Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto el petróleo mexicano y sus derivados fueron acaparados por un exclusivo grupo de familias que acumularon enormes fortunas al establecer emporios con decenas de gasolinerías distribuidas a lo largo de todo el país.

De acuerdo con la revista Proceso, tras revisar 4 mil 793 permisos para operar, entregados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) entre 2015 y 2018, encontró que varias gasolinerías obtuvieron decenas o cientos de permisos durante el sexenio de Peña Nieto e incluso participaron en maniobras fraudulentas que favorecieron a los gobernantes.

Grupo Hidrosina, de los hermanos William y Paul Karam Kassad, es uno de los principales despachadores privados de gasolina en el país. Esta empresa obtuvo de la CRE 193 permisos para operar gasolinerías, 55 de ellos en la Ciudad de México, 34 en el Estado de México y 26 entre Veracruz y Tamaulipas.

William Karam. Dueño de Hidrosina. Foto: El Mañana de Reynosa

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, liderada por Santiago Nieto Castillo, determinó que Grupo Hidrosina es sospechoso, por lo que, como parte de la estrategia federal de combate al robo de hidrocarburos, fueron bloqueadas las cuentas bancarias de William Karam.

A finales de enero, además, el diario Reforma también dio a conocer que Karam había sido incluido en la Lista de Personas Bloqueadas, junto a otros presuntos lavadores de dinero.

Al respecto, Karam solicitó un amparo el 28 de enero pasado y un juez le otorgó la suspensión provisional dos días después.

Los hermanos Karam Kassad fueron vinculados, en los últimos 30 años, con personajes relacionados a maniobras fraudulentas a favor del PRI, como el exbanquero yucateco, Carlos Cabal Peniche, quien se enriqueció durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari y huyó del país.

Cabal Peniche también confesó haber financiado de manera ilegal las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio y Ernesto Zedillo, así como la de Roberto Madrazo para el Gobierno de Tabasco.

Gasolinerías para criminales

Además, en julio de 2012, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer una lista de personas y empresas de Sinaloa y Jalisco relacionadas con el Cártel de Sinaloa, especialmente con Juan José Esparragoza Moreno, alias “El Azul”.

Entre las empresas con las que se lavaba dinero, fueron señaladas siete gasolinerías. Una de ellas es Buenos Aires Servicios, incorporada al Registro Público del Comercio (RPC) en abril de 1996 por César Javier Loya Castro, un operador del Chapo Guzmán, y el empresario sinaloense Ignacio Emilio Escobas Serrano.

En diciembre de 2011, las acciones de Loya fueron vendidas a Ofelia Monzón Araujo, esposa de Esparragoza Moreno.

Tres meses después de que se diera a conocer el boletín del gobierno estadounidense, los propietarios le cambiaron el nombre a su empresa por el de Gasolinera Multilomas y poco después decidieron que Jesús Solís Avilés, también señalad por autoridades estadounidenses como operador del cártel, disolviera su sociedad, en enero de 2017.

Entre octubre y noviembre de 2015, la CRE dio 15 permisos a empresas de Escobosa, según Proceso todas llamadas Servicios Escoserra, para operar gasolinerías en Culiacán, Mazatlán, Angostura y Salvador Alvarado, y en julio de 2016 le entregó otro.

En los últimos años se multiplicaron las noticias sobre gasolinerías usadas por grupos criminales para lavar el dinero que obtienen de sus actividades ilícitas, gracias a la facilidad que les da comprar y vender miles de litros de gasolina en efectivo y de emitir facturas.

Al revisar a mil 205 concesionarios a los que la CRE les dio 4 mil 397 permisos para operar gasolinerías entre 2015 y 2018, Proceso encontró nombres relacionados con grupos criminales dedicados al tráfico de drogas o de personas, así como al robo y venta de combustible.