Giovanni Azael Figueroa Mejía, candidato a Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), promovió un amparo para mantener su beca como miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
Fue el 24 de abril cuando Figueroa promovió un amparo para cuestionar la Constitucionalidad del Reglamento del SNI, la convocatoria 2025 para dicho sistema, y el artículo 41 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, vigente desde 2023.
Esas normas excluyen a los investigadores de universidades privadas de los beneficios del SNI, salvo que la institución a la que pertenecen esté dispuesta a pagarles estímulos y firmar un convenio con lo que ahora es la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).
Figueroa, quien labora para la Universidad Iberoamericana, es miembro del SNI, con nivel II, desde enero de 2021 y hasta diciembre de 2025, y el monto mensual del apoyo a que tiene derecho es de 27 mil 512 pesos.
Giovanni Figuroa labora en la Ibero
Juez de Distrito le dio el amparo
Figueroa consiguió la suspensión definitiva para permitirle participar en la convocatoria del SNI sin tener que sujetarse a las exigencias que se impusieron a las universidades privadas, gracias a la resolución del juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa.
Varios jueces federales utilizan este argumento para otorgar decenas de amparos de académicos de instituciones privadas.
Incluso las propias universidades, entre ellas, la Ibero y el ITAM, cuestionan las trabas que se les han puesto para acceder al SNI desde el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Universidad Iberoamericana. Foto: Internet.
Cuando el juez concedió a Figueroa una suspensión provisional, la Secretaría de Ciencia la impugnó por medio de un apoderado externo, lo que provocó el desechamiento de su recurso, pues sólo puede ser defendida por los funcionarios legalmente facultados para ello.
Pero si Figueroa es electo Ministro, podría desistir de seguir recibiendo el apoyo económico como investigador, dado que la constitucionalidad de la exclusión de universidades privadas es un tema que llegó a la Corte en febrero pasado, pero probablemente no alcanzará a ser votado antes de que termine funciones la actual integración a mediados de agosto, por lo que serían los nuevos Ministros y Ministras los que tendrían que resolver.
