Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública (SFP) que encabezó Virgilio Andrade, sobreseyó el 42.9 por ciento de las investigaciones que ésta dependencia abrió por actos de corrupción, presuntamente por falta de pruebas.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP adelantó que que hay cuatro expedientes abiertos por el caso de la constructora brasileña Odebrecht, a la vez que destacó que ya tiene la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para la aplicar sanciones.
“Aplicar la política del derecho administrativo sancionador, se van a aplicar sanciones en todos los casos emblemáticos pero, subrayo el combate a la corrupción no va a ser política persecutoria”.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP. Foto: Twitter.
Eréndira Sandoval dijo que en la administración del expresidente Enrique Peña Nieto la SFP actuó con simulación en el combate a la corrupción, con reformas incompletas que excluyeron a la sociedad de los procesos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
En su opinión, la corrupción no se trata solamente de dar “mordida”, sino que es un problema estructural que requiere de soluciones estructurales.
Tras asistir a una reunión de trabajo con las comisiones de Gobernación y la de Anticorrupción, del Senado de la República, afirmó que la visión del pasado gobierno fue corta, fallida e incompleta porque le faltó a la función pública fortalecer los procesos de prevención y erradicación de prácticas de corrupción.
Irma Eréndira durante su comparecencia en el Senado de la República. Foto: Twitter.
Dijo que la institución será relanzada bajo cinco ejes: ciudadanización del combate a la corrupción y de la impunidad; democratización de las tecnologías, protección a los alertadores internos, servicio profesional de carrera y austeridad republicana, fiscalización y evaluación constante.
Comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó sancionar y erradicar la corrupción.
“Nuestra visión es castigar la corrupción, eliminar la ineficacia, ciudadanizar el combate a la malversación de fondos, proteger la denuncia ciudadana, garantizar la transparencia, generar ahorros que se traduzcan en bienestar para la población”.
Agregó en 2018 la SFP conoció de 11 mil 864 expedientes en materia de responsabilidades que involucraron a 13 mil servidores públicos, y de ese total 5 mil 597 fueron resueltos, pero 4 mil 696 se archivaron sin sanción.
Hace unos días durante el Día Internacional contra la Corrupción, la funcionaria habló de lo que significa la austeridad para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
“Un gobierno austero es el que no malgasta en cuestiones superficiales y vanas el dinero público, sino que destina la mayor parte de sus recursos a los propósitos reales de desarrollo y justicia social que emergen del mandato popular”, dijo.
Asimismo, hizo énfasis que se impulsara la figura de los ciudadanos alertadores de la corrupción, así como el cumplimiento de los convenios suscritos por México en materia de combate a la corrupción.
“Todas las acciones que realicemos en esta institución, tendrán como factor clave de éxito al más importante y al actor que el Estado debe tener como su razón de ser y existir; el ciudadano”.