Organizaciones civiles exigieron retirar la candidatura a un puesto judicial a Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán durante el gobierno de Silvano Aureoles, pues es señalado de tener vínculos con el crimen organizado y tener responsabilidad en el asesinato de periodistas.
Las agrupaciones Defensorxs, Artículo 19, Laboratorio Electoral, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Práctica: Laboratorio para la democracia y Observatorio Sonora por la Seguridad, han pedido al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) retirar la candidatura a Herrera Franco.
“Exigimos que revisen de inmediato la idoneidad del perfil de Francisco Herrera Franco y que, en caso de que no cumpla con los requisitos para ocupar el cargo establecidos por la Constitución, se retire su candidatura de la elección judicial por representar un riesgo para la impartición de justicia y para los derechos humanos”, afirmaron en un pronunciamiento.
Y es que, este personaje, conocido como el “Fiscal del terror”, estuvo acusado de vínculos con la delincuencia organizada, extorsionar a comunidades para obligarlas a trabajar para organizaciones criminales, fabricar delitos, así como por su posible involucramiento en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán. Y finalmente, perdió su puesto como fiscal en 2022 al filtrarse presuntos audios donde negocia con jefes del crimen organizado.
“Como sociedad, no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia”, dice el comunicado.
Sin embargo, la semana pasada, en una sentencia sobre los perfiles de candidatos cercanos a la iglesia La Luz del Mundo, el TEPJF advirtió que no tenían la facultad de calificar la idoneidad de candidatos, pues la reforma estableció que dicha atribución es exclusiva de los comités de evaluación.
¿Quién es “El Fiscal del Terror”?
El primer señalamiento en contra de Herrera Franco sucedió en 2021, cuando representantes mazahuas de diversas comunidades de Zitácuaro, gobierno municipal de donde era fiscal, acusaron directamente al fiscal regional de presionarlos para que sus pobladores se unieran a un grupo delictivo.
En la reunión en la que se denunciaron los hechos participaron autoridades comunales y ejidales de Crescencio Morales, Carpinteros, Francisco Serrato y Donaciano Ojeda, así como autoridades estatales y municipales. La reunión se realizó luego de que la noche del domingo 17 de enero de 2021 y la madrugada del 18, 13 habitantes de la tenencia de Donaciano Guerra fueron asesinados y uno más resultó lesionado en un enfrentamiento con un presunto grupo criminal de talamontes.
Esto detonó el levantamiento armado de las comunidades en autodefensas, acusando el abandono del gobierno, entonces encabezado por Silvano Aureoles. En particular, las y los pobladores acusaron al entonces fiscal regional de operar para el grupo conocido como “Cártel de los Cristaleros”, ligado al Cártel de la Familia Michoacana, que opera entre los límites de Michoacán y el Estado de México.
En medio de estas acusaciones, el reportero Roberto Toledo, del medio Monitor Michoacán, fue asesinado en el municipio de Zitácuaro durante un ataque armado. Armando Linares, director del medio, consideró que el ataque se debió a que el portal que dirigía denunciaba actos de corrupción de políticos del municipio, donde trabajaba el fiscal del terror.
“Las amenazas surgieron hace poco más de un año y tres meses cuando empezamos a exhibir algunas situaciones graves con el exfiscal regional de Zitácuaro, Francisco Herrara Franco, quien fue señalado por el ahora autogobierno de las comunidades de pretender invitarlos a que se unieran a una célula delincuencial”, dijo Linares.
Pese a las denuncias, el 15 de marzo de 2022, Armando Linares también fue asesinado. El crimen ocurrió apenas dos meses después de que Linares denunciara en las redes sociales de la agencia las amenazas dirigidas a su equipo de trabajo y al abogado Joel Vera, colaborador del medio.
Todo esto terminó cuando se filtró una llamada entre el fiscal regional de Apatzingán, Francisco Herrera Franco, y Edwin Rivera Padilla, alias ‘El Barbas’, presunto líder criminal en el oriente de Michoacán, que derivó en el despido de Herrera Franco.
En la llamada, Herrera Franco aconsejó a su interlocutor que su socio se entregara para simular un delito culposo y no uno cometido con dolo. Al finalizar la llamada, Rivera Padilla agradeció al fiscal su ayuda, manifestando que “sabe que estoy ‘al cien’ con usted, lo que pida se le trata de apoyar, yo sé que usted igual”. “Ya sabes que jalamos bien”, respondió el exfiscal michoacano.
Este caso terminó de derramar el vaso de Herrera Franco, quien fue destituido de su cargo, sin embargo, no existe una sentencia condenatoria en su contra.
