En el marco del 11º Foro de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, en Ginebra, comunidades del municipio de Solidaridad, de Quintana Roo, presentaron el caso de la acción colectiva emprendida en contra de la empresa estadounidense de asfalto, Vulcano, y su mina Calica, de Playa del Carmen.
Quetzal Tzab, representante común en la acción colectiva por las comunidades contra la mina, explicó durante su participación los daños ocasionados por la empresa en detrimento de los acuíferos y cenotes de la región, los flujos subterráneos y la biodiversidad.
Lo anterior, recalcó, representa una clara violación a los derechos humanos a un medio ambiente sano, según lo estipulado en el artículo cuarto constitucional, así como una violación a los derechos territoriales de las comunidades indígenas que habitan la región, y el derecho superior de la niñez a un medio ambiente sano.
Quetzal Tzab
“La violación a los derechos territoriales de las comunidades indígenas que habitan la región, el derecho superior de la niñez a un medio ambiente sano, son afectados por las prácticas de esta empresa y su contaminación que tiene importantes implicaciones para la salud de la población, particularmente de las comunidades marinadas que habitan en torno a la mina”, indicó.
Por más de 30 años, la empresa Calica ha realizado numerosas voladuras por debajo del nivel freático mediante el uso de explosivos como hidrogeles, con lo que ha alterado los flujos y corrientes subterráneas y apropiándose, indebidamente, de grandes volúmenes de agua.
Desde hace meses, Calica lleva a cabo un agresivo litigio contra nuestro país para obtener nuevos permisos para nuevas rondas de explotación por tiempo indefinido en una superficie superior a las mil hectáreas de selva.
Lo anterior ocasionaría una devastación irreversible, como ya ocurrió con las primeras mil hectáreas de la selva que desaparecieron a consecuencia de las excavaciones de más de 12 metros por debajo del manto freático por parte de Calica.
El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático han mencionado que, aunque esta empresa contaba con algunos permisos que le fueron otorgados hace más de 20 años de forma irregular, la empresa ha violado de forma sistemática las condicionantes establecidas en dichos permisos, mismos que son un requisito indispensable para seguir explotando la mina.
Por ello, las comunidades afectadas demandas el cierre definitivo de la mina y el resarcimiento del daño, o bien, un cumplimiento sustituto mediante la acción colectiva.
Al momento, las comunidades demandantes han sido apoyadas por algunas organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos, como:
- Grupo Internacional de Asuntos Indígenas (IWIGA)
- Centro de Documentación, Investigación e Información de los Pueblos Indígenas (DOCIP)
- Geneva Water Hub (GHW)
- Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI)
Mientras tanto, el asesor ambiental de los demandantes, Raul Benet, cuestionó al representante del Departamento de Estado de Estados Unidos ante la cumbre, Chanan Weissman, el supuesto compromiso del gobierno norteamericano con los derechos humanos.
En respuesta, el representante se comprometió a revisar el caso de Vulcan y dar una respuesta a las comunidades.
Será en las próximas semanas que los tribunales y juzgados del distrito del Poder Judicial de la Federación revisen las demandas colectivas presentadas por las comunidades. Se espera que en poco tiempo se dicten las medidas exigidas.
El foro Mundial de Negocios y Derechos Humanos de la ONU tiene como objetivo atender los derechos de las comunidades y desarrollar instrumentos que obliguen a las empresas de los países desarrollados a respetar los derechos humanos de las comunidades en los países donde operan.