El ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, Genaro García Luna, enfrenta, además del juicio en Nueva York por narcotráfico, una demanda civil en Florida por lavado de fondos “robados”, con la que nuestro país busca recuperar más de 700 millones de dólares.
Al respecto, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que su Gobierno “no dejará” el caso:
“En el caso de García Luna está muy interesante lo que va a resolver el jurado porque en una de esas, toco madera (…) pueden salir con que no hay nada. Nosotros no vamos a dejar este asunto”, indicó.
La demanda civil interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2021 ante los tribunales del condado de Miami-Dade, menciona a la esposa de García Luna, Linda Cristina Pereyra, como “participante principal” de una “compleja” red que usó al menos a 40 empresas y fideicomisos para sus propósitos.
Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra.
Esta acción es totalmente paralela a la que se lleva a cabo en los tribunales federales de Nueva York, por cuatro cargos de narcotráfico y uno migratorio.
Este martes se prevé que continúen las deliberaciones del jurado neoyorkino, luego de que el viernes no se lograra un acuerdo sobre la culpabilidad o la inocencia de García Luna, detenido en diciembre de 2019 en Texas.
La acción legal interpuesta en Miami acusa a García Luna de haber liderado una trama para “robar” fondos del gobierno de México por medio de “contrataciones ilícitas” y después “blanquear esos fondos robados en Estados Unidos y otros lugares”.
Durante el tiempo que fue secretario de Seguridad, en el sexenio de Felipe Calderón, e incluso después de dejar el cargo, García Luna habría tejido una amplia red mediante la cual recibió contratos de varias entidades y agencias del gobierno mexicano “por cientos de millones de dólares”, argumenta la demanda.
Además del ex funcionario y su esposa, se ha demandado a seis de esos socios como presuntos lavadores de dinero, principalmente mediante la compra de inmuebles y artículos de lujo en Florida.
La UIF ha mencionado que su esposa habría operado de forma “activa” en esta trama, al encargarse de las operaciones diarias de la gestión de un dinero que “sabía que le había sido robado al gobierno de México” mediante empresas en Estados Unidos y “para adquirir múltiples bienes inmuebles en Florida”.