Para tener una democracia de alta intensidad en México es necesario reconocer que la democracia representativa aún no es suficiente. Y a pesar de ciertos avances en la materia, sigue siendo de baja intensidad y calidad.

Instrumentos como el referéndum, la iniciativa popular o la consulta son fundamentales para construir una democracia que cumpla el objetivo procedimental de que las decisiones sean tomadas por todos o la mayoría, pero también el objetivo sustantivo de que esas decisiones tengan un beneficio para la población, contribuyendo a satisfacer necesidades y a solucionar conflictos.

Toda consulta a la población debe ser considerada de inicio un acto democrático, porque implica un reconocimiento tácito a la comunidad política como soberana, dándole capacidad de agencia para decidir sobre su presente y sobre su futuro. La democracia se fortalece cuando se considera al ciudadano su actor central, su protagonista.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador. Foto: Especial

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador, puesto en marcha recientemente, ha declarado que utilizará las consultas como un mecanismo democrático para incluir la participación y la opinión del pueblo en decisiones polémicas e importantes. Si consideramos que en gobiernos pasados jamás se pensó si acaso consultar a la población para las decisiones que se tomaron, siendo la mayoría dañinas a los intereses de la población, podemos decir que la existencia de consultas es de inicio positiva y necesaria.

Los opositores al gobierno han argumentado que las consultas carecen de validez y legalidad y que son estrategias para legitimar decisiones previamente tomadas.

Ante estas posturas debemos tomar en cuenta que las consultas pueden ser legítimas, aunque no legales, como lo fueron en su momento las consultas zapatistas de los años 90 y la consulta realizada por AMLO en la etapa de transición sobre el Nuevo Aeropuerto en Texcoco.

Andrés Manuel López Obrador durante la Consulta Nacional sobre el Nuevo Aeropuerto
Foto: Saúl López / CuartoOscuro

En otros casos pueden ser legales, pero no legítimas, como lo que sucede con la consulta nacional sobre el Plan Nacional de Desarrollo establecida en el artículo 26 constitucional.

En teoría, el Presidente está obligado a consultar a la población en los primeros meses de su mandato para elaborar este Plan y presentarlo a más tardar en mayo. Y aunque este ejercicio se hace vía internet, no tiene impacto en la población pues las autoridades para no tener que someter sus propuestas a consulta, deciden no darle difusión y simular este ejercicio.

La legitimidad o ilegitimidad de una consulta puede estar determinada por diversos factores como una amplia y masiva participación o su relevancia.

En el caso de los zapatistas, las consultas realizadas por ellos mismos en la década de los noventas  gozaron de prestigio y legitimidad porque su elemento principal estaba basado en la lucha que emprendieron para detener la guerra de exterminio en su contra.

Lo que hace, por el contrario, ilegítima una consulta como la del Plan Nacional de Desarrollo es la escasa participación de la sociedad, aunque se trate de una encuesta nacional, así como otros factores que la hacen poco atractiva como el mecanismo utilizado al realizarse, en este caso, vía internet.

Consulta Nacional para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto. Foto: Especial

Ante la importancia que revierte la existencia de estos mecanismos de participación ciudadana necesitamos abrir un debate sobre sus fines y la formas más adecuadas de realizarlas con el fin de que cumplan con su objetivo de ser un instrumento de poder real de la ciudadanía y permitan incidir en la toma de decisiones vinculantes.

Se debe ser cuidadoso a la hora de analizar cuáles pueden ser los objetivos y los efectos buscados y esperados por sus promotores, así como analizar el contexto político en el que se realizan. Sólo así conseguiremos un análisis más detallado de su importancia como mecanismo legítimo de participación ciudadana frente a las decisiones que tome el gobierno en turno a través de las instituciones del Estado.

Durante la etapa de transición gubernamental y en los primeros dos meses de gobierno de AMLO se han realizado dos consultas, una sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto en octubre de 2018 y otra sobre la construcción del Tren Maya en noviembre de 2018; se ha anunciado una muy importante para el 21 de marzo sobre la decisión de enjuiciar o no a los expresidentes Carlos Salinas, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; y una consulta a la población en los 36 municipios de Morelos, 15 de Puebla y 9 de Tlaxcala sobre la construcción o no del Proyecto Integral Morelos (Gasoducto y Termoeléctrica de Heuxca).

Opositores a la termoeléctrica, entre ellos el activista Samir Flores, asesinado a unos días de la consulta. Foto: Especial

Las tres primeras consultas han tenido un alcance nacional mientras que la cuarta tiene un carácter más local (aunque no menos importante). Las dos primeras se realizaron en el periodo de transición ayudadas por el impulso de la legitimidad del presidente electo, mientras las otras dos se realizarán en un momento donde el gobierno ya se encuentra en funciones y en un momento en que el Presidente sigue teniendo amplios niveles de aceptación y popularidad.

Sin embargo, en estas consultas hay que considerar que la oposición en diversos frentes (partidista, social) se ha posicionado en contra generando un amplio debate en torno a esta decisión que consideran polémica.

Pese a todo, el gobierno debe continuar con esta práctica democrática de consultar al pueblo buscando la mejora constante de este mecanismo y tratando de darle un fundamento legal; debe evitar que sean vistas o utilizadas como instrumentos legitimadores de decisiones previamente tomadas; debe cuidar que las consultas se basen en un proceso amplio de información y deliberación, respetando otro tipo de formas de organización y toma de decisiones de parte de los sectores involucrados y/o afectados.

Consulta Nacional para decidir el futuro del Nuevo Aeropuerto. Foto: Especial

Aunque uno de los retos del gobierno es contribuir a la construcción de una democracia de alta intensidad y calidad, quizá el mayor reto del gobierno (por lo tanto, el más loable y difícil) sea detener, desmontar y desmantelar el modelo económico neoliberal –que ha detenido el desarrollo del país, ha desmontado las posibilidades reales de la democracia participativa y ha desmantelado al Estado y a la sociedad sujetándolas a los intereses del mercado– y crear, en su lugar, un modelo de desarrollo que restituya la justicia social, genere un crecimiento y desarrollo económico con una mejor distribución de la riqueza y reconstruya el tejido social destruido por el individualismo, la violencia y la corrupción propias del neoliberalismo.

En ese reto la democracia –en sus diversas formas y manifestaciones– debe ser su aliado principal, pues en el fondo es y debe ser el pueblo el actor central y el más beneficiado. Las consultas son importantes en esta tarea pero deben contar también con una buena organización, un aval institucional y un proceso previo de información y deliberación pública.

AMLO debe equilibrar sus acciones de gobierno: continuar con sus medidas de combate frontal a la corrupción y la impunidad como en el caso del huachicoleo –que le han dado amplios márgenes de legitimidad y aceptación popular–; ser cuidadoso en el tema de la Guardia Nacional reconociendo que son legítimas las preocupaciones de amplios sectores de la sociedad de que corporaciones militares realicen funciones de seguridad pública sobre todo por la afectación a los derechos humanos.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante la conferencia matutina. Foto: Galo Cañas/Cuartoscuro

Por su parte, los sectores críticos deben reconocer también que es legítima la preocupación del gobierno porque las corporaciones civiles encargadas de esa responsabilidad no sean hoy suficientes y no  cuenten con la preparación profesional para combatir al crimen organizado que ocasiona una gran violencia e inseguridad teniendo que recurrir la creación de esta nueva corporación.

Los asesores de AMLO deben aconsejarlo para que cuide su discurso evitando caer en excesos e incluso errores. Por ejemplo, el de denostar a todo lo que se llame sociedad civil. Ya que, aunque es cierto que en este concepto se incluyen sectores organizados de la sociedad que se pueden catalogar de detractores de la democracia, que se asocian a grupos de interés o que se adscriben a ideologías conservadoras y fundamentalistas, también es cierto que la sociedad civil es diversa y plural y caben en ella actores o grupos sociales como los movimientos sociales o las organizaciones de la sociedad civil (de diversa índole) que han hecho grandes aportaciones a la democracia, al control del poder autoritario del Estado, en defensa de los derechos humanos y a favor de los intereses de la sociedad.

Incluso, se debe considerar, que muchas de esas organizaciones y movimientos han apoyado a AMLO en distintas etapas de su trayectoria política, incluidas las elecciones del 1 de julio. Y pese a los ataques, lo seguirán haciendo.

AMLO en Cuautla, Morelos, presentando la propuesta para llevar a cabo la termoeléctrica.

Cuando AMLO llama conservadores a los grupos de izquierda que se oponen a sus propuestas de grandes proyectos como el Tren Maya, el corredor Transístmico o el Gasoducto y la Termoeléctrica de Huexca en Morelos, se equivoca, pues se trata de un adjetivo desproporcionado que denosta y subestima el legítimo derecho que tienen esos sectores sociales de oponerse a tales obras.

Decirles conservadores a los miembros del Frente de Pueblos en defensa de la Tierra (FPDF) o a los integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) es tan desproporcionado como decirles progresistas a los grandes empresarios que se han beneficiado a través del lucro y la corrupción durante muchos años pero que ahora se dicen dispuestos a colaborar con el gobierno en el desarrollo del país.

Pareciera que AMLO, siendo un político progresista de izquierda, es más conciliador con la derecha que con la izquierda social y movimientista –de la que por cierto proviene en parte– esto, sin duda, le genera gran rechazo en muchos sectores que votaron por él bajo la esperanza de un cambio real, que apostara por la defensa de la vida y del medio ambiente –como él mismo lo manifestó en distintos momentos durante su campaña–. AMLO debe dialogar con estos actores antes de llamar a consulta o realizar cualquier acción que, aunque legal, sea completamente ilegítima.

AMLO con miembros del Consejo Mexicano de Negocios. Foto: Especial

Así como me pareció desproporcionada la posición del CNI y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) –en voz del sub comandante Galeano– de no haber dado, en su momento, la importancia que merecía al triunfo tan amplio y contundente de AMLO, lo cual le hubiese conferido amplia legitimidad, pues fue un triunfo contundente del pueblo mexicano a través de la democracia representativa, de la misma manera, me parece desproporcionado que el gobierno actual no conceda el lugar que se merecen los movimientos sociales y las organizaciones de la sociedad civil que decidan oponerse a proyectos como el Tren Maya o la Termoeléctrica en Morelos por considerar que van a afectar su territorio, su vida y sus costumbres, beneficiando a inversionistas nacionales y extranjeros; y dando continuidad a uno de los pilares de la política económica neoliberal, que dice combatir, que es la acumulación a través de la desposesión y el despojo.

En relación con la consulta prevista para este fin de semana sobre la Termoeléctrica y tomando en cuenta el artero, cobarde e inaceptable asesinato de Samir Flores, activista opositor al proyecto, quisiera resaltar otros hechos que me parecen contrastantes y desproporcionados.

Por un lado, la posición del CNI, el EZLN y el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Morelos (FPDTM) de acusar directamente y sin pruebas al gobierno de AMLO del asesinato, afirmando que se debió a su cerrazón de imponer el proyecto escudado en una consulta a modo. Por el otro, la poca sensibilidad de AMLO al lamentar el asesinato al afirmar que la consulta no se detendría.

Integrantes del EZLN con el Subcomandante Marcos. Foto: Especial

La democracia tiene como dos de sus principios fundamentales el diálogo y la tolerancia. En la medida en que los actores políticos, por más antagónicos que sean, no intenten basar sus acciones en estos y otros principios democráticos necesarios para una solución pacífica de los conflictos, le estaremos cerrando el paso a la democracia, encaminando a nuestro país al lugar del encono y la violencia que, en estos momentos, no abonan nada a la solución de los grandes problemas nacionales.