En Los Cabos quisieron cerrar el mar… pero el pueblo y su gobernador abrieron paso

Una carretera de tierra, estrecha y flanqueada por mezquites, serpentea a lo largo de la costa que conecta San José del Cabo con Cabo Pulmo. Durante generaciones, este camino ha sido parte del tejido cotidiano de comunidades pesqueras, agricultores y habitantes locales que, sin lujos, han hecho del mar y la tierra su sustento y herencia. Hasta que llegaron los desarrollos turísticos a apropiarse del lugar.

Bloqueos con mallas, cercas, garitas privadas y letreros de “propiedad privada” fueron apareciendo en los últimos años, a la par de la construcción de los nuevos desarrollos turísticos. Empresas hoteleras y consorcios inmobiliarios buscaron hacer del camino costero una ruta exclusiva para sus intereses. En 2015, una decisión de la Junta Estatal de Caminos de Baja California Sur declaró “en desuso” varios tramos, autorizando de facto el cierre de accesos.

El pasado 9 de abril, esta historia cambió el rumbo. El gobernador Víctor Castro Cosío, acompañado por ciudadanos, funcionarios estatales y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), encabezó una caminata simbólica para reabrir el camino de Cabo del Este, declarándolo patrimonio del pueblo.

“No se permitirá que trasgredan los derechos del pueblo. Vamos a regresar lo que es de todas y todos”, dijo ante los habitantes que lo aclamaban. Su mensaje fue claro: el desarrollo no puede estar por encima de los derechos históricos de las comunidades.

El pueblo que defiende el paso

Este no es un conflicto nuevo. Desde hace al menos una década, pescadores, ambientalistas y ciudadanos han denunciado el cierre de caminos costeros por parte de empresas hoteleras. El cierre de estos caminos no solo restringe el acceso a playas –garantizado por la Constitución mexicana– sino también corta las rutas que utilizan agricultores para transportar productos y familias enteras para desplazarse entre comunidades.

Para muchos, la reacción del gobierno estatal fue tardía, pero bien recibida. Petra Juárez, regidora del Cabildo de Los Cabos, fue la única que votó en contra del Plan de Desarrollo Urbano aprobado por el Cabildo que ratificaba el desuso de caminos como el de Cabo del Este.

Quien brilló por su ausencia fue el alcalde de Los Cabos, Christian Agúndez Gómez, pues ni él ni ningún miembro del Cabildo estuvo presente en la reapertura del camino costero, responsables de aprobar por mayoría de votos la tercera actualización del Plan de Desarrollo Urbano (PDU) en la cual se ratificó el desuso de estos caminos para “respetar la propiedad privada”. 

Ante esto, el gobernador Víctor Castro, declaró: “Yo respeto las decisiones políticas de cada uno, cada quien tendrá sus razones y que se lo expliquen a su pueblo yo no me meto ahí porque no guía ningún interés político ni de otro tipo… ya luchamos por eso con mucha gente que siempre ha luchado por esta causa. La cuarta transformación llegó para cumplirle al pueblo”.

La reacción empresarial: el fantasma del chantaje

Antes de la reapertura del camino, el consorcio Grupo Vidanta emitió un comunicado en el que expresó su molestia, asegurando que pausará inversiones en el destino y argumentando que había invertido en pavimentación e infraestructura como “contraprestación” por el acceso a la playa.

La respuesta del gobernador fue contundente: “Quien invierta debe respetar nuestras tradiciones y nuestras comunicaciones, como es el camino costero (…) No debe existir desconfianza de que se vaya la inversión, ya que en esta acción se defiende a la patria.”.

Castro Cosío aclaró que la Junta Estatal de Caminos no tenía facultades para declarar el desuso de los caminos en 2015 y que, de ser necesario, el tema se resolverá por la vía legal. Aseguró que la presidenta Claudia Sheinbaum ya está informada del caso y que se revisarán otros casos similares en Todos Santos y Los Planes.

“No coincido en que para que haya desarrollo podamos justificar despojos, tampoco voy a permitir y ya está enterada la señora presidenta (Claudia Sheinbaum) y si hay un diálogo jurídico que sea entre los responsables de la SCT y la Junta estatal de caminos de ahora, porque no hay facultades para que se declare que un camino va a estar en desuso”, declaró el gobernador.

Y remató: “No queremos romper legalidad y tampoco nos vamos a quedar con brazos cruzados… Creo que se equivocaron la gente de Vidanta al decir que hay una puntada, claro que hay empresarios que no van a reconocer el derecho histórico de los pueblos, y creen que pueden quitarnos el patrimonio, porque así está el corredor turístico… pero se va a recuperar lo que le pertenece a Baja California Sur”.

La batalla no ha terminado

La reapertura del camino fue solo un primer paso. Organizaciones comunitarias señalan que en varias zonas de Baja California Sur los accesos públicos a playas siguen restringidos. En muchos casos, los residentes no tienen forma de llegar al mar sin cruzar por terrenos privados, pese a que la ley exige que los desarrollos garanticen accesos libres.

Mientras tanto, en San José del Cabo, el camino vuelve a estar abierto. Las huellas de los neumáticos y las pisadas de los habitantes dan testimonio de que el pueblo ha vuelto a caminar su historia. Y esta vez, con el respaldo del gobierno.