Son las dos de la tarde del sábado 15 de noviembre de 2014. Bryan Reyes Rodríguez, 27 años, músico (guitarra clásica y flamenca), Jacqueline Santana López, 22, alumna del último semestre de Economía en la FES-Acatlán (9.3 de promedio) y percusionista (ella toca el cajón peruano) miran por la ventana del departamento donde viven en la unidad habitacional John F. Kennedy, ante la la explanada de la delegación Venustiano Carranza. Los acompaña un amigo, que a la postre resultará ser un soplón.

Abajo, al otro lado de la avenida que pasa entre la unidad Kennedy y la Venustiano Carranza, varios sujetos de playera blanca y pantalones de mezclilla azul, voltean con frecuencia hacia arriba, hacia la ventana de ellos. No es la primera vez que lo hacen. Bryan, de hecho, ya los ha denunciado en su cuenta de Facebook desde hace días. “Me están vigilando. No sé por qué ni quiénes son”, escribió.

Para ganarse la vida, Bryan y Jacquie venden hamburguesas veganas. Son jóvenes de su tiempo, no comen carne y luchan por las mismas causas que los unen a cientos de miles de jóvenes más: la libertad de los presos políticos en el DF, Puebla, Guerrero, Chihuahua el Edomex; contra los feminicidios; a favor de los habitantes de Atenco que se oponen al aeropuerto que Peña Nieto quiere construir sobre sus campos de alfalfa y maíz; la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa…

Son activistas y saben muy bien lo que significa esta palabra en México. Bryan fue detenido el primero de diciembre de 2012, durante las protestas por la toma de posesión de EPN. Fue uno de los 120 ciudadanos que los granaderos del GDF, a las órdenes de Marcelo Ebrard, y los policías federales, bajo el mando de Manuel Mondragón y Kalb, atraparon delante del Palacio Legislativo de San Lázaro y en distintos puntos del Centro Histórico.

En la imagen, Jacqueline Santana López, 22, alumna del último semestre de Economía en la FES-Acatlán (9.3 de promedio) y percusionista.

En la imagen, Jacqueline Santana López, 22, alumna del último semestre de Economía en la FES-Acatlán (9.3 de promedio) y percusionista.

Bryan fue acusado injustamente por “ataques a la paz pública”. Cinco días después de los hechos, en los que un proyectil de madera lanzado por la Policía Federal, destruyó el rostro del profesor Juan Francisco Kuykendal (quien moriría en enero de 2014 tras un año y dos meses en estado de coma), Ebrard entrega el GDF a su amigo y colaborador Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Mancera, con el cargo que obtuvo en las elecciones del primero de julio de 2012, recibe dos papas calientes. La crisis de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y un paquete de 120 presos políticos. Mientras opera la salida de la rectora de la UACM (una impostora que se dice científica peró sólo es una corrupta de siete suelas) Mancera ordena a la bancada del PRD en la Asamblea Legislativa del DF, que derogue el delito de “ataques a la paz pública” para que salgan los 120 presos, pero el PAN y las cámaras patronales se le echan encima y lo impiden.

Hay un estira y afloja. Se alcanza un acuerdo. El delito se mantiene pero lo suavizan para que la mayoría de los detenidos pueda salir bajo fianza. Bryan Reyes no alcanza tal beneficio y queda a disposición del juez 11 de lo penal, junto con 14 acusados más. Cuando lo condenan a pasar una temporada en el infierno, su abogado apela, pero el juez le confirma la sentencia. Entonces pide un amparo a la Corte y finalmente vuelve a su casa en libertad condicional. Hoy todavía espera la resolución de la Suprema.

En la imagen, portando la guitarra, Bryan Reyes Rodríguez, 27 años, músico (guitarra clásica y flamenca)

En la imagen, portando la guitarra, Bryan Reyes Rodríguez, 27 años, músico (guitarra clásica y flamenca)

Interviene un héroe insólito

Ahora son ya las dos y media de la tarde, es el mismo sábado 15 de noviembre de 2014, los hombres de playera blanca siguen abajo, al otro lado de la avenida. Bryan y Jacquie deciden salir. Necesitan ir a la Merced a comprar legumbres para las hamburguesas. Su supuesto amigo dice algo que en ese instante no comprenden: “¿Y si nos agarran esos monos?”

“Ah, chingá, ¿por qué nos tendrían que agarrar? No hemos hecho nada”, responde Bryan. De tal suerte, pues, abandonan el departamento y el edificio. Para cruzar la avenida suben por la escalera del puente peatonal y cuando bajan por el lado opuesto, los de playera blanca rodean a Bryan y lo meten en un Chevy color gris. A Jacquie la pescan unas mujeres y la obligan a sentarse dentro de un taxi. El “amigo” de ambos se echa a correr, pese a que nadie lo persigue.

En la trifulca, Jacquie y Bryan gritan sus nombres, dicen que los están secuestrando. Un policía uniformado del GDF saca su pistola, encañona al chofer del Chevy y ordena que sus acompañantes liberen a Bryan. “Somos de la Policía Federal, es un operativo para la prevención del delito”, arguye el sujeto y el Chevy arranca. Pero el policía, héroe insólito, solicita refuerzos y una patrulla sigue al Chevy y al taxi y de un cerrón los inmoviliza otra vez.

Todo ocurre ahora en a espaldas del edificio de la Venustiano Carranza. Una bola de curiosos rodea los dos autos. El jefe del operativo resuelve: “Esto ya se hizo muy grande, los tenemos que presentar”, y con la venia del policía el Chevy y el taxi entran al estacionamiento de la delegación.

“De ahí a la oficina del Ministerio Público se hacen cinco minutos en coche y tres a pie”, reflexiona el penalista Sergio Soto, abogado defensor de Bryan y Jacquie, “sin embargo se tardaron una hora y cuarenta y cinco minutos en presentarlos”. Durante ese lapso, las mujeres que habían capturado a Jacquie la amenazan: “Si tu novio no coopera te van a violar”.

“¿Cómo sabían que eran pareja?”, reflexiona Sergio Soto. Entre tanto, a Bryan le quitan su teléfono y le preguntan por las actividades que realizan sus amigos de Facebook en cuatro o cinco estados del territorio mexicano. Todos son, como él, activistas que luchan pacíficamente contra el régimen de Peña Nieto. Cuando al fin acaba el interrogatorio, que se prolonga lo que dura un partido de futbol, ambos son llevados ante el juez calificador del MP, dizque “detenidos en flagrancia”, dizque después de “robar un billete de 500 pesos” a una pobre mujer a la que amagaron con dos cuchillos.

Los federales, de playera blanca y mezclilla azul, entregan al juez dos cuchillos y un billete de 500 pesos. La mujer, dizque asaltada, se llama Lidia Zárate Herrera. El MP consigna a Jacquie a la cárcel de mujeres de Santa Marta Acatitla y a Bryan al Reclusorio Norte. Sergio Soto, su abogado, solicita que se amplíe de 72 a 144 horas el plazo que concede la ley para que los acusados ofrezcan pruebas de su inocencia.

Cuando el término se vence, el 22 de noviembre de 2014, el licenciado Rafael Ángel Jiménez Agundes, “juez interino trigésimo penal en el Distrito Federal”, les dicta auto de formal prisión por “su probable comisión dolosa del delito de robo agravado”. Y desde entonces, Bryan y Jacquie están detrás de las rejas.

Una Gestapo a la mexicana

En defensa de ambos jóvenes, Sergio Soto investiga que la “pobre mujer asaltada” en realidad está adscrita a la “División de Operaciones Encubiertas e Infiltración de la Dirección de Inteligencia de la Policía Federal”, que depende directamente del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

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“Los iban a secuestrar”, afirma el penalista. “Si no se hubiera armado el borlote, si no hubiera intervenido el policía que sacó su pistola, probablemente los hubieran desaparecido, pero como todo les salió mal tuvieron que armar un caso jurídicamente absurdo.”

A petición de Sergio Soto, un perito experto en huellas digitales examinó los dos cuchillos y el billete de 500 pesos. “No encontró nada: ni huellas de Bryan, ni huellas de Jacquie, ni huellas de Lidia Zárate. Es más, en la acusación se dice que Lidia estaba comiendo unos tacos cuando la asaltaron. Bueno, el perito dactiloscópico tampocó halló manchas de grasa en el billete”, agrega el penalista.

Peor todavía, para los acusadores. Sergio Soto recabó los videos de seguridad, grabados por las cámaras que están alrededor de la Venustiano Carranza y descubrió otro dato irrefutable: en el momento en que ocurrieron los hechos, los puestos de tacos estaban cerrados.

“Mis clientes tienen que ser puestos en libertad inmediatamente, sus testimonios están plenamente confirmados por los videos. Las cámaras los captaron cuando los detuvieron al bajar del puente y los metieron a los carros. No pueden seguir presos. Jacquie ha denunciado que personal del Centro de Readaptación Social de Santa Marta Acatitla le han dicho que le conviene prostituirse, para salir más rápido. Ella misma ha visto cómo otras internas son obligadas a hacerlo. Es una estudiante con altas calificaciones, no se merece lo que está viviendo, ni ella ni Bryan se merecen esto.”