La iniciativa de reforma a la Ley Minera que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) incluye la tipificación como delitos en materia de minería, la extracción ilegal de minerales o no garantizar la seguridad de los mineros, explicó la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Buenrostro.
En reunión privada que la funcionario sostuvo con diputados de Morena, les explicó las claves de la reforma, la cual buscará:
- Que las concesiones se cancelen si las empresas no cuentan con permisos vigentes de uso de agua para minería.
- Si existe un riesgo de contaminación o daño al equilibrio ecológico en la extracción.
Sin embargo, la iniciativa se discutirá hasta el próximo periodo de sesiones, y antes de presentar un dictamen, se abrirá a discusión pública con el sector, el gobierno federal y especialistas, anunció el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Manuel Rodríguez González (Morena).
“No hay prisa y no habrá sorpresas”, dijo el diputado.
El oriundo de Tabasco dijo que el parlamento abierto se hará porque se quiere que una reforma tan relevante, cuente con el mayor respaldo posible.
“Lo más seguro es que se inicien los trabajos en breve y el análisis, discusión se pueda seguir en los próximos meses para entrar en el siguiente periodo ordinario al dictamen y votación en pleno”, explicó.
La iniciativa prevé un paquete de nuevas obligaciones a las mineras, por lo que:
- Deberán realizar un estudio de impacto social de sus actividades.
- Aplicar medidas de prevención, mitigación y compensación de daños señaladas en el dictamen de concesión que emita la dependencia.
- También deberán presentar una carta de crédito para garantizar el cumplimiento de esas medidas
- Informar la presencia de otros minerales o sustancias no autorizadas en su permiso.
- De ser el caso, deberán entregarlos a la dependencia.
Mina de oro en estado puro. Foto: Especial.
Seguridad
En términos de seguridad, las empresas estarán obligadas a designar un ingeniero responsable del cumplimiento de normas de seguridad, uno por cada siete trabajadores, si se trata de minas de carbón, y en los demás casos una por cada 40.
Tampoco deben construir depósitos o sitios de disposición final de terreros, jales, escorias, graseros de las minas y establecimientos de beneficios de los minerales en lugares que, por el trayecto que sigan los residuos ante su ruptura, afecten núcleos de población, así como contar con la autorización del programa de restauración, cierre y poscierre.
Garantizarán derechos humanos
Para autorizar una concesión, la reforma prevé garantizar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas por medio de una consulta pública, que se realizará antes del concurso para el otorgamiento de permiso o asignación minera, cuyo costo debe ser cubierto por la persona que solicite la autorización.
Buenrostro explicó a la bancada morenista que también se busca tipificar como delito enajenar o traficar minerales y derivados metalúrgicos, al igual que exhibir documentación falsa para obtener o conservar una concesión, menoscabar la seguridad física de trabajadores al omitir el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad de minas y trasladar fuera del país minerales, sustancias o derivados metalúrgicos sin los permisos correspondientes.
Entre las causales de cancelación se incluyen no pagar contribuciones por dos ejercicios fiscales consecutivos, no realizar trabajos objeto de la concesión en dos años consecutivos y no presentar el denominado plan de cierre de mina, el cual tendrá que autorizar la Secretaría de Economía, previa opinión de la Secretaría del Medio Ambiente, y permitiría definir obligaciones, procedimientos y acciones para la reparación, restauración, rehabilitación o remediación ambiental y mitigación o compensación social una vez que las operaciones concluyan.
Raquel Buenrostro, secretaria de Economía
El plazo
En ese caso las mineras tendrán que presentar informes semestrales hasta el cierre y quedar obligadas a ejecutar las medidas de prevención, mitigación o compensación cuantificadas en el dictamen de impacto social o cuando se presenten afectaciones no previstas.
Además, se amplía de cinco a 10 años el plazo para verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios y las relacionadas con derechos humanos son imprescriptibles.
Se resaltó que la reforma busca recuperar la rectoría del Estado sobre los recursos minerales e hídricos, así como regular el otorgamiento, mantenimiento, supervisión y terminación de las concesiones mineras y de agua, proteger los derechos humanos al medio ambiente sano y a la salud de la gente.