Tras la aprobación en el Senado de la República de la Ley Federal de Austeridad Republicana con la que se pretende que el Gobierno gaste menos en funcionarios y más en la gente, los diputados de oposición acusaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador de tratar de revivir una ‘partida secreta’ como la que utilizó a su antojo el expresidente Carlos Salinas de Gortari.

Sin embargo, tanto el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, como la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval y el presidente de la Cámara Directiva del Senado, Martí Batres, dejaron en claro que esto es absolutamente falso.

La “partida secreta” sirvió durante mucho tiempo como “la caja negra del presupuesto nacional”.  Eran recursos de ingresos federales que el presidente en turno gastaba en condiciones de completa discrecionalidad, tenía la facultad de incrementar gastos que ya estaban presupuestados, o de inventar nuevas erogaciones.

Incluso, el 12 de febrero de 2009, Carmen Aristegui difundió en Noticias MVS  una grabación en la que Luis Téllez, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, expresaba que el expresidente priista Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) se robó la mitad de la ‘partida secreta’ y que al final de su sexenio destrozó al país.

La conversación de Téllez quedó registrada en  el buzón del celular de una mujer, identificada como Diana Pando.

Días después de la difusión de esa grabación, Luis Téllez se retractó al señalar que nunca tuvo, ni ha tenido “evidencia alguna sobre acciones ilícitas del expresidente”.

Otro que delató a Salinas de Gortari y que posteriormente también tuvo que retractarse, fue el expresidente Miguel de la Madrid, quien confesó a Carmen Aristegui en una conversación los abusos cometidos por su sucesor.

“Siempre había existido en México una partida secreta para cubrir gastos políticos. Pero se abusó”, dijo Miguel de la Madrid.

 “Cómo abusó Salinas de esa partida secreta? Porque era mucho más grande que la que usted ejerció. Eso está clarísimo”, preguntó Carmen Aristegui.

“¡Ampliamente!”, respondió Miguel de la Madrid.

Carmen Aristegui le preguntó al exmandatario mexicano de que tamaño fue la partida secreta a disposición de Carlos Salinas de Gortari, “¿Cien veces mayor a la de usted”‘, preguntó la periodista.

“Sí”, respondió De la Madrid.

El 25 de abril pasado, la Cámara de Diputados comenzó la discusión para reformar el artículo 74 de la Constitución para eliminar y desaparecer las partidas secretas del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

La diputada de Morena, Miroslava Carrillo Martínez, dijo ese día que en una revisión que se realizó sobre el tema en Chile, Colombia, España y Argentina, en derecho comparado, no se encontró precedente alguno sobre la concepción de partidas secretas, México era la excepción.

“México es el adalid genuino y auténtico y por lo menos decir negativo de esa disposición jurídica constitucional. La existencia de partidas secretas corresponde a un régimen bajo el sistema presidencialista, donde la concentración del poder y las facultades unipersonales en la figura del presidente de la Republica permitían imponer sus condiciones, tanto en la toma de decisiones políticas como económicas del país”, dijo en aquella ocasión la legisladora.

La polémica que desató la sospecha del supuesto regreso de la ‘partida secreta’ fue la aprobación del artículo 61 de la Ley Federal de Austeridad Republicana que dice textualmente:

“Los ahorros generados como resultado de la aplicación de dichas medidas (de austeridad) deberán destinarse, en los términos de las disposiciones generales aplicables, a los programas del ejecutor del gasto que los genere. Por cuanto hace al Poder Ejecutivo Federal, dichos ahorros se destinarán a los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo o al destino que por decreto determine el titular”.

Uno de los inconformes con la medida, y quien ya amenazó con ir a tribunales para echar abajo ese apartado de la nueva ley, es el presidente del PAN, Marko Cortés.

Cortés informó que el PAN utilizará todos los recursos legales y recurrirá a todas las instancias para oponerse a la ‘partida secreta’ para el presidente.

“Es muy preocupante que Morena haya utilizado su fuerza bruta, sin escuchar al PAN y otras voces que se opusieron, para aprobar una medida que confiere al presidente la facultad para utilizar el dinero de los recortes a programas sustantivos, mal llamados ahorros del gasto público, a su leal saber y entender, sin rendir cuentas a nadie, como en los tiempos del viejo PRI”, dijo Marko Cortés.

Sin embargo, López Obrador no se quedó callado ante las críticas y rápidamente respondió la ofensiva. Este miércoles pidió que no se le compare con el exmandatario Carlos Salinas.

“Ahora que se acaba de autorizar la Ley de Austeridad, están inconformes. Imagínense, están diciendo que lo que se ahorre lo va a manejar de manera discrecional el presidente y que eso es equivalente a la partida secreta que manejaba (Carlos) Salinas. Les diría ‘no me comparen, más respeto, por favor’“, dijo.

AMLO rechazó que exista esta partida porque “una regla de oro de la democracia es la transparencia” y que esas afirmaciones “sí calientan”.

“No soy Salinas, vamos respetándonos”, agregó.

Este martes López Obrador señaló que ya era una facultad del Presidente el decidir el destino de los ahorros generados por la Ley de Austeridad, pero que transferiría esta tarea a la Secretaría de Hacienda.

Por su parte, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, dijo este miércoles durante la entrevista que sostuvo con el periodista Julio Hernández López del Grupo Radio Centro, que es una total mentira la existencia de una ‘partida secreta’ y en todo caso se trata de  una ‘mala lectura’ de la oposición.

“Hay recursos nuevos en los cuales el presidente va a tener la posibilidad de ver todo el bosque en su conjunto y reencauzar las nuevas economías, los ahorros que surjan de esta nueva disciplina administrativa”, explicó. 

Asimismo,  precisó que los recursos generados por los ahorros estarán estrictamente fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la  Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya instancia será la encargada de transferir los recursos a programas sociales.