo candidato era el favorito en las encuestas electorales. Lozoya se había convertido en uno de los líderes del comité de campaña, por lo que probablemente se convertiría en una persona influyente en la administración pública del país”, declaró Weyll a los fiscales brasileños, según el diario O’Globo.

Poco antes de asumir el cargo de Presidente, en noviembre de 2012, Peña Nieto se reunió con Marcelo Odebrecht, según una serie de de correos electrónicos que fueron interceptados por la Policía Federal de Brasil, a los que tuvo acceso MCCI.

Marcelo Odebrecht y Enrique Peña Nieto. Foto: Especial

Tras obtener la Presidencia de México, Enrique Peña Nieto designó a Emilio Lozoya Austin como director de Pemex y desde ese cargo, negoció otros 6 millones de dólares en sobornos, a cambio de obras de la empresa Odebrecht en Tula.

El dinero entregado a Lozoya provino de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, mejor conocido como el “departamento de sobornos”, a través del cual se financiaron campañas políticas en El Salvador, Venezuela, Brasil, República Dominicana, Panamá, Colombia y Perú.

De acuerdo con Eduardo Cunha, presidente de Odebrecht Ambiental, la empresa brasileña actuaba en un sin número de países, estados y ciudades mediante diversos negocios y ejecutivos, con el fin de estar más cerca de los políticos, los candidatos y sus campañas.

“Las donaciones se distorsionaron y pasaron a ser vistas por la empresa como una forma de participación del proceso electoral, como forma de promover candidatos cuyas plataformas se acercaban a nuestros intereses en el sector de la construcción y como forma de “protección”, especialmente en los negocios de inversión” según aceptó Cunha.

Enrique Peña Nieto y Emilio Lozoya. Ilustración: Hiptex

Ese no fue el único caso de corrupción. En 2014, Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció que le había comprado aAltos Hornos de México una empresa de fertilizantes llamada Agro Nitrogenados, una planta “chatarra” que tenía 14 años fuera de operaciones y con equipos de 30 años de antigüedad.

De acuerdo con una investigación publicada por Quinto Elemento Lab., dicha transacción tuvo un costo de 475 millones de dólares, mismos que estaban destinados para la compra de los activos y a la rehabilitación de la planta

Un mes después de dicho anuncio, Altos Hornos de México, propiedad de Alonso Ancira, transfirió un millón 481 mil dólares a la cuenta bancaria de la compañía Grangemouth Trading Company, una de las varias empresas fachada montadas por la constructora brasileña Odebrecht para distribuir  en sobornos para la élite política de los países donde operaba, incluido México.

Un par de semanas posteriores, Altos Hornos de México volvió a transferir dinero a Grangemouth en dos ocasiones, cada una de ellas por un poco más de un millón 100 mil dólares.

Bajo la mira de la ASF

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó, en enero de 2016 que se fiscalizara la adquisición de Agro Nitrogenados. Al hacerlo, encontraron que la compra se realizó basándose en avalúos presentados por Altos Hornos de México “tres meses después de la formalización del contrato”, como mera formalidad, pues el valor de los activos se ajustó a hechos consumados, es decir, al monto de 275 millones de dólares previamente pactado.

De hecho, un avalúo previo a la compraventa realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, establecía que el valor de la compañía era de 160 millones de dólares. Esto quiere decir que la operación tuvo un sobrecosto de 95 millones de dólares.

Por otra parte, el 60 por ciento de la maquinaria y el equipo de Agro Nitrogenados era inservible, pues no se realizaron evaluaciones previas de los bienes comprados. Esto, según Pemex, se debió a que “el vendedor se opuso, ya que de hacerlo se perdería la garantía de los mismos”.

Además, en el contrato de compraventa “se consideraron 432 bienes valuados en 26 millones 265 mil dólares (337 millones 934 mil pesos) que posteriormente se calificaron como material en desuso o chatarra”.

Posteriormente, una segunda auditoría enfocada en el proceso y los costos de la rehabilitación encontró, entre otras cosas que:

  • Se adquirió una planta de fertilizantes con “equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad”.
  • La compra no tuvo estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad.
  • Existieron deficiencias en la evaluación de la propuesta.
  • Faltó control del presupuesto y de los tiempos estipulados en el contrato de rehabilitación.
  • Faltó experiencia de la empresa creada por Pemex para producir fertilizantes.
  • Aumentó el monto contratado sin justificación del aumento de costos.
  • No hay permisos ambientales.
  • No se cumplió con la norma sobre uso de asbesto en techumbres.

Mal aprovechamiento de los recursos

Pocos meses después de que Emilio Lozoya llegara a la Dirección General de Pemex echó a andar un proyecto estratégico de inversión llamado “Fortalecimiento de las Capacidades Operativas 2013-2015”.

Este plan consistía en la adquisición de 41 vehículos terrestres y nueve aeronaves, así como la instalación de un Centro de Mando y Control con los principales objetivos de vigilar por tierra y aire la infraestructura e instalaciones estratégicas de Pemex, así como interceptar e interrumpir de manera rápida y efectiva las acciones del crimen organizado, mediante la movilización y el desplazamiento aéreo y terrestre del personal.

Esto, según los autores del proyecto, permitiría “abatir el mercado ilícito de combustibles” y otras actividades del crimen organizado”, para lo que se necesitaba dedicar un presupuesto significativo, de 2 mil 521 millones de pesos.

De todo ese presupuesto, la mitad se usó para comprar un avión Gulfstream G550, de 733.6 millones, un avión Cessna Sovereign, de 203.6 millones y un helicóptero Eurocopter EC-145, de 118.8 millones de pesos, para “el traslado de funcionarios de alto nivel para toma de decisiones y otras actividades de seguridad nacional”.

Cuando la Auditoría Superior de la Federación quiso revisar ese proyecto y solicitaron las bitácoras de vuelo de dichas aeronaves, encontraron que las áreas responsables no tenían ningún registro de los destinos ni los pasajeros que hacían uso de ellas.

No obstante, la Secretaría de Defensa Nacional, cuyo personal conducía las aeronaves, accedió entregar esta información a los auditores, revelando lo siguiente:

  • Todos los vuelos tanto del Cessna Sovereign como del helicóptero Eurocopter sólo indicaron en sus bitácoras el destino al que se traslado el “DG” (Director General) y pasajeros, sin especificar los nombres de los acompañantes.
  • En el 2015, Emilio Lozoya realizó 727 traslados en el Eurocopter, lo que equivale a un promedio de dos viajes diarios, mismos que, según determinó la ASF, no eran ni “estratégicos” ni de “seguridad nacional”.
  • Tras revisar el origen y destino de los vuelos, destaca que Lozoya utilizó el helicóptero de Pemex para realizar 54 vuelos a la torre del Grupo Acerero del Norte, ubicada en Campos Eliseos 29, en Polanco, desde donde despacha Alonso Ancira, el presidente de Altos Hornos de México.

Desde el inicio del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la SFP ha iniciado más de 6 mil 200 procedimientos de responsabilidades administrativas y ha impuesto casi 400 inhabilitaciones, desde funcionarios de nivel operativo hasta directores generales.

Y no sólo eso, se han aplicado 112 sanciones económicas, las cuales sumadas tienen un monto superior a los 656 millones de pesos.