La Fiscalía General de la República (FGR) aprehendió a 3 de los presuntos “factureros” relacionados con el caso de delincuencia organizada y lavado de 2 mil 950 millones de pesos, por el que están prófugos Víctor Manuel Álvarez Puga e Inés Gómez Mont.
Los detenidos son Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra y Ricardo Cortés Contreras, quienes ya fueron internados en penales federales de alta seguridad.
En septiembre pasado, el juez de control Iván Zeferín Hernández, del Centro de Justicia Penal Federal del Almoloya de Juárez, giró 12 órdenes de aprehensión contra supuestos implicados en una red de corrupción institucional y empresas “factureras” que habrían lavado 2 mil 950 millones de pesos de dos contratos del sistema penitenciario.
En un primer término, como líderes de la supuesta trama delictiva, la FGR colocó a Álvarez Puga y su esposa Inés Gómez Mont.
El siguiente grupo, Yareli Eunice Delgado García, José Reyes Orta Sierra, Ricardo Cortés Contreras, Armando Romero López y Héctor Oswaldo Zorrilla Habana, quienes eran los encargados de realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales.
Las otras cinco personas implicadas, eran servidores públicos, los cuales se encargaban de facilitar los recursos del erario federal, mediante la asignación de contratos ilegales. Eduardo Guerrero Durán, ex comisionado del OADPRS; Paulo Uribe Arriaga, ex director general de Administración;
Emmanuel Castillo, ex coordinador General de Centros Federales; Jesús Gabriel Pérez Rodríguez, ex director general de Desarrollo Tecnológico; y Jorge Arnaldo Nava López, ex director general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del OADPRS.
Básicamente, para blanquear los activos, los presuntos implicados presuntamente celebraban diversos contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, utilizando comprobantes fiscales digitales por internet, que encubrían operaciones falsas.
Al mismo tiempo, “aparentaban actos de comercio y prestación de servicios que no se realizaban; todo ello con la finalidad de lavar dinero, disfrazando dichos delitos de ganancias lícitas que eran inexistentes”.