Por décadas, el influyentismo fue con el PRI una plaga que corrompió la justicia en México. Poderosos, famosos y adinerados lograron, una y otra vez, evadir las consecuencias de sus actos. Sin embargo, el caso de Rodolfo “Fofo” Márquez marca un punto de inflexión.
La sentencia de más de 17 años por tentativa de feminicidio es un recordatorio de que el poder de las redes sociales no es un escudo contra la ley.
La brutal agresión que cometió contra una mujer de 52 años en Naucalpan fue un acto de cobardía, y la justicia actuó en consecuencia. No hubo favores, no hubo palancas, no hubo impunidad. El mensaje es claro: en el Estado de México de Delfina Gómez, quien violente a una mujer paga las consecuencias.
Sin embargo, la discusión no terminó con la sentencia. La difusión de videos donde se ve al influencer siendo golpeado en prisión encendió el debate. Algunos lo vieron como un acto de justicia poética, otros como una preocupante violación a los derechos humanos. La respuesta del gobierno mexiquense fue inmediata y contundente: no se tolerará la impunidad, ni fuera ni dentro de los penales. La destitución de custodios y la remoción de la directora del penal dejan claro que la autoridad actúa con firmeza.
El punto central aquí es que la justicia no es venganza, sino garantía de derechos. “Fofo” Márquez cumple su condena porque cometió un delito grave, no porque sea un influencer. Pero al mismo tiempo, la ley no permite que los centros penitenciarios se conviertan en terrenos de abuso y castigo extrajudicial.
Lo que sucede en el Estado de México sienta un precedente: una administración que no cierra los ojos ante la violencia de género y que tampoco tolera el abuso de autoridad.
Aún hay mucho por hacer, pero la primera gobernadora del Estado de México ha enviado un mensaje poderoso: la justicia no es una moneda de cambio y el miedo no será un obstáculo para aplicarla.
