Por: César Octavio Huerta (@zorrotapatio)

Al menos 34 de las 129 personas acusadas de haber desaparecido a los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en cuyas declaraciones se basa la “verdad histórica”, fueron torturadas por elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal o la Marina.

Así quedó demostrado en el informe titulado “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa” de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

De acuerdo con el documento, las autoridades federales torturaron de distintas formas a los detenidos: golpeándolos mediante patadas, con el puño de la mano o con las armas. Dándoles toques eléctricos en los genitales, los pezones y su ano. Agrediéndolos sexualmente (tres de los hombres procesados fueron penetrados analmente), vendándolos de los ojos o intentando asfixiarlos con bolsas de plástico en la cabeza o mediante la colocación de trapos en la cara seguido del derramamiento de agua o la práctica conocida como “waterboarding”.

Detenidos por el caso Ayotzinapa. Foto: Especial

Además, los aprehendidos fueron presionados psicológicamente para que se auto inculparan y declararan lo que los elementos de la PGR previamente habían establecido, mediante amenazas de muerte en su contra y su familia (en ocasiones mostrando fotografías de familiares) o con la amenaza de ser arrojados al vacío mientras eran transportados en un helicóptero.

“Me volvieron a poner la bolsa en la cabeza y como yo no les decía lo que querían escuchar me empezaron a dar toques primero en la boca, después me volvieron a poner la bolsa, y otra vez me volvían a pegar en la espalda, costillas y abdomen y después me dieron toques en los testículos, después me pusieron una franela en la nariz y en la boca, e igual me seguían preguntando […]. Después se me subieron dos al abdomen y otro me puso la bolsa en la cara, y me dijo que llevaba órdenes del presidente […] me empezaron a dar toques en el ano y me volvieron a poner la bolsa”, según relató Eury Flores López en su ampliación de declaración preparatoria del 4 de noviembre de 2014. 

En al menos 23 casos, los detenidos señalaron como responsable de su tortura a elementos de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en ese entonces a cargo de Tomás Zerón. Uno de ellos fue Julio César Mateos Rosales, policía municipal de Cocula, quien en su declaración, contó que fue amenazado para que se autoinculpara o de lo contrario matarían a su esposa e hijas por una supuesta orden del presidente Enrique Peña Nieto.

“Esa era la orden que traían los federales, de que nosotros teníamos que mencionar lo que sabíamos y si no matarían a mis hijas y a mi esposa ya que había sido orden presidencial”.

Policías detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Foto: Agencia Cuartoscuro

En otro de los casos, los detenidos fueron trasladados fuera de las instalaciones de la PGR y conducidos a un cerro donde los agentes federales los pusieron a escarbar un pozo que supuestamente sería su tumba. Así lo contó uno de los aprehendidos, de nombre Osvaldo Ríos Sánchez:

“Nos llevaron a Iguala, y nos llevaron a un cerro en una camioneta y nos pusieron a escarbar un pozo diciéndonos que esa era nue ra tumba. Me empezaron a golpear y me tiraron dos balazos, a mi hermano se lo llevaron a otro lado, un balazo me lo tiraron a la cabeza pero no me lo dieron porque me tiraron a un lado, diciéndome que me iban a matar y de ahí me tiraron el otro. Nos bajaron y de nuevo me subieron al helicóptero diciéndome que me iban a tirar desde arriba y me volvieron a llevar al cuartel, me volvieron a pegar poniéndome la bolsa diciéndome que cuando llegara a la SEIDO tenía que decir lo que ellos me dijeran”.

Desde el inicio, las autoridades realizaron detenciones arbitrarias, hubo demoras en la presentación de  los detenidos ante un juez o ministerio público en cuatro de los casos y abuso de la fuerza en al menos 27 casos, pues los detenidos presentaron lesiones después de su aprehensión.

“De conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos, cuando el estado de salud de una persona es evaluado como bueno y con posterioridad a su detención ésta presenta lesiones, corresponde a las autoridades dar una explicación de ello e iniciar una investigación al respecto. La carga de esta prueba corresponde al Estado” señala el informe.

Escuela Normal de Ayotzinapa. Foto: Especial

Asimismo, la Oficina documentó nueve casos en los que hubo “confesiones espontáneas” de los detenidos, en las cuales se auto-inculparon ante las autoridades por “voluntad propia” de los delitos de homicidio, asociación ilícita o delitos contra la salud.

De acuerdo con los exámenes médicos realizados tras la detención, las personas presentaron múltiples lesiones, la mayoría de ellas fueron “hematomas, equimosis, costras hemáticas y excoriaciones”, consideradas de tipo traumático y las cuales según el Protocolo de Estambul pueden estar relacionadas con actos de tortura.

Según la versión de las autoridades federales, fueron realizadas por los mismos inculpados, “anteriores a la detención”, relacionadas con “estados de ebriedad” o “caídas”.

El ex procurador José Murillo Karam y el ex jefe de la AIC, Tomás Zerón. Foto: Proceso

Tras presentar esta información, la Oficina de la ONU pidió a las autoridades que cualquier prueba del caso Ayotzinapa en la que existan razones fundadas de haber sido obtenida bajo tortura, se excluya o se declare nula y sin efecto. Además, solicitó a la PGR realizar investigaciones para identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, las torturas y otras violaciones a los derechos humanos.

Entre los 34 casos presentados en este informe, se encuentran policías de Iguala e individuos vinculados al cartel de Guerreros Unidos, como Gildardo López Astudillo, “El Gil”, quien según la versión de la PGR ordenó la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa o Agustín García “El Chereje”, quien fue llevado al Río San Juan por el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, para que le señalara el lugar donde supuestamente fueron arrojados los restos calcinados de los estudiantes, dos elementos centrales en la “verdad histórica”, la versión defendida por el gobierno de Enrique Peña Nieto para sepultar el caso.

Este es el informe presentado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH)