El Partido Acción Nacional (PAN) cerró filas en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, pues, fiel a su costumbre, calificaron a su correligionario como un “preso político” y atribuyeron el caso a una supuesta persecución política.
La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, sostuvo que Ruffo, primer gobernador de oposición en la historia del país, es víctima de una “afrenta a la democracia” y aseguró que resulta “inaceptable” que sea encarcelado mientras, afirmó, existe una red de autoridades involucradas en el tráfico ilegal de combustibles.
“Es claro que hoy es un preso político”, afirmó la legisladora.
El dirigente del PAN, Jorge Romero, la diputada Kenia López y el senador Ricardo Anaya. Foto: Camila Ayala / Cuartoscuro
La panista también calificó el caso como una “cortina de humo” y cuestionó la actuación de la jueza que atiende el proceso, al señalar que es una jueza electa en la elección judicial de 2025, según ella mediante la intervención de “acordeones”, por lo que puso en duda la imparcialidad del procedimiento.
López Rabadán aseguró que México debe combatir el narcotráfico y el contrabando de combustibles investigando a quienes actualmente ocupan cargos públicos y no, dijo, encarcelando a un político de oposición, como si los políticos de oposición no pudieran ser responsables de delitos solo por ser de oposición.
Por su parte, el exdirigente nacional del PAN, Luis Felipe Bravo Mena, también salió en defensa de Ruffo Appel, a quien describió como “un hombre bueno” y aseguró que está siendo utilizado como “chivo expiatorio” para supuestamente desviar la atención de la situación política de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.
Bravo Mena afirmó que conoce a Ruffo desde hace cuatro décadas y aseguró que no cree que haya participado en actividades ilícitas, por lo que exigió un juicio justo y acusó que el caso está siendo conducido por un “Poder Judicial faccioso”.
Las declaraciones de los dirigentes panistas se producen después de que la FGR imputó a Ruffo Appel por su presunta participación en una red dedicada al llamado “huachicol fiscal”, investigación que vincula a la empresa Ingemar, de la que el panista es accionista mayoritario, con la importación ilegal de combustible desde Estados Unidos.
Este contrabando se haría, explican las investigaciones, mediante esquemas que ocasionaron un millonario daño al erario. La Fiscalía sostiene que la indagatoria está respaldada por cruces de información del SAT, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y otras dependencias, además de múltiples pruebas obtenidas durante más de un año de investigación.
