En México, América Móvil, Bimbo, Cementos Mexicanos (Cemex), Coca Cola Femsa, Grupo México, Gruma y Televisa dominan en sus respectivas áreas poniendo obstáculos a la sana competencia económica debido al poder que tienen para imponer condiciones de mercado.

Sin embargo, estas empresas no han sido investigadas en el sexenio de Enrique Peña Nieto por prácticas monopólicas absolutas, según el archivo público de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).

De acuerdo con el doctor César Armando Salazar, del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien fue consultado por SinEmbargosu tamaño las convierte en agentes potenciales de prácticas monopólicas relativas.

El investigador explicó que estas compañías son monopolios debido a la forma en la que actúan, ya que tienen la capacidad potencial de acaparar la producción de un determinado bien o servicio, que implica la posible imposición de barreras, el desplazamiento de la competencia y/o la determinación de precios.

La Ley Federal de Competencia Económica indica que “los monopolios restringen los procesos de oferta y demanda”. De ese modo, determinan los mercados mediante el control de la competencia y los precios de los bienes y servicios.

Dicha ley, vigente desde 2014, indica que la diferencia entre el monopolio absoluto y el relativo es que, el primero, involucra un acuerdo entre los principales competidores de una determinada actividad, para restringir, controlar y beneficiarse del uso exclusivo del mercado.

Por su parte, el monopolio relativo significa que uno o varios competidores tienen la capacidad para acaparar el mercado. El doctor Salazar dijo a SinEmbargo que, además, “el principal elemento por el que nosotros identificamos un monopolio es porque éste tiene la capacidad de imponer un precio”.

Un ejemplo de esto fue el aumento “injustificado” de 27 por ciento en los precios del cemento por parte de las cementeras, ocurrido entre enero y junio del año pasado.

La “guerra del cemento”, como se le nombró, terminó casi dos meses después de que Cemex rompiera relaciones con la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC) y luego de un acuerdo empresarial para mantener precios competitivos como parte de una “estrategia de valor”.

Aunque la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) acusó a Cemex de aumentar los precios de manera discrecional, la compañía cementera no fue castigada por las autoridades competentes.

Salazar considera que Cemex tuvo la capacidad de aumentar los precios del cemento “por el poder de mercado que tiene”, aunados a la “agresiva” política de precios que ha mantenido en nuestro país luego de tener “grandes problemas financieros” de deuda.

Además, el experto explicó que otro indicador de prácticas monopólicas es la diferencia entre el precio de reserva de un bien o servicio -es decir, la cantidad máxima que un consumidor está dispuesto a pagar- y el precio real del producto -lo que paga el consumidor-.

Sobre esto, a principios de octubre pasados, la Cofece planteó que la falta de competencia y los monopolios de mercado hacen que los hogares mexicanos paguen un sobreprecio de hasta 98.23 por ciento al momento de consumir bienes de consumo final -como tortilla de maíz, pan, cárnicos y huevo, bebidas no alcohólicas, medicamentos o materiales de construcción, por mencionar algunos- y servicios como el transporte foráneo de pasajeros.

Al respecto, la Comisión indicó que los “mercados con menores elasticidades donde hay empresas con poder de mercado, tienen mayores probabilidades de observar precios más altos que aquellos mercados con elasticidades grandes o donde no hay empresas con poder de mercado”.

Las grandes corporaciones

El investigador también explicó a SinEmbargo que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en México el gobierno no obliga a los grandes consorcios a dividirse, sino que recurren a medidas para abrir la competencia económica.

Un ejemplo de esto es la disminución del grado de concentración del mercado de servicios de telefonía móvil en México por el incremento de la competencia.

Así, entre 2013 y 2018 -según datos del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)-, la competencia de América Móvil se cuadruplicó (de cuatro a 16 compañías) y su presencia en el sector se redujo, al pasar de 69 a 64 por ciento.

No obstante, aunque el mejorar la competencia permite un sano desarrollo económico, las medidas que no están acompañadas de mejores regulaciones y sanciones para equilibrar el mercado “no necesariamente limitan las actividades o el comportamiento monopólicos”.

Salazar dijo que cuando no existe una competencia real que obligue a los grandes monopolios a procurar mejores condiciones para el consumidor, siempre van a existir prácticas de imposición de condiciones.

Para explicar esto, recordó lo ocurrido en el sector bancario, en que la apertura a la inversión foránea (a partir de 1994) derivó en el monopolio de los extranjeros que, en la actualidad, controlan el 70 por ciento del sistema de pagos. Como efecto adverso, la banca mexicana tiene comisiones “extremadamente altas”.

Así, la preponderancia de empresas como América Móvil, Bimbo, Cemex, Coca-Cola Femsa, Grupo México, Gruma y Televisa, significan riesgos para la sana competencia económica.

Y, aunque las utilidades netas de algunas de ellas fueron inferiores entre 2014 y 2017 -como en los casos de América Móvil y Televisa-, su valor contable fue en aumento.

Por su parte, durante ese periodo el valor real de Gruma fue ocho veces mayor; el de Bimbo aumento 55.4 por ciento; Bimbo creció 43 por ciento, Cemex 37 por ciento, Televisa 30 por ciento, Coca-Cola Femsa 16 por ciento y América Móvil 5.3 por ciento.

Falta mucho que hacer en materia antimonopólica

Aunque se ha avanzado en este tema, aún hay muchos retos a nivel nacional. Un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM señala, por ejemplo, los problemas de raíz de la Ley Federal de Competencia Económica:

Primero, que a pesar de las sanciones y actos de responsabilidad penal en la comisión de prácticas monopólicas absolutas, las prácticas monopólicas relativas sólo se consideran como violación a la Ley cuando se comprueba que el presunto responsable tiene poder sustancial sobre el mercado relevante.

En segundo lugar, existen omisiones en la fijación de precios máximos a materias primas y artículos o servicios necesarios para la economía nacional y/o el consumo popular. En su lugar, la norma se limitó a conceder amplias y discrecionales facultades al Ejecutivo Federal para que esa éste quien determine cuáles bienes y servicios podrán sujetarse a precios máximos.

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) explica que, en nuestro país, la exigencia normativa “sigue siendo relativamente alta” en varios sectores productivos y limita la facilidad con que las nuevas empresas pueden acceder a los mercados.

Por este motivo, sugiere “abolir o modificar” disposiciones, para que sean menos restrictivas para los proveedores y consumidores, sin menoscabo a los avances en materia de competencia económica.